La Asamblea de Extremadura ha dado luz verde este jueves al decreto ley que regula las ayudas directas a autónomos y empresas que aprobó destinar el Gobierno para Extremadura y cuyo importe roza los 106,5 millones de euros, gracias a la mayoría absoluta del PSOE, único partido que lo ha apoyado.
Entre las justificaciones que los grupos de la oposición han dado para su rechazo figura el que la Junta haya aprovechado para introducir en el mismo un capítulo por el que se cambia la composición de los plenarios de las cámaras de comercio, dando más representación a la Confederación Regional de Empresarios (Creex), que llegará a las próximas elecciones camerales "dopada".
Los portavoces de Unidas por Extremadura, Álvaro Jaén, y de Ciudadanos, David Salazar, han calificado este cambio de "pago de favores y de servicios prestados" a la patronal en pro de la paz social mientras que el portavoz del PP, Hipólito Pacheco, ha aventurado que esta cuestión hará que este decreto "termine en los tribunales".
La oposición también han coincidido en que el decreto penaliza a los autónomos "cumplidores" con sus deudas a los proveedores, y el portavoz popular ha calificado de "miseria" que de los 7.000 millones de euros que el Gobierno ha destinado Extremadura solo recibe 106 millones.
Por su parte, el portavoz socialista, Rafael Lemus, ha criticado que pese a que el decreto pone a disposición de autónomos y empresas 106 millones de euros, la oposición haya ceñido sus críticas a una "cuestión técnica" y ha alabado el trabajo de patronal y sindicatos en la recuperación, frente a lo hecho por partidos como el PP, "que siempre ha rechazado la mano tendida del presidente de la Junta".
Según ha recordado el consejero de Economía, Rafael España, el objetivo de estas ayudas es la recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables por disponer de un plan a medio plazo factible y un modelo de negocio idóneo.
Las ayudas se están presentando desde el día 1 de julio, el plazo estará abierto hasta el día 21 de este mismo mes y todas las ayudas deberán estar resueltas antes del 31 de diciembre de 2021 y "en estos momentos, trabajamos para que así sea".
Estas ayudas de concesión directa pueden alcanzar hasta un máximo de 3.000 euros, en el caso de aplicación del régimen de estimación objetiva en el IRPF en 2019 o 2020, o en el resto de casos, cuando el volumen de operaciones anual haya caído más del 30% entre 2019 y 2020, irá desde un mínimo de 4.000 euros hasta un máximo de 200.000.
Estas ayudas, de carácter finalista, se destinan a satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos en que hayan incurrido las personas trabajadoras autónomas y empresas que puedan optar a las ayudas.
Se primará la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando estas deudas se hayan devengado a partir del 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
Las condiciones
Para obtener la condición de beneficiarios, las empresas, autónomos y profesionales deberán acreditar haber sufrido en el año 2020 una disminución de más de un 30 % en el volumen de operaciones en comparación con el volumen de operaciones de 2019, o bien haber aplicado el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los ejercicios 2019 o 2020.
En cuanto al procedimiento de tramitación de estas ayudas, se ha optado por el régimen de concesión directa y sin convocatoria, dado que las ayudas se otorgan por la mera concurrencia en los solicitantes de los requisitos establecidos en el articulado para obtener la condición de beneficiarias hasta que se agoten los recursos destinados a este fin.
Por otra parte, esta nueva norma contiene la modificación del decreto-ley 9/2020 por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural para afrontar los efectos negativos de la covid-19.
En este sentido, se modifican los capítulos I y II, dedicados, respectivamente, a la subvención a la Sociedad de Garantía Recíproca de Avales y al establecimiento de un programa de ayudas para facilitar el acceso a la liquidez para autónomos y pymes para afrontar los efectos económicos negativos.
