La Junta de Extremadura ha pedido al Gobierno central explicaciones por los efectos sobre el abastecimiento a la población y medioambiente de los desembalses que se han producido este verano en la región para la producción de electricidad. El pasado mes de agosto, las localidades de Belvís de Monroy, Saucedilla y Almaraz se quedaron sin suministro como consecuencia de las maniobras de Iberdrola para turbinar en Valdecañas sin previo aviso y sin una explicación posterior. Ese asunto es uno de los que se ha abordado en la reunión que la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha mantenido este jueves con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre las medidas que se van a adoptar para corregir esos problemas en la gestión. La consejera ya se ha reunido en las últimas semanas también con los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del Guadiana, según ha explicado la Junta de Extremadura en una nota.
La inquietud de la Junta de Extremadura sobre el agua embalsada en la región se materializó en un escrito que la consejería mandó al ministerio hace algunas semanas en el que se denunciaba “una gestión cuestionable del agua embalsada en algunos de los principales embalses de la región” y se recordaba que “los organismos de cuenca deben priorizar la satisfacción de las demandas de agua de los abastecimientos a la población antes que las actividades productivas particulares”.
Reforma legal en marcha
La denuncia de los pueblos afectados por el 'vaciado de embalses' el pasado mes de agosto ya provocó la reacción de la Ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, que llegó a calificar de "escandaloso" el modo en el que habían procedido las eléctricas y planteó la posibilidad de que se aplicara el artículo 55 de la Ley de Aguas, que permite restringir el uso del agua por presas concesionarias para garantizar el consumo humano y los caudales ecológicos. El secretario de Estado de Medio Ambiente ha manifestado a la consejera este jueves el "compromiso absoluto" del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico "para garantizar el abastecimiento a la población, así como adoptar medidas legales de forma inminente para que las actuaciones de desembalses como las ocurridas este verano no vuelvan a producirse en el nuevo año hidrológico que comienza el próximo mes de octubre", según la Junta de Extremadura.
Este compromiso, según explican, se llevará a cabo a muy corto plazo a través de una nueva normativa de rango nacional, que se complementará con la inclusión de nuevas exigencias medioambientales en los planes hidrológicos que se aprobarán a finales del primer trimestre del próximo año 2022 y que aplicarán las confederaciones hidrográficas.
Hay que recordar que el Gobierno central anunció la apertura de una investigación hace un mes por los desembalses practicados por Iberdrola y Naturgy en al menos seis embalses en distintos puntos del país. En Extremadura está especialmente bajo la lupa el 'vaciado' en el caso de Valdecañas. Como publicó este diario, los pueblos afectados exigen un compromiso "por escrito" de que no volverán a quedarse sin agua por los desembalses, mientras Iberdrola y la Confederación Hidrográfica del Tajo defienden las gestión que se ha llevado a cabo en los desembalses de Valdecañas para la producción eléctrica.
