Nueva batalla por los impuestos autonómicos. La Comunidad de Madrid va a iniciar la tramitación de una reforma fiscal que, de ser aprobada, convertía a esta región en la única de España sin tributos propios. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pretende suprimir tres impuestos que gravan la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería, el depósito de residuos y las actividades económicas. Por ellos dejaría de ingresar 3,4 millones de euros al año, apenas el 0,02% del total de la recaudación de la Comunidad de Madrid. 

En Extremadura, el líder del PP, José Antonio Monago, pidió ayer al presidente, Guillermo Fernández Vara, que siga la estela de Díaz Ayuso o que exija al Gobierno central un régimen fiscal especial para «marcar una impronta, una estrategia para ser líderes en el conjunto nacional» y atraer inversiones. «El futuro de Extremadura no pinta como nos gustaría», justificó. 

Y el PSOE contestó rápidamente. «¿Está pidiendo Monago que los extremeños paguemos 0,70 euros menos en impuestos al año y tengamos 4.600 maestros menos en los colegios como en Madrid?», replicó en Twitter el portavoz de Hacienda en la Asamblea, Jorge Amado. 

Es cierto que los tributos propios suponen menos del 2% de las cuentas autonómicas, pero también lo es que Extremadura es una de las autonomías que más ingresa por este concepto (al margen de Canarias, que gestiona su propio IVA): 114,7 millones de euros en el año 2020, frente a los 137 de Cataluña (a la cabeza del país), los 145 de Andalucía o los 118 de Asturias. 

A las puertas de presentar los presupuestos de 2022, la Consejería de Hacienda y Administración Pública confirma que no prevé cambios en este sentido. «La propuesta es más un anuncio que una medida de impacto para los ciudadanos, ya que tiene un impacto reducido en cuanto a recaudación», indica el Ejecutivo respecto a la medida anunciada por Isabel Díaz Ayuso. 

Extremadura cuenta actualmente con cuatro tributos propios en vigor: el Impuesto sobre Aprovechamientos Cinegéticos (aportó cinco millones de euros de recaudación neta en 2020); Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el Medio Ambiente (98,5 millones de euros, que grava a las eléctricas); Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertederos (3,89 millones) y Canon de Saneamiento (7,6 millones, se paga en la factura del agua). 

Cabe recordar que el impuesto sobre los depósitos bancarios quedó sin efecto el 1 de enero de 2013, tras la creación de un tributo estatal que grava el mismo hecho imponible. Este impuesto, que en su día fue recurrido por el Gobierno de José María Aznar, recibió finalmente el refrendo del Tribunal Constitucional en 2012 y para evitar que otras comunidades también lo aplicaran, se creó un impuesto estatal a tipo cero justificado en la «homogeneidad del sistema y la unidad de mercado». 

El Impuesto sobre Suelo sin edificar y Edificaciones ruinosas fue suprimido en 2011, pero la región tiene pendiente de aplicar otro tributo propio sobre los grandes propietarios de viviendas vacías, que se pactó con Podemos en 2019.