REACCIONES EN EXTREMADURA A LA PROPUESTA DE ICETA PARA REFORMAR LA ADMINISTRACIÓN

Uno de cada tres empleados públicos tiene contrato temporal

Las interinidades en la región llegan al 34%, cuatro puntos por encima de la media. Los sindicatos apuntan a las tasas de reposición y piden negociar soluciones

Funcionarios trabajando en una oficina, en una imagen de archivo.

Funcionarios trabajando en una oficina, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Las reacciones a la propuesta de limitar a tres años los contratos de los funcionarios interinos no se han hecho esperar. En Extremadura son más de 31.700 los empleados públicos con contratos temporales (el 34% del total, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa) y la Junta de Extremadura está estudiando el alcance de la medida para trasladar después su posicionamiento al Gobierno. «Esa propuesta existe y es así. Con lo que no estemos de acuerdo lo diremos, alto y claro», dijo ayer la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña. Por su parte, sindicatos como CSIF ya urgen ir a la negociación para dar la vuelta a lo que consideran «un auténtico despropósito». 

El planteamiento del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta (hasta ahora solo recogido en un borrador ) es que para evitar el estancamiento de la eventualidad, cualquier interino que entre en la Administración y que acumule más de tres años en la misma plaza sea cesado automáticamente.

La primera acción a tomar será la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para obligar a las administraciones a cumplir con las ofertas públicas de empleo que se convoquen. Si no, transcurridos tres años desde el nombramiento se producirá el cese del funcionario interino, sin que pueda cubrirse esa vacante en el plazo de un año.

Esta primera propuesta excluye a los eventuales que ya están ocupando una plaza y no recoge ningún derecho de indemnización para los cesados. Además, como no se podría cubrir esa plaza en el periodo de un año, el trabajo debería ser asumido por las plantillas existentes. 

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estadística, 31.700 de los más de 92.300 funcionarios de Extremadura tienen en estos momentos contratos temporales. Esto supone una tasa del 34,4% para el conjunto de las administraciones, solo superada por País Vasco (41%), Canarias (40%), Cantabria (37%) y Aragón, Baleares y Navarra (36%). Solo en el caso de la Junta de Extremadura, los sindicatos sitúan la tasa de interinidad en el 27%, si bien es superior en Administración General frente a Sanidad y Educación. 

Lo que el ministro plantea a los sindicatos es cortar la continuidad de las nuevas carreras de interinidad para evitar que una persona entre como eventual y se perpetúe en el puesto. El objetivo es dejar la tasa de temporalidad en el 8% en 2022, después del «abuso» de los últimos años al no convocarse los procesos selectivos en tiempo y forma y estar sujetos a las tasas de reposición, que permiten cubrir bajas y jubilaciones (ahora al cien por cien, pero se llegó a fijar en el 10%) sin que esto suponga un aumento real y efectivo de las plantillas. 

Y según CSIF, es la causa del problema: «el ahorro en gastos de personal y las políticas rácanas para cubrir las plazas que se necesitan», explica Benito Román, presidente del sindicato en Extremadura. A juicio de CSIF, la propuesta de Iceta es «un auténtico despropósito» que no dará solución al problema de la temporalidad. «Merma claramente el servicio, culpa a los trabajadores y los pone de patitas en la calle. Pedimos que este documento se retire y que se negocie y consensúe una hoja de ruta clara con soluciones reales. Que se cumpla lo que dice la multitud de sentencias que hay en este sentido y si hay que sancionar, que se sancione pero a la Administración», afirma Román. 

Desde UGT, la secretaria de la Federación de Servicios Púbicos, Maria Ángeles Rodríguez, aboga también por la negociación y recuerda que aún no hay nada cerrado. «Lo que se ha filtrado es un borrador y entendemos que la propuesta de limitar las interinidades a tres años es a futuro y que por tanto, «no afectará a los trabajadores actuales», dice.