La provincia de Badajoz es un territorio donde cíclicamente se producen sequías. El clima es muy variable, alta concentración de precipitaciones e inundaciones y largos periodos sin lluvias. Un escenario que se agudiza más con el cambio climático.

En este contexto, un plan de emergencia por sequía es una herramienta fundamental. Se trata de una estrategia de anticipación y preparación ante los efectos de la sequía, que establece diferentes fases en función de la cantidad de reservas de agua disponibles y dispara un conjunto de acciones a llevar a cabo en cada uno de esos escenarios.

Un documento que el Consorcio Promedio acaba de elaborar para los sistemas de abastecimiento de Río Alcarrache y Los Molinos, de los que beben más de 80.000 habitantes. Los sistemas de Guadalemar, La Coronada-La Haba-Magacela e Higuera la Real-Fregenal de la Sierra, además de los municipios de Don Benito y Atalaya, serán los próximos en contar con sus propios planes de sequía.

Su elaboración surge de un proceso participativo de alcaldes y alcaldesas, personal técnico municipal y de operadores privados de abastecimiento, así como la colaboración de los representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de la Agencia Estatal de Meteorología y de la Junta de Extremadura. Durante el pasado año, se ha realizado un estudio completo de las demandas de agua de cada población, de los recursos e infraestructuras en uso en la actualidad y de aquellos alternativos que pudieran servir en una hipotética necesidad futura.

Cada plan describe que, durante la etapa de «normalidad», todos los usos están garantizados y las medidas deben orientarse hacia la prevención, la preparación del sistema y la concienciación de la población. 

En la fase de «prealerta», no hay un riesgo importante de desabastecimiento y se garantiza el suministro completo, pero se prevé un cambio que podría suponer un riesgo a medio plazo. En la práctica, los municipios deben intensificar los procedimientos de detección de fugas para reducir consumos e iniciar campañas de sensibilización ciudadana. 

En la fase de «alerta», existe una probabilidad significativa de llegar a una situación de emergencia por riesgo de desabastecimiento por lo que se deben fortalecer las medidas de ahorro sobre usos no prioritarios, como baldeo de calles, el riego de jardines o el cierre de fuentes ornamentales. Es el momento también de pensar en esos recursos no habituales, como antiguos pozos o captaciones alternativas, e informar a la ciudadanía de la situación con un objetivo real de ahorro. 

Por último, en la fase de «emergencia», existe con una probabilidad muy alta de desabastecimiento. Este escenario implica la puesta en marcha de restricciones intensas que se irán implantando de manera gradual a medida que se agrave la situación para alargar el máximo tiempo posible la disponibilidad de agua para los usos esenciales. Se trataría, por ejemplo, de imponer limitaciones al consumo doméstico, prohibir el llenado de piscinas u otras actividades de gran demanda de agua y activar pozos.

En definitiva, estos planes de emergencia son una herramienta esencial para asegurar un derecho humano y para restaurar los ecosistemas acuáticos de pantanos y ríos, en la línea que marca la Organización de Naciones Unidas en este Día Mundial del Medio Ambiente 2021.

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