La Consejería de Educación va a modificar la normativa de admisión de alumnos en los centros escolares públicos y concertados con un nuevo sistema en el que más allá de los hermanos mayores o la cercanía del colegio al domicilio tendrán peso otros factores como la renta per cápita, los partos múltiples o ser víctima de violencia de género. Además, una vez finalizado el proceso de admisión, los centros tendrán que constituir listas de espera para cubrir las vacantes generadas durante el curso «respetando rigurosamente el orden de prioridad». Algo que hasta ahora no estaba recogido en la norma. 

El objetivo de este nuevo decreto, aún en fase de borrador, es unificar la dispersa normativa existente en esta materia y actualizar los criterios de admisión para adaptarlos «a la experiencia y la evolución de las circunstancias sociales». El texto ha pasado ya por la permanente del Consejo Escolar de Extremadura y el viernes 17 irá al pleno. Aún quedan varios meses de trámite, pero la intención de la consejería es que comience a aplicarse ya a partir del próximo curso 2022/2023.

La Consejería de Educación determinará cada año la oferta de plazas escolares. Donde hubiera suficientes para atender la demanda, todos los alumnos deben ser admitidos. Cuando el número de solicitudes supere al de plazas vacantes, estas se baremarán y ordenarán según la aplicación de los criterios de admisión establecidos en el nuevo decreto. 

Nuevos requisitos

Con respecto a la normativa actual se mantienen la existencia de hermanos en el colegio; padre o madre que trabaje en el mismo; la proximidad del domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno de los padres; condición reconocida de discapacidad; familia numerosa y, en el caso de bachillerato, el expediente académico.

Ahora se añaden nuevos supuestos: la renta per cápita de la unidad familiar (hasta ahora se valoraba la renta por hogar); situación de acogimiento familiar; que el alumno haya nacido de parto múltiple o pertenezca a una familia monopartental, y que tenga condición de víctima de violencia de género o del terrorismo. Hasta ahora, también se valoraba a los alumnos que necesitan control alimentario a causa de una enfermedad crónica (diabetes, celiaquía, alergias...), algo que desaparece.

Mercedes Barrado, responsable del área de Educación de CSIF, explica que a su juicio el decreto no introduce cambios sustanciales en la admisión del alumnado, pero el sindicato sí aboga por que el proceso esté «correctamente regulado» y recoja las nuevas realidades sociales, de ahí que hayan presentado enmiendas al texto.

El nuevo decreto abarcará a todas las etapas, incluido el primer ciclo de Educación Infantil tras la puesta en marcha de las aulas para niños dos y un año (estas últimas aún no han iniciado el proceso de matrícula) y en este aspecto, CSIF insiste en la necesidad de bajar las ratios. 

También ha hecho sus aportaciones la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa), que aglutina a 450 asociaciones de colegios e institutos públicos. Su presidenta, Eva Rodríguez, explica que si bien la valoración general sobre el decreto es positiva, echan en falta algunos aspectos que consideran fundamentales. 

Entre ellos la definición de la composición de las comisiones de escolarización, que no viene recogida en la nueva normativa y por tanto, daría libertad a la Administración para designar a los miembros. También que se refleje expresamente la "preferencia" por los centros públicos, siempre que haya plazas vacantes, en lugar de crear nuevas unidades concertadas. Y con respecto a Secundaria, piden que no se penalice no acudir al instituto asignado al colegio de Primaria, siempre que el centro escogido por los padres esté dentro de la misma zona de influencia.

Casi 15.000 plazas para menos de 8.000 niños

Extremadura oferta para este curso académico un total de 14.994 puestos escolares en el primer curso de Infantil, una cifra que casi duplica a los 7.905 niños que nacieron en 2018 y cumplen los tres años en este 2021. El año pasado fueron 15.200 puestos escolares para 8.470 alumnos, lo que supone que en solo un año se contabilizan 565 alumnos menos de primero de Infantil. 

La causa directa de esta reducción es la caída de la natalidad, que a su vez ha permitido que más del 90% de los alumnos hayan entrado este curso en el centro que los padres han elegido como primera opción. Es una problemática que suele darse sobre todo en las grandes ciudades.

En Cáceres por ejemplo, quedarán vacantes 326 plazas y solo ocho niños de los 693 que inician el curso este año no irán al colegio elegido por los padres como primera opción al superar la demanda el número de plazas. En Mérida el 96% de los niños podrá estudiar en el centro elegido ya que solo en el colegio Ciudad de Mérida la demanda superó a la oferta: 65 peticiones para 50 plazas, de forma que se quedaron fuera 15 niños que entraron sin problemas en el centro escogido como segunda opción. 

En Badajoz también el 98% de los niños están matriculados en el colegio que eligieron en primer lugar. El más demandado fue el de Cerro Gordo, que abrirá sus puertas este año con cuatro líneas para tres años.