El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto para regular los criterios acceso a las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias, con el objetivo de igualar su cuantía y requisitos entre todos los municipios. Se trata de una prestación que las familias en situación de vulnerabilidad reciben para hacer frente a gastos básicos extraordinarios e inaplazables que no pueden cubrirse a través de otros programas de inserción. 

Estas ayudas no tienen carácter periódico o indefinido, se limitan a cubrir mediante un pago único las necesidades puntuales e inusuales originadas por contingencias extraordinarias. Las situaciones crónicas de necesidad deberán ser derivadas a otros recursos sociales e institucionales. 

Entre los gastos a los que podrán dar cobertura estas ayudas se incluyen los de alojamiento para mantener el derecho de uso de la vivienda habitual; los gastos necesarios en instalaciones, equipamiento básico u otros útiles de primera necesidad de la vivienda habitual; los relativos a las necesidades primarias (alimentación básica o especializada, aseo, calzado y vestido); y los gastos necesarios de asistencia sanitaria no cubiertos por el sistema público. La cuantía de la ayuda variará en función de la necesidad, estableciéndose un máximo de 2.500 euros. 

La Ley de Renta Garantizada, aprobada en 2019, establece que ya no será el Ejecutivo regional quien gestione y conceda las cuantías a los solicitantes, sino los ayuntamientos. La concesión de esta prestación se convocó por primera vez en el año 2015 y no fue hasta 2018 cuando se aprobó una nueva convocatoria con más de un millón de euros. Se beneficiaron 288 familias, pero trajo polémica ya que tanto el ayuntamiento de Cáceres como el Badajoz recurrieron el decreto regulador, de diciembre del 2017. Pero la justicia acabó dando la razón a la Junta y reconoció que para su gestión podía recurrir a la colaboración de los municipios, de forma que ahora se hace mediante convenios.

El presupuesto para este ejercicio es de 5,3 millones millones de euros, después de ampliarse en 2020 para hacer frente a las necesidades sobrevenidas por el covid-19.