La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a cuatro años de prisión por malversación de fondos y a 12 de inhabilitación para cargo o empleo público por prevaricación a Pedro Salguero, gerente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida entre los años 2008 y 2011, cuando presentó su dimisión tras denunciar el PP las irregularidades en las cuentas del certamen. Además, deberá indemnizar a la entidad con una multa de 208.600 euros.

El fallo no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, pero se trata de la segunda sentencia condenatoria para Salguero, a quien ya se impuso una pena de dos años de prisión por desviar 111.700 euros durante su etapa al frente de la Orquesta de Extremadura. Ahora, el tribunal considera probado que no llevó una contabilidad “en forma” del Festival de Mérida; que contrató servicios y empleados sin seguir procedimiento alguno; que abonó salarios por encima de lo estipulado en el convenio y que cargó al Festival compras y gastos “sin justificación alguna”, entre ellos una multa de tráfico de 300 euros y 174 euros en consumiciones de un pub de Mérida. 

El juicio contra Salguero se celebró a finales de abril en el Palacio de Justicia de Mérida. En su declaración, él defendió su inocencia asegurando que sí elaboraba las cuentas del certamen pero que el Consejo Rector no le pedía después los informes. La Fiscalía solicitaba nueve años de prisión e inhabilitación y una multa de 12.000 euros. La Junta de Extremadura y el Patronato del Festival, que están personados como acusación particular en la causa, pedían cinco años de prisión. La portavoz del Gobierno regional, Isabel Gil Rosiña, ha asegurado que la sentencia "se ajusta a todo lo que pedía" la Administración autonómica.

El fallo de la audiencia provincial rebaja las penas de cárcel y le absuelve del delito continuado de ocultación de documentos públicos que alegaba la Junta. El tribunal aplica la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el proceso lleva 10 años en trámite judicial y se ha visto retrasado por la pandemia de covid-19. También han sido absueltos un trabajador del Festival y una empresa que prestó servicios para el certamen.

Hechos probados

 La sentencia corrobora que durante todo el periodo que fue gerente del Consorcio, Salguero no presentó las cuentas anuales para su aprobación por el Consejo Rector, tal y como le obligaban los estatutos. Tampoco presentó las liquidaciones del Impuesto de Sociedades e IVA de los años 2008, 2009 y 2010 ni las retenciones practicadas en las nóminas de los trabajadores, por lo que la Agencia Tributaria levantó varias actas de liquidación que en total ascienden a 605.980,95 euros.

El fallo recoge que Salguero no atendió los “numerosos requerimientos” realizados por la Intervención General de la Junta de Extremadura encaminados a efectuar el control financiero entre los ejercicios 2006 y 2010, y tampoco los de la Agencia Tributaria ya cuando fue nombrado gerente, entre 2008 y 2010. Así, se concluye que el Festival de Mérida “no contó con una contabilidad en forma” que reflejara su situación real contable y económica. A fecha de 27 de febrero de 2012, el certamen tenía una deuda estimada de 3,55 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar los más de 600.000 pendientes del pago de impuestos.

Según la sentencia Salguero suscribió en nombre del Festival distintos contratos sin seguir el procedimiento administrativo. Entre ellos los servicios de asistencia técnica de la 54 edición del certamen por un importe de 601.553 euros, cantidad que se elevó finalmente a 951.231, o la explotación de restaurante y la terraza-bar del Teatro Romano, sin que exista constancia documental de los ingresos obtenidos ni los gastos abonados por tales conceptos.

Asimismo, realizó contrataciones de personal sin seguir el procedimiento selectivo establecido en los estatutos, y fijó y abonó los salarios por encima de los pactados en contrato y lo recogido en el convenio de personal laboral de la Junta de Extremadura. El exceso de retribución a cuatro de estas personas y a él mismo se cifra en 26.899,52 euros.

El exgerente también ordenó o realizó pagos mediante pagarés, cheques o transferencias bancarias a empresas y particulares con cargo a los fondos del Festival sin que se correspondieran a servicios prestados al certamen. En este apartado, la sentencia cita un servicio de transporte de fruta de Mérida a la localidad italiana de Uzzano para la empresa propiedad de su cuñado.

Igualmente, dispuso de múltiples cantidades en efectivo de la caja del Festival “sin ningún tipo de justificación” y que se destinaron, entre otros, al pago de una multa de tráfico de 300 euros o 174 euros en consumiciones de un pub de Mérida. También aparecen cargos de compras efectuadas con tarjeta en Carrefour, El Corte Inglés, numerosos restaurantes, floristerías o librerías. En agosto y noviembre de 2010 adquirió en El Corte Inglés dos ordenadores y tres Ipad por importe total de 3.346 euros que a día de hoy aún no se han localizado.