El equipo de atestados de la Policía Judicial de Tráfico acudió a un accidente en la intersección entre la avenida Luis Movilla y la carretera de Olivenza, en Badajoz. Allí comprobó que estaban implicados una furgoneta y un turismo, y que había únicamente daños materiales. La sorpresa llegó cuando uno de los conductores, no solo dio positivo en alcoholemia, sino que además tenía retirado el permiso de conducir por sentencia judicial y el turismo que conducía, un Opel Corsa, carecía de seguro obligatorio. Ocurrió una noche de finales de abril del 2019 y es uno de los cerca de setecientos accidentes registrados en la comunidad autónoma a lo largo de los últimos cinco años (de 2016 a 2020) en los que han estado implicados automóviles que circulaban sin tener en vigor el seguro de responsabilidad civil.
En este tipo de accidentes, como en el caso de aquellos causados por vehículos desconocidos o robados, es el Consorcio de Compensación de Seguros el encargado de indemnizar por los daños y lesiones. Esta entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, actúa entonces como la aseguradora de estos conductores, a los que luego puede reclamarles las cantidades desembolsadas. En este sentido, los 694 percances registrados en este lustro han obligado a este organismo a un pago total que roza los seis millones de euros. En el conjunto del país, han sido 44.159 los accidentes contabilizados que han llevado a un gasto de 178,8 millones de euros.
Alrededor de un 8% del parque de vehículos español no cuenta con aseguramiento, de acuerdo a un reciente estudio de la compañía Línea Directa, lo que significa una cifra de 2,65 millones de automóviles. Sus conductores, si les pillan, se enfrentan a multas de entre 601 y 3.005 euros, importe que varía en función de factores como el daño ocasionado, si se circula o no, el tiempo que acumulan sin asegurar o la reiteración en esta conducta. Cada año se registran casi 130.000 sanciones por esta infracción, más que por drogas y alcoholemia juntos, se destaca en el mencionado informe.
En el conjunto del país, han sido 44.159 accidentes con 178,8 millones de coste
Multas aparte, en caso de accidente de tráfico estos conductores se arriesgan a tener que sufragar todos los daños materiales y corporales causados, montantes que en ocasiones pueden llegar a alcanzar decenas de miles de euros. En los siniestros con estos vehículos ‘zombies’ las probabilidades de que se produzcan lesiones se multiplican por 2,4 y se duplica el coste medio de los daños ocasionados a terceras personas.
En el ‘ranking’ autonómico, Extremadura queda en la novena posición por volumen de las indemnizaciones y en la décimo segunda teniendo en cuenta la cifra de accidentes. Por provincias, la de Badajoz destaca con unos números claramente superiores a la de Cáceres. En 2015 y 2016 llegó a colocarse entre las cinco con mayores importes del país.
En estos cinco años ha sido Andalucía la comunidad con más partes emitidos que han acabado siendo abonados por el Consorcio, con casi 11.000 por 48,9 millones; le siguen Cataluña (7.281 por valor de 30,9 millones), Madrid (casi 5.200 accidentes por 13,8 millones) y Comunidad Valenciana (más de 4.500 partes por casi 16 millones).
Alrededor de un 8% del parque de vehículos español no cuenta con aseguramiento
Entre 2019 y 2020, tanto la cifra de siniestros como la cuantía de las indemnizaciones se desplomaron. La primera lo hizo alrededor de un 50% ( de 154 a 107 expedientes) y la segunda quedó por debajo de la mitad (de 480.034 a 205.556 euros), evoluciones que estuvieron motivadas por las restricciones a la movilidad que impuso la pandemia, con descensos de los desplazamientos por carretera del 25% en el conjunto del ejercicio, y que llegaron a superar el 90% en los de vehículos ligeros durante el confinamiento. No obstante, antes de 2020 la tendencia ya era de bajada, especialmente clara en el caso de las compensaciones, que en el 2016 habían superado los 2,5 millones de euros.
En cuanto a la siniestralidad de vehículos desconocidos en la región, entre 2016 y 2020 fue el origen de 61 partes con unas indemnizaciones totales de 331.253 euros. En estos siniestros con automóviles que se dan a la fuga es Castilla y León la comunidad que lidera la tabla del Consorcio en número de partes, con 2.190 en este quinquenio, por encima de Andalucía (1.731), si bien son los percances con coches fugados acaecidos en las carreteras andaluzas los que acarrearon un mayor coste al Estado, con 25,5 millones, seguidos de los registrados en Cataluña (20,1 millones), Madrid (9,7) y Comunidad Valenciana (7,8).
