«Doble moral». Ese es el calificativo para las políticas agrarias de la Unión Europea que usa Juan Moreno, coordinador de COAG en Extremadura. Es esta la organización agraria que, junto a la ONG Mundobat, ha puesto de relieve la enésima amenaza que se cierne sobre el campo español y extremeño: la explotación de tierra fértil en el Sáhara Occidental para crear una huerta de alrededor de 5.000 hectáreas y cuyos productos entrarían al continente europeo en competencia directa con los propios.

Frutas y hortalizas saharauis que se empaquetan como «producto marroquí» y cuya estrella es el tomate. Así lo señala el informe 'Derechos humanos y empresas transnacionales en el Sáhara Occidental'. Competencia directa con la huerta del levante y una potencial amenaza para Extremadura, primera productora del tomate español para la industria. «Ahora están centrados en el tomate fresco y aquí de momento sólo tenemos pequeños huertos pero, ¿quién dice que no cambien al tomate en polvo (para industria) el año que viene?», apunta Moreno. «Murcia hace unos años era la mayor productora de tomate concentrado (para la industria) y ahora produce fresco. Los cultivos van cambiando cada año», añade.

Competencia desleal

Para el coordinador de COAG, lo más sangrante es la competencia desleal que estos productos, que entran gracias al acuerdo de libre comercio suscrito entre la UE y Marruecos, suponen: «A nosotros la Unión Europea nos pone una serie de requisitos sanitarios, por ejemplo con el uso de los fitosanitarios, que los otros no tienen. No hablemos ya del uso de la mano de obra. Al Sáhara se llevan trabajadores marroquíes para que no hablen», denuncia.

Sólo en el sector del tomate Extremadura cuenta con 1.500 productores, que desde principalmente las Vegas del Guadiana y el Valle del Alagón surten del 67% del tomate español para la industria, con 2,16 millones de toneladas contratadas en 2021 para un total de 23.892 hectáreas, según datos de la Mesa del Tomate. Una producción que lleva aparejada toda una industria de transformación que encabeza la exportación agroalimentaria de la región. Por otro lado, la importación de frutas y hortalizas marroquíes en España ha crecido un 40% en los últimos años, según datos de Cohexphal, la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería. El tomate es el cultivo estrella, pero también se importan otros como calabacines, sandías, frutos rojos, aceite de oliva o frutas de hueso.

Trabajadoras en una industria del tomate EL PERIÓDICO

No son pocos los intereses económicos que rodean a este proyecto. En él están implicados cinco grandes grupos empresariales, en los que tienen participaciones tanto el rey marroquí Mohamed VI como su ministro de Agricultura. «Nosotros no sabemos a qué agua le bailan los políticos europeos porque por un lado lanzan campañas para el consumo de cercanía y por otro firman acuerdos con terceros países para que importemos productos que vienen de miles de kilómetros», dice Moreno. «Entonces, sobre la producción agraria y ganadera en general, tenemos que decir que la UE está legislando para los grandes fondos de inversión y las multinacionales alimentarias», lamenta. «Y esto no sólo perjudica al campo, sino a los propios ciudadanos», señala.

La controversia no está sólo motivada por el perjuicio puramente económico para los agricultores españoles, sino que también esconde una trampa política: la del uso de los recursos por parte del reino alauí de la colonia más antigua de África.

«Trampa»

«Marruecos hace trampa». Es la otra arista que exponen COAG y Mundobat en su informe. «Todo esto se está haciendo saltándose todas las leyes internacionales y resoluciones de la ONU. Marruecos se aprovecha de una zona rica en agua del Sáhara Occidental y luego lo exporta con la etiqueta de producto marroquí», expone Moreno.

El trayecto comienza en la ciudad de Dajla, la antigua Villa Cisneros --capital del territorio del Río de Oro, una de las dos zonas en las que se dividía el Sáhara español--. Allí llegan los camiones que transportan en contenedores frigoríficos los productos 1.000 kilómetros hacia el norte, hasta la urbe ya marroquí de Agadir, donde se etiquetan como «origen Marruecos». Esto conlleva además un problema añadido para los consumidores, ya que se mezclan con otros productos locales y se pierde la trazabilidad de los mismos, lo que supone un riesgo para la seguridad alimentaria.

«Es muy difícil el control», confirma Cristina Ovejero, presidenta de la Federación Sáhara Extremadura (Fedesaex). «No es sólo una cuestión legal y económica, también tiene una dimensión ética y humanitaria ante el expolio al pueblo saharaui», señala. «Se da la paradoja de que el Sáhara Occidental recibe ayuda humanitaria de los gobiernos mientras las empresas explotan sus recursos», dice.

