Justo un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ordenara en un auto definitivo derribar parcialmente el complejo Marina Isla de Valdecañas, cuya construcción se amparaba en un PIR (proyecto de interés regional) declarado nulo en 2011 por el TSJEx y en 2014 por el Supremo, la Junta de Extremadura activa los trámites para comenzar la demolición.

El Consejo de Gobierno autorizó ayer un encargo a la empresa pública Tragsatec, que se ocupará de la redacción del proyecto de demolición de las construcciones inacabadas en el recinto, con un presupuesto de 64.945 euros. Se trata de un trámite administrativo previo a la entrada de la maquinaria y equipos necesarios para tirar abajo todo aquello que no está en uso en el complejo de ocio y turístico perteneciente a los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, que es lo que ordena el TSJEx que hay que demoler. A medio construir se quedaron varias villas y el que iba a ser el segundo hotel del complejo situado junto a la playa artificial. Además, el auto del TSJEx ordena también la demolición de las oficinas de la promotora y de la vivienda piloto. La orden judicial no afecta así a las infraestructuras terminadas y en uso: 185 villas, un hotel de 180 habitaciones, un club social, un campo de golf de 18 hoyos y las zonas de baños e instalaciones deportivas, que seguirán en pie. 

 El auto del juez indica también que los trabajos de derribo deben realizarse «de forma ordenada y programada» causando el menor perjuicio posible para el medio ambiente. Además, esas zonas deberán someterse posteriormente a un proceso de regeneración, con el fin de crear un entorno similar a los protegidos en la zona de especial protección de aves (zepa), catalogación del espacio del complejo.

Villas que se quedaron paralizadas tras la nulidad del PIR. FRANCIS VILLEGAS

Según informa la Junta, el encargo realizado a Tragsatec, además de las tareas administrativas, incluirá «trabajos de topografía y levantamientos necesarios para la redacción del proyecto, así como la redacción del documento ambiental correspondiente para todas y cada una de las actuaciones que requieran evaluación ambiental, según la legislación vigente». 

Esta actuación está recogida en el plan de trabajo que la Junta presentó a principios de año al TSJEx y que contempla 51 medidas a realizar en 35 meses. Es además la primera y segunda tarea que plantea el documento. Fija un plazo de cuatro meses para la redacción del proyecto de demolición, otros cuatro meses para la evaluación de impacto ambiental del proyecto y luego comenzaría la contratación de las obras de demolición, que se ejecutaría doce meses después del inicio de los trámites y duraría seis meses, según el plan de trabajo de la Junta de Extremadura.

 Y mientras avanzan los trabajos para cumplir con el último mandato judicial que pesa sobre este complejo cacereño, lo hace también un recurso contra esta decisión del TSJEx presentado ante el Supremo por Ecologistas en Acción. Fue admitido a trámite el pasado mayo y la organización ecologista está formalizando esta semana toda la documentación necesaria. Confían en que el alto tribunal vuelva a fallar a su favor y obligue a su demolición total. En cualquier caso, considera que no hay impedimentos para que la Junta comience a tramitar la demolición parcial.