El efectivo ya ha dejado de ser el rey indiscutible entre los medios de pago. Paulatinamente, el dinero digital le está ganando terreno en un proceso iniciado hace años, y que tomó velocidad de crucero con la pandemia. No obstante, el uso de monedas y billetes sigue siendo fundamental para muchas personas, en especial dentro de determinados segmentos de la población, como los que viven en las áreas más rurales, las personas de mayor edad o los hogares con menores ingresos, rasgos que a menudo se solapan en las mismas áreas geográficas. Por eso, quedarse sin posibilidades de acceso al efectivo supone para ellos un riesgo de exclusión social que, lejos de retroceder, cada vez afecta a más personas, según ha advertido recientemente el Banco de España a través del informe ‘Infraestructuras del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España’. Este trabajo cifra en casi 1,2 millones de españoles los que no cuentan con un acceso próximo a las oficinas o cajeros en el que obtener liquidez. 

En Extremadura, el número de quienes se encuentran en esta situación supera los 60.000 habitantes, si bien se trata de un problema que afecta muy desigualmente a las dos provincias extremeñas, de forma que, por ahora, parece circunscribirse solo a la de Cáceres, donde residen 58.149 de ellas, el sexto mayor dato provincial. Badajoz, en cambio, apenas contabiliza 2.533 personas en esta coyuntura.

«Como valoración general, puede decirse que en España, en términos agregados, un elevado porcentaje de la población dispone de un punto de efectivo a una distancia relativamente baja», apunta el trabajo que, no obstante, puntualiza que «existe una gran heterogeneidad» entre las distintas regiones españolas.

La de Cáceres también es una de las provincias más expuestas ante eventuales nuevos cierres

Los individuos de mayor edad, que perciben ingresos inferiores o con un menor nivel de estudios son los que emplean el efectivo más frecuentemente a la hora de realizar sus pagos. Cuando esta mayor demanda de dinero en metálico se concentra en una zona concreta y no queda cubierta por la oferta, medida en términos de puntos de acceso al efectivo, es cuando existe un grado de vulnerabilidad más elevado, explica el trabajo. A partir de esta premisa, calcula que aproximadamente un 3% de los ciudadanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad media o alta en relación al acceso que tienen al dinero físico, lo que en España se traduce en 1,3 millones de habitantes.

En la provincia Badajoz el dato mejora la media nacional, con un 1,8% de sus habitantes en estas circunstancias (0,2 en vulnerabilidad alta y 1,6 en media), pero en el caso de la de Cáceres la proporción se dispara hasta rondar el 20%. De este total, un 7,7% corresponde a cacereños que residen en municipios donde el nivel de exclusión financiera es mayor. Estas localidades se caracterizan por no contar con puntos tradicionales de acceso al efectivo dentro de ellas y un recorrido al más próximo que de media se sitúa en 9,4 kilómetros. La población mayor de 60 años sobrepasa el 40% del total, el censo se mueve en torno a los 400 habitantes en promedio y la renta disponible está por debajo de la media nacional.

Además, otro 11,5% de los cacereños viven en municipios donde la vulnerabilidad es media. La población ‘estándar’ se sitúa en 1.700 habitantes, al menos un 35% de ella con los sesenta años ya cumplidos, y de una renta per cápita que de nuevo queda por debajo de la nacional. Tienen 0,6 puntos de acceso por cada mil habitantes y el trayecto medio hasta ellos es de 3 kilómetros.

Las únicas provincias que aparecen en el informe con una situación peor que la de Cáceres son Zamora (35,8% de la población residiendo en municipios con vulnerabilidad media o alta); Ourense (32,1%); Lugo (27%); Ávila (23,8%); y Salamanca (19,5%).

Otra de las cuestiones que resalta el estudio es el desigual impacto que tendría en cada región, en términos de cobertura, un eventual cierre de oficinas y cajeros automáticos. Se hace tomando como supuesto que la clausura se hiciera en las localidades de menos de 5.000 habitantes que solo cuentan con un único punto de acceso que presta servicio a su vez a pueblos cercanos que carecen de ellos. 

Elevado riesgo en Cáceres

Como ejemplo de una elevada exposición se pone a la provincia de Cáceres, «donde hay un importante número de municipios que sirve como punto de acceso más próximo a municipios aledaños. «Así, en algunos casos, un único punto de acceso presta servicio a un conjunto de hasta siete» localidades, se arguye, por lo que la desaparición de estos tendría un efecto relevante en la cobertura conjunta de la red cacereña. Este impacto haría que el porcentaje de población con un punto de acceso disponible en un radio de 5 kilómetros retrocediese del 89% actual al 79%. «Además, la distancia media entre los municipios con y sin puntos de acceso se elevaría de 7,8 kilómetros a 11,2 kilómetros», se agrega. 

Sucursales móviles, agentes financieros o el uso de las oficinas de Correos pueden ser algunas de las alternativas

Desde el regulador se recuerda que es «previsible que la reducción del número de oficinas y de cajeros automáticos continúe en los próximos años» como consecuencia de los avances en la digitalización y ante la búsqueda de una mayor eficiencia por parte de las entidades de crédito, por lo que incide en la conveniencia de buscar alternativas. Entre ellas cita las oficinas móviles, así como los agentes financieros, el uso de las oficinas de Correos o la retirada de efectivo en establecimientos comerciales. Aunque se reconoce que estas otras opciones no pueden sustituir completamente el abanico de servicios que prestan los canales tradicionales, al menos sí permitirían garantizar el acceso al efectivo del conjunto de la población.