Tal y como estaba previsto y así lo avanzó este diario, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este miércoles el decreto regional para que se ponga en marcha la ley de eutanasia en Extremadura. Se trata de la creación de la comisión de garantías y el registro de objetores de conciencia de profesionales sanitarios. "Necesitábamos un marco jurídico", ha explicado el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles. Dentro de siete días se publicará la resolución para el nombramiento de los miembros de esta comisión de garantías.

Vergeles ha asegurado que de momento no hay constancia de que algún paciente haya pedido ejercer este derecho, "sí sabemos que algunas personas se han interesado por la ley". El consejero ha explicado que el proceso, desde la primera solicitud y hasta que se llega a la resolución final, puede durar entre 20 y 40 días.

Habría que recordar que la ley de eutanasia regula el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse, incluyéndola en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y garantizando así su financiación pública, determinando también los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas.

Asimismo, la ley reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados, como decisión individual que debe manifestarse anticipadamente y por escrito, debiendo las administraciones sanitarias crear un registro.