Una transformación completa en apenas una década. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el Plan de Energía y Clima 2021-2030, la estrategia con la que la región se suma al Pacto Verde que propugna Europa y la transición energética del Gobierno. Una herramienta para luchar contra el cambio climático y un soporte de recuperación económica y del empleo verde «que está por venir», según explicó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña.
El plan recoge un total de 57 medidas y la Junta estima que su implantación precisará de una movilización mínima de 18.600 millones de euros, la inmensa mayoría (17.487) procedentes de la inversión privada. El impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) será de 4.680 millones de euros, a los que hay que sumar otros 1.239 millones de recaudación para los municipios. La creación de empleo se estima en 79.600 puestos de trabajo.
El objetivo es que Extremadura llegue a 2030 siendo una región «climáticamente neutra» y para ello se plantean medidas tales como reducir un 10% las emisiones de gases contaminantes respecto a los valores registrados en el 2017 y aumentar la capacidad de absorción casi en la misma proporción (9,8%). En definitiva, «se trata de que las emisiones de gases de efecto invernadero sean iguales o inferiores a las absorciones de nuestros sumideros naturales de carbono», según se detalla en el documento.
Al hilo de lo anterior, el segundo gran objetivo que se persigue es que el por cien de la energía eléctrica que se produzca en Extremadura proceda de fuentes renovables en el año 2030 (en 2019 el porcentaje alcanzó el 22%). Para ello, se prevé la instalación de 10.360 nuevos megavatios de energías renovables: 8.000 mw de energía solar, 1.500 de termoeléctrica, 660 de energía eólica, 196 de biomasa y cuatro mw de biogás.
Hoja de ruta
El objetivo del plan, explicó Gil Rosiña, es avanzar en la transición energética de la economía extremeña fundamentando una hoja de ruta política, social y económica. Así, el documento será rubricado el próximo 6 de julio por el jefe del Ejecutivo, Guillermo Fernández Vara, y los agentes económicos y sociales, y también la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, lo presentará en el pleno de la Asamblea.
En lo que se refiere a las demandas finales de energía, en el sector residencial se espera reducir las emisiones de gases en un 23%, con medidas como la rehabilitación de 24.000 viviendas y un «relevante despliegue» del autoconsumo fotovoltaico. En el sector terciario, la Administración Pública, «que debe dar ejemplo», registrará una mejora significativa reduciendo su demanda de energía en un 17%. En el ámbito de la empresa privada, se pretende limitar hasta el 10% el crecimiento de la demanda. Para el transporte, la reducción de energía será de un 10% y también se prevé un descenso de un 10% de emisiones, en parte gracias al despliegue del coche eléctrico con la penetración de 30.000 unidades.
Por lo que respecta a la Agricultura, las medidas a aplicar adquieren una especial importancia, pues se estima un ahorro energético del 16% y una caída del 17% en las emisiones. En este caso, un alto porcentaje de los gases contaminantes no se deben a combustión, sino al metano generado en la ganadería, que suponen casi el 30% del total regional y será «muy difícil de reducir».
