La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida ha ordenado la apertura de juicio oral contra los siete acusados de la organización agraria UPA-UCE y la propia entidad y declara competente para ello a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Mérida. En un auto del día 27 de abril la jueza decreta la apertura de juicio y da por formulada la acusación contra la organización agraria y siete integrantes de la misma, entre ellos su secretario general en Extremadura, Ignacio Huertas; el secretario de Organización, Maximiano Alcón; además de Miguel Leal (exsecretario de organización), José Cruz (secretario de Acción Sindical) y María Antonia Alcalá (vicesecretaria general); Gervasio Martínez, director del proyecto técnico de las subvenciones; y Juan Manuel Apolo, trabajador considerado el contable de la organización agraria.
En la parte dispositiva el juez considera que habría un delito continuado contra la Hacienda Pública del que serían responsables todos los acusados junto a la organización agraria UPA-UCE, un delito continuado de falsedad documental del que sería responsable el director del proyecto técnico de las subvenciones Gervasio Martínez y un delito continuado de blanqueo de capitales en el caso de los otros seis acusados, además de la organización agraria. También señala un delito de pertenencia a organización criminal para todos los acusados en distinto grado, puesto que otorga a Ignacio Huertas y Maximiano Alcón el papel de coordinadores y a los demás acusados como meros partícipes.
Hay 7 acusados. La Fiscalía pide para Huertas y Alcón 16 años de prisión como máximos responsables
En el auto se ratifica además la libertad provisional de los acusados y se les requiere una fianza de 4,3 millones, la cantidad que la Fiscalía solicitaba en su escrito de acusación en concepto de responsabilidad civil, por el conjunto de las subvenciones que la Consejería de Agricultura aprobó por los asesoramientos prestados y tramitados por la organización agraria en el periodo 2011-2015.
La apertura de juicio es un nuevo paso dentro del proceso abierto a raíz de la Operación Tellus puesta en marcha por la Guardia Civil en el año 2016 por la presunta gestión fraudulenta de las subvenciones destinadas a los agricultores entre los años 2011 y 2015.
El pasado mes de febrero la Fiscalía remitió al juzgado su escrito de acusación en el que considera que la organización agraria UPA-UCE creó un entramado para «apoderarse de la totalidad de las subvenciones comunitarias», con el que gestionó 4.342 expedientes de solicitud por los que se hizo con 4,3 millones que destinó a la propia organización a través de lo que en la investigación se ha calificado como un «carrusel financiero». La Fiscalía solicita 16 años de prisión para Ignacio Huertas y el secretario de Administración, Maximiano Alcón y una multa de 33 millones como máximos responsables de todo ese entramado.
