Junta y organizaciones agrarias ven margen para que Extremadura mantenga la región tabaquera en la reorganización que se plantea en el plan estratégico que hoy tratará de definir el Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas en una conferencia sectorial monográfica para tratar la Política Agraria Comunitaria (PAC) y en concreto el acuerdo marco que se alcanzó el mes pasado para el periodo 2023-2027. Es poco probable que el acuerdo pueda quedar ya cerrado, pero por las reuniones previas que se han mantenido ya (además de las bilaterales otra más a nivel técnico la semana a pasada) y la garantía de que la reducción planteada retendrá 20 regiones de la 50 actuales, administración y productores entienden que las circunstancias de ese cultivo y su impacto socioeconómico en la zona norte de la región, conseguirán finalmente retener la región actual y las ayudas asociadas que permiten hacer viable el cultivo.
Desde la Consejería de Agricultura consideran que «se puede llegar a un buen acuerdo para este sector». Por un lado ven que «hay margen para conseguir la comarca de la Vera, por tema indudablemente socioeconómico» y por otro también entienden que las mejoras que consigue esta PAC por «el incremento del apoyo a los jóvenes, a las mujeres y el pago redistributivo serán herramientas muy útiles para este sector», apuntan desde la consejería.
Para Apag-Asaja hay un «mal punto de partida » y UPA pide límites «reales y por explotación» en las ayudas
Desde las principales organizaciones agrarias también confían en la posibilidad de un acuerdo que aun así no dan por hecho. «Parece ser que se quedan 20 de las 50 regiones y una puede ser la del tabaco, pero hasta que no tengamos la configuración completa de cómo quedan esas regiones es difícil lanzarse a hacer una valoración», apunta el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri.
Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, apela al compromiso que el Ministerio de Agricultura trasladó ya en su día aunque pide «que los compromisos se vean reflejados en un acuerdo real, que afecta a un cultivo extremeño que representa a un sector relevante a nivel nacional. El acuerdo debe permitir seguir produciendo y generando riqueza en la zona».
Discrepancias
Extremadura prevé acudir a la reunión no solo con el planteamiento de salvar las ayudas a un sector que vive una encrucijada sobre su futuro desde que se puso sobre la mesa la supresión de regiones, tras años perdiendo ayudas. «Es preciso una buena regionalización basada en criterios agronómicos y en la potencialidad productiva de las distintas regiones», subrayan en la consejería. Para eso plantean diferenciarlas por sistemas de explotación (pastos permanentes, tierras arables...) y teniendo en cuenta la relevancia de determinados cultivos en el desarrollo de la comarca «como ocurre en Extremadura con el regadío de La Vera, Don Benito-Villanueva, Miajadas, Mérida o Vegas Bajas.
Para la Junta el acuerdo alcanzado en Europa logró equilibrar la ambición ambiental y la sostenibilidad económica, aunque considera que hay margen para «simplificar los ecoesquemas» para que sean «un pago incentivador» y propone elevar al 30% (la propuesta que ha trascendido del ministerio es del 25%) los ingresos que deben proceder del campo para hablar de ‘agricultor activo’, pero no para los que no superen los 5.000 euros en ayudas «para no excluir a los agricultores a tiempo parcial».
Sobre las ayudas asociadas (las ligadas a la producción), otro de los puntos conflictivos, plantean subidas en sectores como la ganadería extensiva, el tomate para transformación o el arroz.
Apag Extremadura Asaja ve pocas opciones de mejora en la situación del campo en es plan estratégico tras una PAC que miran «con decepción, porque confirma el recorte, que será de 6.000 millones en España para el periodo completo». «No se simplifica más y se confirma el endurecimiento medioambiental con las distintas estrategias, por lo que las perspectivas son poco halagüeñas, o más bien realistas, pero esperamos que se use el sentido común», apunta Metidieri.
Huertas confía en que la negociación apueste por una convergencia gradual y que la regionalización (más allá del caso del tabaco) tenga en cuenta la situación de otros estratos. Plantea límites «reales y por explotación» en las ayudas y que se simplifique a burocracia de los ecoesquemas, uno de los puntos que más preocupan. «Tanto el secano como el regadío ya trabajan de forma sostenible. Ahora no puede ser que los agricultores se queden sin una ayuda que estaba ya englobada en el pago básico», reivindica. Sobre las ayudas asociadas plantea incluir al olivar tradicional «para diferenciarlo» del superintensivo y garantizar su futuro.
