La ludopatía es considerada una alteración progresiva del comportamiento por la que un individuo siente una incontrolable necesidad de jugar. Y es que cuando el juego se convierte en adicción genera un trastorno en la persona que afecta de forma negativa a su vida personal, familiar, laboral, social y económica. Con la finalidad de potenciar la protección de las personas que presentan esta problemática y de sus familiares, el Ministerio de Consumo y las comunidades autónomas han acordado compartir la información de los registros de interdicciones de acceso al juego, unas bases de datos en las que están inscritos quienes de forma voluntaria han optado por autoexcluirse tanto del juego presencial como online.

El Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) muestra los datos de personas que se autoexcluyen del juego online en el ámbito estatal, pero no existe una conexión con los registros de las comunidades autónomas sobre el juego presencial. En la práctica, esto supone que quien esté inscrito en el registro estatal no podrá jugar online, pero sí podrá acceder a los establecimientos físicos, que son competencia autonómica, salvo que su normativa lo impida. Asimismo, una persona que se haya inscrito en el registro de su comunidad no podrá acceder a un local de juego en su región, sin embargo, sí podrá hacerlo en otra. Cuando se avance en la interconexión, los registros de interdicciones se comunicarán como una única base de datos. La inscripción en el registro autonómico se puede realizar en el portal tributario del Gobierno regional.

Según informan a este diario desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la región tiene a unas 1.320 personas inscritas en su registro de interdicción de acceso al juego. Por su parte, el estatal creció un 12,02% en el año 2020 hasta alcanzar 56.329 inscritos, 6.042 más que en la anualidad anterior. Cabe indicar que el Ejecutivo autonómico considera «importante» la adopción de este acuerdo para «proteger a personas y familias de los problemas derivados del juego». De hecho, ya en el Consejo de Política del Juego, celebrado en septiembre de 2020, Extremadura, a través del director general de Tributos, Francisco Javier García, se mostró partidaria de avanzar en esta materia, con el fin de «elaborar una propuesta de aproximación conjunta sobre el modelo técnico y normativo para así otorgar una mayor eficacia». 

Las sanciones

El presidente de la Asociación Extremeña de Jugadores Rehabilitados (Aexjer), Antonio Regalado, sostiene que la decisión de compartir la información de los dos registros es positiva; sin embargo, advierte de que en la práctica hay establecimientos de juego que no impiden la entrada a quien ha decidido autoexcluirse. «Hace poco hemos tenido un problema con un par de chicos que han acudido a una casa de apuestas porque tenían un mal día, no les han pedido la documentación pese a estar inscritos en el registro, y han entrado. El trabajo de varios años se puede perder en un minuto por dejar entrar a una persona que no debería», explica.

En este punto, destacar que según lo recogido en el decreto-ley 1/2019, de 5 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del juego responsable en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se considera una sanción grave permitir la práctica de juego o el acceso a los establecimientos de juego y apuestas, a las personas que lo tengan prohibido en virtud de esta ley. En caso de incurrir en una sanción tipificada como grave, la persona física o jurídica puede enfrentarse a una multa de entre 6.001 y 600.000 euros; a la suspensión de la autorización y cierre del local por un plazo de hasta cinco años;a la revocación de la autorización y cierre definitivo del local, así como a la inhabilitación para ser titular de la autorización por plazo máximo de cinco años para actividades de juego.

El perfil del adicto

Con respecto al perfil de las personas que tienen problemas con el juego, Regalado destaca que la edad ha bajado mucho: «Cada vez son más jóvenes, en la asociación incluso tenemos varios chicos de 19 años». En relación al sexo, el presidente indica que habitualmente suelen ser los hombres los que más se ven afectados por este comportamiento adictivo. Este colectivo se puso en marcha en el año 1991 en la región con la finalidad de facilitar programas de tratamiento a las personas adictas a los juegos de azar, intentando prevenir y ayudar a los jugadores patológicos, así como a sus familiares. 

En la actualidad, unas 30 personas acuden a las terapias, tanto grupales como individuales. «Para que una persona consiga rehabilitarse tiene que acudir voluntariamente y ser consciente de que si se quiere rehabilitar hay que seguir unas normas y unos pasos. Al final, sí se puede salir de la adicción al juego», subraya Regalado.