Extremadura ofrecerá un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la prestación de ayuda a morir. Es parte de la ley de eutanasia y suicidio asistido aprobada el pasado mes de marzo en España. El portal de transparencia de la Junta publicó ayer una resolución en la que se expone una consulta pública previa en relación con el proyecto de decreto por el que se crea un comisión de garantía y evaluación de la eutanasia de Extremadura, así como el citado registro.

El texto reza así: «La objeción deberá manifestarse anticipadamente y por escrito, para ello las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios en el que se inscribirán las declaraciones de objeción y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información para garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. Este registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal». 

A través de este trámite del portal de transparencia se podrá recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma, y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Así se detalla en el documento que estará accesible a la ciudadanía por un periodo de siete días.

De carácter multidisciplinar

En cuanto a la comisión de garantía y evaluación de la eutanasia, será de carácter multidisciplinar y deberá contar con un número mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico, de enfermería y juristas.

Tendrá naturaleza de órgano administrativo y será creada por el propio gobierno autonómico, el cual será el encargado de determinar su régimen jurídico. 

El papel de esta comisión será, básicamente, decidir sobre las peticiones de los pacientes.

Habría que recordar que la ley de eutanasia y suicidio asistido fue aprobada en el pasado mes de marzo con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. La norma debe entrar en vigor a los tres meses de obtener luz verde, de manera que será a mediados de este mes de junio cuando pueda empezar a aplicarse en Extremadura.