El sector de la dependencia, las empleadas de hogar, la agricultura, pero también buena parte de los trabajadores de las funerarias, tintorerías e incluso los que dependen de los pequeños ayuntamientos se beneficiarán del alza de 15 euros mensuales pactado en el salario mínimo entre al Ministerio de Trabajo y los sindicatos, con efecto desde este mes de septiembre. El salario mínimo legal queda fijado así en 965 euros mensuales para un trabajador a jornada completa y la medida beneficiará a unos 80.000 empleados extremeños cuyas retribuciones están en el límite del umbral mínimo según las estimaciones de la Agencia Tributaria y de los sindicatos. Son alrededor de uno de cada seis trabajadores de la región y precisamente por estar en el umbral inferior de la tabla de retribuciones salariales son también los sectores más vulnerables, de ahí que desde los sindicatos se haga una lectura positiva del acuerdo, no por la cifra, que está alejada de sus pretensiones (recamaban un incremento de 25 a 30 euros) sino por el alcance que tiene y el efecto que provocará también en el futuro sobre las pensiones de estos contribuyentes. La patronal, que no ha suscrito el acuerdo, considera sin embargo que la medida tendrá consecuencias negativas en la recuperación y el empleo, y frenará la competitividad de las empresas, según hizo constar la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) tras el acuerdo.
«Es un error pensar que subir el salario mínimo va a frenar la reactivación de la economía. Si un trabajador tiene más poder adquisitivo, va a consumir más», apunta Patro Sánchez, secretaria general de UGT en Extremadura. Defiende que en el último año, la pandemia ha conformado un escenario complicado tanto para las empresas como para los trabajadores, «por eso todos tenemos que salir ganando de esta crisis, no solo la parte empresarial».
El secretario de Acción Sindical de CCOO, Alberto Franco, incide en la trascendencia del incremento «siendo Extremadura la región con los salarios y las pensiones más bajas del país» pero advierte de que la medida no será completa «mientras no se derogue la reforma laboral» y recuerda que mientras que la media salarial pactada en el 2020 fue del 1,54%, el IPC se sitúa en el 3,3%. «Todos los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo», subraya.
Último escalón
En el tramo más bajo de las retribuciones se encuentran buena parte de los trabajadores del campo y también del sector de los cuidados (como las empleadas del hogar o las de atención a la dependencia) pero también trabajadores de pequeños ayuntamientos o de colectivos que no tienen convenio como las clínicas dentales o de fecundación, las tintorerías o los trabajadores de funerarias.
El sector agroganadero es uno de los que más trabajadores tiene en el umbral del salario mínimo y de hecho las últimas subidas llegaron a bloquear la negociación del convenio colectivo. Ahora las organizaciones agrarias también se oponen el incremento, principalmente porque añade un elemento más a una escalada de costes que no pueden repercutir en el precio de sus producciones, a la baja. «El problema no es que suba el salario mínimo, es que sube también el gasóleo, la electricidad, los abonos... y no tenemos capacidad de trasladar eso al precio de nuestras producciones», reivindica Ignacio Huertas, dirigente de UPA-UCE.
Desde Apag Extremadura Asaja, su presidente Juan Metidieri también lamentó tras anunciarse el acuerdo que «no es momento, principalmente por los bajos precios en las producciones y que sigue sin darse solución con la tramitación de la ley de la cadena alimentaria».
Las claves
El acuerdo fija el salario mínimo en 965 euros al mes (31,66 al día) distribuidos en 14 pagas anuales.
El acuerdo incluye el efecto retroactivo desde el 1 de septiembre, con lo que tendrá que anotarse en la nómina de ese mes.
El salario mínimo se ha incrementado un 45% desde 2016. El compromiso es que en 2023 alcance 1.050 €.
