LA JUNTA RECIBE 22 MILLONES DE EUROS DEL ESTADO PARA EL PLAN DE CHOQUE DE LA DEPENDENCIA

La región reduce en 715 las personas pendientes del reconocimiento de dependencia

Entre abril y junio, las resoluciones de grado se han incrementado en 1.101 personas. El 99% de las prestaciones recibidas han sido en forma de servicios públicos

Un persona mayor dependiente pasea en silla de ruedas con sus familiares.

Un persona mayor dependiente pasea en silla de ruedas con sus familiares. / EL PERIÓDICO

El Plan de Choque de la Dependencia ha permitido reducir en 715 las personas que están pendientes de reconocimiento de grado entre los meses de abril y junio, al tiempo que las resoluciones de grado se han incrementado 1.101 personas. En este periodo también se ha incrementado el reconocimiento del grado a 896 personas y 1.005 beneficiarios pendientes de recibir prestaciones las han recibido, el 99% de ellos en forma de servicios públicos, que es hacia donde se quiere que evolucione el sistema de atención a la dependencia.

Estos datos los ha dado a conocer el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha destacado que la idea es que "las prestaciones económicas sean las mínimas imprescindibles y que podamos ofertarle a las personas una cartera de servicios muy importante". Cabe destacar que el plan de choque 2021-23 se aprobó en enero por parte del Gobierno central y las comunidades autónomas, con un importe global de 600 millones recogidos en los presupuestos generales del Estado, de los que 20 corresponden a Extremadura y se recibieron en abril.

Entre sus objetivos, el consejero ha señalado que están los generales del Estado, como la realización de una evaluación completa del sistema de atención a la dependencia o el aumento de las cuotas del nivel mínimo que recibe una persona dependiente. Así, con una resolución de grado 3 pasa de percibir 177,86 euros a los 235 euros, lo que supone un incremento del 23,6%. También se va a modificar las acreditaciones de los centros y servicios del sistema de atención a la dependencia para dar respuesta a los nuevos perfiles profesionales.

En esta línea, el plan incluye a su vez la mejora de las prestaciones, con la evaluación del grado de dependencia hasta los seis años, y se regulará la figura del asistente personal, además de los servicios de teleasistencia, que pasarán a ser “un derecho subjetivo” desde 2022. Reducir las listas de espera será un objetivo "primordial a nivel regional”, para lo cual se apostará por la simplificación administrativa con una única visita del equipo de valoración, ya que esto permitirá acortar los tiempos.

En el ámbito regional, Vergeles ha explicado que con esos 20 millones recibidos en abril, se están mejorado los aplicativos del Sepad (sistemas de información, entre ellos el catálogo de servicios), el de tramitación telemática de solicitudes y el de pago de las prestaciones económicos o asignación de servicios para que "puedan estar interoperables”. También se han incrementado las recursos tecnológicos del Sepad, la movilidad de los equipos de valoración con la incorporación de 12 vehículos y se pretende que “la prestación económica no esté vinculada a un servicio determinado, sino que sea general”.

Las plazas residenciales se incrementarán en 2021 debido a que se van a concertar 650 más, 450 por la financiación extraordinaria del Estado, y 200 que se recuperarán de los planes de contingencia como consecuencia de la pandemia. Por su parte, las plazas de los centros de día aumentarán entre 200 y 300 durante la presente anualidad, mientras que los servicios de promoción de la autonomía en los domicilios, en 500 más. Por último, indicar que también habrá un incremento de 1.400 prestaciones de teleasistencia.