La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años de prisión para los tres responsables de las obras de rehabilitación de un edificio en el centro de la capital en 2018 por infringir "gravemente" la normativa de protección de los trabajadores al derrumbarse parcialmente el inmueble y provocar la muerte de dos, uno de ellos de Malpartida de Plasencia.
Tras el derrumbe fallecieron dos trabajadores: Agustín Bello, de 42 años y vecino de Parla (Madrid), casado y con dos hijos; y José María Sánchez, de 56 años, casado y con dos hijas, natural del Malpartida de Plasencia (Cáceres). Otro trabajador resultó con heridas de diversa consideración.
El escrito del Ministerio Público acusa a R.R.R., J.M.C.G. y F.J.V.R. de un delito contra la seguridad de los trabajadores, pues los tres responsables de la obra en un edificio residencial en el número 19 de la calle Martínez Campos "crearon una situación de peligro" al no reforzar los muros de carga, lo que motivó un desplome parcial el 22 de mayo de 2018 que causó la muerte de dos trabajadores y lesiones a otro.
La Fiscalía relata que la propietaria del edificio, de ocho plantas, cubierta plana y sin sótanos, era Martínez Residencial. Quería rehabilitar el edificio para reestructurarlo puntualmente, pues ampliaría bajo rasante tres nuevas plantas destinadas a garaje.
Para ello, la promotora se hizo con los servicios de dos de los acusados: F.J.V.R., como director de Ejecución de la Obra, y R.R.R., como responsable de la ejecución del proyecto. Mientras Aldesa Construcciones S.A., la empresa de construcción contratada por la promotora, contó como jefe de obra con el tercer acusado, J.M.C.G.
Como es preceptivo, la obra debía realizarse conforme a un proyecto y el proyectista debía incluir en la memoria si las obras proyectadas incluían actuaciones en la estructura preexistente con el fin de satisfacer las exigencias de seguridad estructural en lo relativo a la capacidad portante del edificio.
En este caso, a pesar de que la memoria contemplaba la necesidad del reforzamiento de los muros de carga, "no se preveía el momento concreto en el que debía ejecutarse tal refuerzo".
En estas circunstancias, según expone la Fiscalía, arrancaron las obras el 30 de marzo de 2018. Dos meses más tarde, el 22 de mayo, se encontraban en la obra 23 trabajadores por cuenta ajena, "desarrollando simultáneamente sus tareas".
El día del accidente
Sobre las 16.45 horas, justo cuando un operario había perforado unos 12 metros para introducir el primero de los cuatro pilotes que debían ejecutarse en la planta tercera del aparcamiento "se produjo el colapso estructural de la parte baja del Patio 3".
Esta situación determinó que cedieran los forjados de la primera planta así como los de las plantas superiores de la misma vertical provocando el derrumbe parcial del edificio, desde la planta séptima hasta la planta baja, además de los forjados que apoyaban en sus fachadas, que eran muros de carga.
Según la Fiscalía, "el accidente se produjo como consecuencia de un fallo de ejecución de obra con grave incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, al actuar sobre los muros de carga del Patio 3 de la planta baja sin que estuviera apuntalado o reforzado dicho patio ni sus proximidades".
El escrito de acusación subraya que dos de los acusados (J.M.C.G. y F.J.V.R.) incumplieron sus obligaciones como máximos responsables del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y vigilancia de las medidas de prevención.
"Sabiendo que los muros del Patio 3 eran elementos estructurales por su condición de muros de carga (...) ordenaron la ejecución de los trabajos de demolición de los muros del Patio 3 del modo en el que se ejecutaron, sin que tal actuación sobre un elemento estructural estuviera prevista en el Proyecto", argumenta la Fiscalía.
Es más, añade que ninguno de los dos ordenó reforzar esos muros ni controlaron las medidas de seguridad adecuadas "para garantizar la estabilidad y resistencia mecánica del elemento estructural afectado", ni tampoco proporcionaron "los equipos o medios apropiados para que el trabajo se realizara de manera segura".
Por su parte, a R.R.R., responsable de la ejecución del proyecto contratado por la promotora, le acusa de haber autorizado verbalmente la modificación del proyecto, "sabiendo que los muros del Patio 3 eran muros de carga", así como de no haber realizado algún ensayo "que permitiera conocer su estado real".
En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía reclama para los tres acusados 161,192 euros para la viuda de José María Sánchez, 79.018 euros para una hija y otros 126.425 euros para la otra, así como 23.704 euros para cada uno de sus cinco hermanos.
Además, para la viuda de Agustín Bello solicita 234.677 euros, para una hija 142.228 euros,94.819 euros para la otra y 23.704 euros para cada uno de los cuatro hermanos.