Para Ovejero, el gobierno español no asume su «responsabilidad» y ha tomado una posición de «silencio». «Hay países, como Francia, que apoyan abiertamente estos proyectos mientras que otros como Suecia o Noruega están advirtiendo a sus empresas para que no se involucren. Para nosotros, esa es la posición valiente que se debe tomar», dice.

A modo conciliatorio, el Servicio de Acción Exterior Europeo realizó una consulta en el territorio sobre la conveniencia de las explotaciones agrícolas en la que ganó el apoyo a las mismas. Sin embargo, el Frente Polisario denunció ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) esta consulta por considerar que no fue equilibrada ni transparente y el tribunal aún no se ha pronunciado al respecto. El propio TJUE ya sentenció en 2016 que el acuerdo comercial agrícola y pesquero entre Marruecos y la UE no debía incluir al Sáhara Occidental al no ser parte del territorio marroquí.

«Es muy difícil rastrear de dónde proceden los productos que vienen de Marruecos. La Comisión Europea en cierto modo se apoya en que hay cierto beneficio para el territorio pero la realidad es que en estas industrias quienes trabajan son los colonos marroquíes mientras que el pueblo saharaui sigue sufriendo la represión y el exilio», denuncia Ovejero.

La extremeña pone como ejemplo la agresión sufrida por la activista saharaui Sultana Khaja esta misma semana, cuando «tras 250 días encerrada en su casa, ha sido apaleada al salir». «Marruecos sigue con sus continuos atropellos y represión mientras que se beneficia junto a las empresas de los recursos saharauis», remarca.

Mientras, el país alauíta continúa con su política de hechos consumados en la colonia. Una política que cada vez toca más de cerca al sector primario extremeño y español. Y todo ello, casi que comienza en nuestra mesa. 

La colonia eterna

Una España con el dictador agonizando. La Marcha Verde de Marruecos. La ocupación en 1975. El conflicto y el limbo de una población exiliada y refugiada desde hace casi 50 años. La historia no es nueva. Y la solución nunca llega.

España sigue siendo responsable de la situación, ya que no ha descolonizado correctamente el territorio del Sáhara Occidental de acuerdo a los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que aún es su Potencia Administradora de iure. Marruecos por su parte considera el Sáhara como una región más de su territorio y sólo está dispuesta a ofrecer una cierta autonomía, opción que el Frente Polisario saharaui rechaza de plano.

La ambición del reino alauita por este y otros territorios responde en buena medida al ‘Gran Marruecos’, un término poco conocido en España pero muy presente en los vecinos del Sur, en su nacionalismo y en el Partido Istiqlal, fuerza con presencia en sus sucesivos gobiernos.

Así, esta tesis expone que el territorio marroquí no sólo se limita a sus fronteras actuales sino que también abarcarían el Sáhara Occidental, Mauritania, el norte de Mali y el oeste de Argelia. Se basa en «razones históricas, religiosas y políticas». Lo que se presenta como un proyecto nacionalista común desde Marruecos es visto desde estos territorios como un nuevo colonialismo.  


Un trabajador en un invernadero EFE

Explotación de recursos

ARENA: Si se piensa en el Sáhara, la primera imagen que viene a la cabeza es la de la arena. Un recurso que Marruecos explota para producir cemento y también para vender a las playas españolas. Pero no es el manto del desierto la única riqueza que guarda el territorio.

PESCA: Las aguas que bañan la colonia poseen uno de los caladeros más ricos del Atlántico. De «desenfrenada» califica Western Sahara Resource Watch la pesca en esta costa, que también ha sido denunciada por Greenpeace, que exige a la UE «que se pueda garantizar que los recursos pesqueros se gestionen de manera sostenible y que la pesca tenga en cuenta los deseos y los beneficios de la población autóctona del territorio».

FOSFATOS: El Sáhara Occidental tiene algunas de las reservas de fosfatos de más calidad del mundo, según Western Sahara Resource Watch. El territorio tiene una producción estimada de 2,4 millones de toneladas al año, de acuerdo a los datos que maneja la organización, que también ha denunciado las peligrosas y nocivas condiciones de trabajo para los obreros por los subproductos ante los que están expuestos. El fosfato es un mineral escaso pero esencial para producir los fertilizantes que se usan para los cultivos.

PETRÓLEO Y GAS: Marruecos otorga licencia a compañías energéticas para que realicen prospecciones petrolíferas y gasísticas en el territorio saharaui, lo que viola los principios del derecho internacional en relación a las actividades de recursos minerales en territorios no autónomos.