Es una de las líneas más populares y esperadas cada año. El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó ayer la convocatoria de ayudas para las obras con cargo al Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (Aepsa), que contarán con un presupuesto total de 5,4 millones de euros para el ejercicio 2021. Una cantidad con la que se resolverán 435 expedientes en 358 localidades de la región, según los datos facilitados por la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña. La previsión es contratar a un total de 34.700 desempleados. 

Aunque el importe de las ayudas se fija en 5,4 millones de euros, la cuantía podrá aumentar en función de las disponibilidades presupuestarias. El Ejecutivo destaca la contribución de estas ayudas «al objetivo fundamental de fijación de la población en el medio rural». Las subvenciones son complementarias a las concedidas por el mismo concepto por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que además es la entidad que debe aprobar las obras a realizar.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las entidades locales de Extremadura que sean destinatarias de las ayudas para la contratación de personal trabajador que, por resolución, haya aprobado el SEPE durante el ejercicio 2020 con base en su normativa específica dentro del Aepsa.

La ayuda asignada a cada municipio se destinará a la contratación de los trabajadores, así como a los gastos que se deriven de la adquisición de materiales, incluidos sus portes y embalajes, y otros gastos ocasionados por el empleo de medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra o servicios.

Inversiones para el medio rural

Por lo que respecta al ámbito rural, hay que destacar que el Consejo de Gobierno también autorizó ayer la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento del transporte regular por carretera, con un importe de 925.000 euros. Según explicó Gil Rosiña, estas ayudas consisten en la bonificación del precio del billete o título de transporte a las personas que sean titulares de la tarjeta de transporte subvencionado (tarjeta SATE).

La pueden obtener quienes tengan 60 años de edad cumplidos y los beneficiarios de prestaciones económicas públicas de naturaleza social o asistencial, entre otros colectivos como los vecinos de municipios de menos de 500 habitantes.

Asimismo, el Consejo de Gobierno aprobó los decretos por los que se declara urgente la ocupación de terrenos para llevar a cabo obras de depuración de aguas residuales en las localidades de Castilblanco, Cabeza la Vaca, Higuera de la Serena, Bodonal de la Sierra y Valle de la Serena. El objetivo es facilitar la instalación de nuevas depuradoras, con un presupuesto total de 16,4 millones de euros.

Gil Rosiña subrayó la importancia de estos trabajos, no solo desde la perspectiva ambiental, sino también por la creación de empleo que conllevan.