«La sentencia es un nuevo castigo para ella»

La resolución se refiere al caso de Sara B. B., una madre extremeña que denunció que lleva dos años sin ver a sus hijas después de un periplo en los tribunales. Ahora la justicia le ha vuelto a dar la razón a su expareja. No obstante, podrá tener contacto con las menores y verlas en puntos de encuentro vigilados.

El escrito, de 32 páginas, recoge: «El conflicto interparental continúa polarizado sin evidenciarse posibilidades a corto plazo de recuperar un diálogo suficiente que permita una atención compartida de la crianza. Por el contrario, se siguen detectando indicios de entidad de un posicionamiento rígido y de nula apertura en la progenitora, con perseverancia en la judicialización como única vía». 

Se usa igualmente en el informe las conclusiones de una psicóloga que rezan así: «En la conducta de Sara hay impedimento a la relación del padre con sus hijas obviando de manera inflexible el derecho de las menores a relacionarse por igual con los progenitores».

Desde abril de 2019, es el progenitor quien tiene a las dos niñas: «Forma un núcleo de convivencia familiar estable, integrado en el ámbito familiar paterno y en el entorno escolar de las menores, obteniendo las niñas excelentes resultados académicos».

«Sustracción»

Recuerda también la sentencia que Sara «ha sido recientemente condenada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Badajoz, por la comisión de dos delitos consumados de sustracción de menores en su modalidad de retención».

«Es de tener en cuenta, además, --prosigue el texto-- que las causas penales en las que figuraba como investigado [el progenitor] han sido sobreseídas, particularmente el proceso seguido por la presunta comisión de delito de abusos sexuales sobre una de las menores». Y añade: «Es la persona que asume las tareas domésticas, como el cuidado y educación de sus hijas, apoyado secundariamente por sus padres y entorno familiar».

De este modo, el juzgado da la guardia y custodia al progenitor y se establece para la progenitora un régimen de comunicación y visitas de forma progresiva y supervisada a través del Punto de Encuentro Familiar de Mérida.

El citado régimen funciona de la siguiente manera: durante un período de seis meses, las visitas se desarrollarán durante los domingos, antes o después, de la visita de los abuelos maternos, que será de 18.00 a 19.00 horas, a determinar según criterio de los profesionales.

Superado este período de seis meses, «y siempre que en virtud de los informes de los profesionales responsables lo aconsejen», se pasará a un régimen de visitas de dos días por semana, que se planificará en la forma y período «que aconsejen los profesionales responsables».

Si durante ese período de seis meses, «el desarrollo de las visitas presenciales no fuere satisfactorio y así se haga constar en los informes de los profesionales responsables, se suspenderán y se pasará a visitas telemáticas por el período y frecuencia que aconsejen estos informes. Si la evolución fuera positiva y así se haga constar por los profesionales, se reanudarán las visitas presenciales», explica la sentencia.

La otra cara de la moneda

Así está escrito por los tribunales. Pero hay otra interpretación del veredicto. La hacen desde la asociación Mujeres Libres, Mujeres en Paz, que pusieron en marcha la campaña de apoyo ‘Mamá está castigada’ porque consideran que el trato recibido por esta madre está lejos de ser justo. «La justicia extremeña ha entregado la guarda y custodia de las menores a su expareja mediante una sentencia que reproduce de forma encubierta los argumentos del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y que incurre en graves contradicciones sobre el bien superior de las niñas», subrayan.

Como contexto, una de las reformas que incluye la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, es la prohibición de ese falso SAP. ¿En qué consiste? Básicamente, en acusar a la madre de poner a los hijos en contra de su padre. 

«El documento recoge también que Sara no sería idónea para recibir la guarda y custodia por, presuntamente (no hay sentencia firme sobre ello), ‘haber privado deliberadamente de la figura paterna durante un año y ocho meses a sus hijas, siendo vital para un apego seguro’. Asesorada por profesionales médicos, psicólogos y psiquiatras, Sara interrumpió las visitas de su hija mayor cuando esta empezó a verbalizar que sufría abusos. Lo hizo para protegerla», continúan desde Mujeres Libres, Mujeres en Paz.

Y concluyen: «Después de dos años sin verlas ni hablar con ellas, el tribunal ha fijado un régimen de visitas muy limitadas en un punto de encuentro, algo que de ningún modo repara el daño causado a las niñas y a su madre. Es un nuevo castigo para Sara».