En la primera mitad de este año la recaudación en concepto de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) en Extremadura cubre ya un 86% de todo lo obtenido en 2020. De acuerdo a los datos facilitados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública extremeña, hasta el 30 de junio pasado la cifra era de 22,3 millones de euros (en términos de derechos reconocidos) frente a los 25,9 millones correspondientes al ejercicio completo pasado. 

Cedido a las comunidades autónomas, que tienen sobre él importantes capacidades normativas, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava la transmisión de bienes y derechos entre personas físicas. Es la parte de sucesiones (la que carga incrementos patrimoniales obtenidos a título gratuito y ‘mortis causa’) la que supone el mayor volumen recaudatorio. En Extremadura, durante el 2019, último ejercicio ‘precovid’, concentró cerca de un 93% del total.

Buena parte del auge experimentado por la recaudación de este tributo en 2021 tiene que ver con las modificaciones de los plazos de presentación que se introdujeron en la región tanto para este gravamen como para otros a causa de la declaración del estado de alarma y el subsiguiente confinamiento. Ya el mismo mes de marzo del año pasado el decreto-ley 2/2020 estableció una prórroga de tres meses adicionales a lo fijado en la normativa -un semestre a contar desde el día del fallecimiento-- para la presentación y el pago de este impuesto siempre que el plazo original finalizase entre la entrada en vigor del estado de alarma y el 30 de mayo. Más tarde, a finales de mayo del 2020, se promulgó un nuevo decreto destinado también a dar mayor flexibilidad en los tiempos para cumplir con las obligaciones tributarias en la región. Aparte de la suspensión de los plazos, las oficinas gestoras dependientes de la Dirección General de Tributos no abrieron hasta el 28 de mayo. Por todo ello, la recaudación durante el primer semestre del año únicamente ascendió a 9,86 millones de euros.

Otro factor que ha influido en esta evolución es la mayor mortalidad producida por la pandemia. La comunidad autónoma cerró 2020 con un incremento de cerca del 16% en el número de muertes respecto a las de 2019 (de 13.060 a 11.261 óbitos). 1.799 fallecimientos más en solo un año, de los que 1.072 fueron a causa del covid-19, según las estadísticas oficiales de Sanidad. La de 2020 fue la tasa de mortalidad más elevada de la serie histórica del INE, que recoge datos desde 1975. Se situó en 12,3 defunciones por cada mil habitantes, frente a las 10,6 del ejercicio anterior. 

De completarse el año a este ritmo de recaudación en el ISD, se compensaría con creces la caída del ejercicio pasado, y el montante sería el mayor del último cuatrienio, situándose en niveles muy próximos a los del 2017.

De completarse el año a este ritmo de recaudación en el ISD, se compensaría con creces la caída del ejercicio pasado, y el montante sería el mayor del último cuatrienio

Ignacio Ferrer, decano del Colegio Notarial de Extremadura, confirma que, aunque no pueda determinarse hasta qué punto ha contribuido cada uno de ellos, son las moratorias en los pagos y el incremento de la mortalidad por la covid-19 «los dos factores» que están detrás de esta mayor recaudación. El periodo de actividad a medio gas de la Administración y de las notarias, que durante el confinamiento solo atendieron cuestiones urgentes, también se dejó sentir en las herencias tramitadas por estos fedatarios, que el año pasado cayeron un 10,2% (fueron 897 menos, de 8.757 a 7.860), un descenso que continuó en el primer trimestre de este año, cuando fueron 1.678, por 1.683 y 2.147 que había habido en igual periodo de 2020 y 2019, respectivamente. Sobre por qué la tendencia en las herencias siguió a la baja también en el arranque de este año, apunta como posible explicación que «es muy habitual» que en el caso de los ascendientes estas no se formalicen cuando fallece uno de los cónyuges, a pesar de que sí se liquide el impuesto, y que solo se tramite cuando todo el caudal hereditario pasa ya a los descendientes. 

Por otro lado, el comportamiento seguido por la recaudación del ISD en los últimos años refleja el impacto que han tenido las rebajas introducidas en su tributación. Así, en el 2015 fueron 48,9 millones, cifra similar a la de 2016 (49,8 millones). En el 2019, tras la introducción un año antes de la bonificación del 99% del importe de la cuota para padres, hijos o cónyuges, había caído hasta los 33,4 millones, con lo que el desplome rozó el 33% entre esos dos ejercicios.  

La bonificación del 99% en donaciones, a fines de año

En mayo pasado, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, anunció durante el Debate sobre la orientación política de Extremadura la intención del Ejecutivo autonómico de recuperar las bonificaciones del Impuesto de Donaciones. Serán del 99% en las transferencias de hasta 300.000 euros entre los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II (descendientes, cónyuges y ascendientes). El recorte se quedará en el 50% entre los 300.000 y los 600.000 euros y, por encima de esta cantidad, no se bonificará. En el caso de personas con discapacidad los límites se amplían en 150.000 euros. 

Se trata de una medida que ya implantó el Gobierno de José Antonio Monago en el año 2015 y que el PSOE eliminó en 2016 para evitar que los bienes se legasen en vida y esquivar así el Impuesto de Sucesiones. A cambio, se introdujeron algunos incentivos fiscales. 

En este sentido, se mantendrán también los beneficios tributarios por donaciones que tengan la finalidad de desarrollar una actividad económica a favor de los colaterales hasta el tercer grado y a favor de personas que no tengan una relación de parentesco con el donante y que se comprometan a continuar la actividad empresarial o profesional.

Desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública se apunta que ya se tiene redactado el anteproyecto de ley que incorpora la medida y, en cuanto a su aplicación efectiva, esta llegará una vez aprobada la normativa en la Asamblea, algo que «previsiblemente» se producirá «a finales del ejercicio 2021», se explica. Su aplicación tendrá un coste económico, adoptando un criterio de prudencia, de unos dos millones de euros anuales, de acuerdo a las estimaciones del Ejecutivo regional.

La normativa que incorpora la bonificación en las donaciones previsiblemente se aprobará en la Asamblea antes de que acabe 2021

Aunque con una cuantía recaudatoria muy inferior que en las sucesiones, los cambios normativos que se han ido aplicando se han dejado sentir en los últimos años de forma evidente también en los ingresos por donaciones. En el 2015, la recaudación en términos de derechos reconocidos rondó los 4,8 millones de euros, cifra que se desplomó a la mitad ya en el 2017, con 2,2 millones, frontera en torno a la cual ha seguido moviéndose desde entonces. 

Ignacio Ferrer, decano del Colegio Notarial de Extremadura, no considera probable, en cualquier caso, que se dispare el volumen de donaciones a partir del año próximo, por la tributación que continuarán teniendo en el IRPF, impuesto en el que el donante es el que debe pagar por la ganancia patrimonial (a menos que sea dinero), circunstancia que se acusa especialmente en el caso de los bienes adquiridos hace un mayor lapso de tiempo.