Son cuatro. La cigüeña negra, el águila imperial, el quebrantahuesos y el lince ibérico. Estas son las principales ‘joyas’ de la fauna extremeña. Así lo determina el valor establecido por la muerte de uno de estos ejemplares en la región: 90.152 euros. Lo recoge un informe sobre la valoración económica de los delitos contra la fauna elaborado por SEO / Birdlife.
Las ‘joyas’ de la biodiversidad son el lince, la cigüeña negra, el quebrantahuesos y el águila imperial
La ONG, sin embargo, considera este valor «insuficiente». Por ejemplo, según sus cálculos, el coste del águila imperial ascendería hasta los 213.971 euros. «No se está valorando adecuadamente el coste de la especie», afirma Marcelino Cardalliaguet, delegado de la organización en Extremadura. «Lo que se pierde cuando un individuo mata a un animal, lo perdemos todos los ciudadanos. Se ha hecho un esfuerzo, un gasto para recuperar esa biodiversidad, que se pierde», añade.
Cardalliaguet se refiere a la inversión que se está haciendo desde las administraciones públicas para recuperar diferentes especies, como por ejemplo el lince ibérico, con diferentes programas y centros de recuperación. «Pedimos que la Junta mire por lo público y no se corte en lo privado», dice.
De hecho, según él mismo, estas cifras se actualizaron a principios de la década de los 2000 para «hacer la conversión en euros» pero «son los números del siglo pasado y muchas de estas especies han empeorado».
«Cuando a una especie le va mal, por el avance de la agricultura, por el cambio climático y la pérdida de su hábitat, no es lógico que valga 600 euros pegarle un tiro», remacha. En esa cifra con un euro más están valoradas especies como el azor, el gavilán, el cernícalo primilla, el aguilucho cenizo y el gato montés.
«Es difícil ponerle un valor porque no tienen mercado», explica Agustín Manzano, fiscal delegado de Medio Ambiente en Badajoz. «Se tiene en cuenta lo invertido en cada especie, lo que vale reponerlos, el coste de los programas. En definitiva, cuánto se gasta en introducirlo», dice. «Aunque estas cifras son un brindis al sol, porque cuando se trata de especies muy valoradas tiene que ser alguien muy solvente para que pueda pagarlo», matiza.
El fiscal ve más disuasorias otras sanciones que acompañan a estas cifras: «Matar a una especie protegida conlleva dos años de prisión, una pena bastante alta en comparación con otros delitos, pero la que más se debería conocer es la de la inhabilitación», destaca. «Se inhabilita para cualquier profesión que tenga relación con el delito. Imagínate lo que supone para un pastor o un ganadero. Si eres cabrero, ¿a qué te vas a dedicar? Recuerdo un caso de hace unos años en el que un apicultor envenenaba a los abejarucos porque se comían a sus abejas, le inhabilitaron, y fue un palo gordo», rememora.
Cabe tener en cuenta que, como apunta Cardalliaguet, primero va el delito penal y después se aplica la multa para la indemnización y, según denuncia, «la administración es un poco lenta». «Nos gustaría que (la imposición de estas sanciones económicas) fuera más rápido y automático. Además, se va por lo penal si matas a un lince ibérico pero, ¿qué pasa si matas a un sisón o una avutarda? ¿Se sancionará finalmente? », lamenta.
Desde SEO/Birdlife recuerdan que para cuidar el planeta uno de los recursos más eficaces es empezar por proteger el propio ecosistema. Las especies que comparten con el ser humano el rico patrimonio natural extremeño lo agradecerán.
Diferencias entre comunidades
Cada comunidad autónoma tiene la potestad para cifrar la indemnización por matar a especies animales.
El fiscal Agustín Manzano insiste en que, desde el punto de vista jurídico el coste «no es uniforme porque no tienen un valor de mercado. No se puede tener un precio fijado, lo que sí se hace es calcular aproximadamente el coste que ha tenido recuperar y reintroducir a la especie dañada concreta», explica.
Es el artículo 149 de la Constitución Española el que deja en manos de las comunidades autónomas la mayor parte de los temas relacionados con el medio ambiente, puesto que no son competencia acotada al Gobierno central. Pero desde SEO/Birdlife se apuesta por una unificación de las sanciones no solo en todo el conjunto de España, sino también de común acuerdo con otros países de la Unión Europea.
Si se comprueba el caso español, las diferencias entre regiones no son menores. Así por ejemplo, si se compara a Extremadura con la Comunidad de Madrid, mientras que en la primera el «coste» de un lince es de 90.152 euros en la segunda lo es de 4.207. Esta diferencia en la valoración se confirma con otro ejemplo: el «precio» del buitre negro en Extremadura es de 60.101 euros y en la región madrileña apenas alcanza los 2.404.
Cabe recordar que estas multas son independientes de la respectiva condena en un posible juicio pero son las que cuantifican la reparación del daño cometido y se aplican a la llamada responsabilidad civil del acusado.
Los condicionantes del baremo
«Se valora el daño causado en la naturaleza y el valor de reposición de ese daño», explican desde la Junta de Extremadura sobre el coste aplicado por matar a distintas especies protegidas en la región. A petición de este periódico, el Ejecutivo extremeño argumenta que de acuerdo a la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y espacios naturales de Extremadura «por causar la muerte de especies vulnerables o de interés especial, como pudiera ser el águila real, el búho real o el milano negro ascendería a 6.000/60.0000 euros por tipificarse como una sanción grave. Cuando la muerte se causara a especies sensibles a la alteración de su hábitat o en peligro de extinción, como el lince ibérico, el águila imperial, el águila perdicera, el milano real o la cigüeña negra, entre otras, la sanción ascendería a 60.000/300.000 euros, por tipificarse como una sanción muy grave».
Se valora, por tanto, la pérdida que ocasiona en términos de biodiversidad y de patrimonio natural «por lo que a mayor grado de catalogación de amenaza, más probabilidades tiene esa especie de desaparecer». El Ejecutivo extremeño toma además como referente los costes de reposición establecidos en las comunidades autónomas limítrofes de Andalucía (Decreto 23/2012) y de Castilla La Mancha (Decreto 67/2008).
