El problema, aseguran las asociaciones de empresarios y autónomos, no es que no se quieran o no se necesiten, es que se han impuesto unos requisitos demasiado rigurosos que están dejando fuera de estas ayudas a muchos potenciales beneficiarios. Hasta ahora, apenas algo más de uno de cada cuatro euros (un 26,8%) que la región tenía adjudicados de los fondos covid para subvenciones directas a empresas y autónomos han ido a parar a los bolsillos de sus destinatarios, según las cifras que hace unos días facilitó la Junta de Extremadura, encargada de su gestión en la comunidad autónoma.
«Desde el principio, cuando en marzo el Gobierno publicó el real decreto, ya dijimos que por la propia tipología del tejido productivo extremeño los requisitos para estas ayudas eran especialmente altos y que iba a ser complicado cumplirlos», esgrime Francisco Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex).
De momento se han pagado 28,5 millones de euros correspondientes a 1.946 expedientes de solicitudes de ayudas, cuyo plazo de presentación terminó en julio, «por lo que el Ejecutivo regional cumple con su compromiso de resolver y pagar las mismas en un mes», se subrayó desde la Junta en nota de prensa, en la que adelantó que ya prepara una nueva convocatoria, que será aprobada «en breve» por el Consejo de Gobierno, para dar salida a los fondos restantes. En total, se presentaron 2.949 peticiones, de las que se validaron 2.839. «Los 893 expedientes pendientes se encuentran en proceso de subsanación y/o serán denegados en primera instancia por incumplimiento de requisitos», se puntualizó.
«Extremadura no se puede permitir el lujo de devolver ni un solo céntimo del dinero que ha venido para ayudar a las empresas»
Esta línea de ayudas, que en la región supera los 106 millones de euros y que a nivel nacional asciende a siete mil millones, está dirigida a los trabajadores por cuenta propia y empresas cuya actividad se haya visto afectada más negativamente por la pandemia.
Peinado reconoce el esfuerzo realizado por la Junta, dentro «del estrecho margen de maniobra» que le deja la normativa estatal, para ampliar las actividades económicas amparadas por la normativa, de forma que «prácticamente se triplicaron respecto a lo que marcaba el decreto nacional» (aunque la patronal extremeña había pedido extenderlos a todas ellas). No obstante, explica que más allá de este punto había otra serie de requerimientos que han condicionado la llegada de solicitudes, como el de establecer el umbral mínimo de caída del negocio en el 30%, que ha hecho «que sean muchas las empresas que se han quedado fuera».
También critica el que se haya limitado el apoyo a quienes tengan facturas o créditos pendientes de pago entre marzo del 2020 y mayo de 2021, y que procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor del real decreto-ley. Con esta premisa, apunta, se excluye a los negocios que han tirado de sus reservas para aguantar y seguir cumpliendo con sus obligaciones pero cuyo negocio se ha visto reducido de manera tan significativa como otros.
El decreto centra las ayudas en las empresas con pagos pendientes y se excluye a las que deban a Hacienda o la Seguridad Social
«Los requisitos que se imponen para acceder a las ayudas son muy restrictivos», coincide Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). En relación al condicionante de las facturas pendientes, aduce que «en su día los autónomos hemos tenido mucha responsabilidad a la hora de atender los pagos de nuestros proveedores. Eso quiere decir que lo que hemos hecho es pagar con recursos propios o con préstamos que hemos solicitado a nuestros familiares». Por eso, añade, ahora no se puede «demostrar que tengamos deudas vivas pero sí la pérdida de facturación y la descapitalización que hemos tenido a lo largo de estos meses, porque nos hemos quedado sin un euro de cartera o de reservas, invirtiendo hasta el último céntimo en pagar a los proveedores».
Castiga a los más 'cumplidores'
Es contradictorio, alega, que se penalice a quienes mayor esfuerzo han hecho «para que la cadena de pagos no quedara totalmente rota». Abad también cree que es negativo el que se descarte de las ayudas a quienes tengan deudas con la Hacienda Pública o la Seguridad Social, justo en un momento en el que muchos autónomos y empresas se han convertido en deudores de estos organismos públicos precisamente por la propia situación originada por la pandemia. Algo que desde la Creex se califica de «un absurdo», ya que si se diesen las ayudas a estas empresas, Seguridad Social y Hacienda se verían beneficiados, al ser «los primeros» en cobrar.
La Junta asegura que prepara una nueva convocatoria para dar salida a los fondos restantes
«Extremadura no se puede permitir el lujo de devolver ni un solo céntimo del dinero que ha venido del Gobierno central para ayudar a las empresas porque sabemos que las empresas no están bien y que lo necesitan. Pero lo necesitan ellas y toda la sociedad extremeña», arguye Peinado, quien con vistas a una nueva convocatoria admite que «hay cuestiones en las que realmente es complicado que la Junta pueda flexibilizar los requisitos si no lo hace el Gobierno de España», pero puntualiza que, al menos, en el ámbito autonómico sí podrían ampliarse más las actividades susceptibles de ser perceptoras.
«Los requisitos que se imponen para acceder a las ayudas son muy restrictivos, hay que cambiarlos»
«Hay que cambiar las obligaciones para poder ser beneficiario de estas ayudas, porque por este camino no vamos a poder ser capaces de salvaguardar los intereses de los autónomos», sostiene por su parte Eduardo Abad, que resalta que la situación no es ni mucho menos exclusiva de Extremadura. Según las estimaciones de este colectivo, a escala estatal se han solicitado menos del 40% de estos fondos.
