Seis de los nueve concejales que sustentan el gobierno han dimitido; 200 trabajadores municipales llevan 10 meses sin cobrar y el poco dinero que llega a las arcas públicas automáticamente queda embargado por sentencias judiciales. A ello se une el desmantelamiento de la policía local; el cierre cautelar de la residencia de mayores por graves deficiencias de mantenimiento; el mal estado de las calles, las pistas deportivas y los parques; el cierre del centro especial de la infancia, la piscina municipal o su mayor reclamo turístico: el Castillo de Luna, que no ha podido volver a visitarse tras el confinamiento de 2020.
Es la situación en la que se encuentra el municipio pacense de Alburquerque (5.293 habitantes), que desde hace meses se mueve «entre el desgobierno y la innación», según los propios vecinos, a la espera de una decisión definitiva que todos confían en que se anuncie este jueves. La consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, comparecerá a petición propia en el pleno de la Asamblea para informar sobre «la eventual solicitud del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura al Consejo de Ministros para la disolución de los órganos de gobierno del municipio de Alburquerque», que en la práctica supone la intervención del consistorio por parte del Ministerio de Hacienda. Una medida drástica, «el último paso», según ha defendido el propio Ejecutivo autonómico, pero que tanto la oposición como los vecinos piden para que el pueblo pueda «tomar otro rumbo».
El artículo 61.1 de la Ley de Bases del Régimen Local prevé que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia o a solicitud de un gobierno autonómico, pueda disolver mediante real decreto y previo acuerdo favorable del Senado, los órganos de gobierno de las corporaciones locales. Uno de los supuestos que se recoge para ello es una «gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de obligaciones constitucionales».
Si la Junta finalmente lo pide, se disolverían todos los órganos ejecutivos y probablemente sería la Diputación de Badajoz quien asumiría la gestión del consistorio hasta la convocatoria de unas elecciones anticipadas a principios de 2022.
Solo existe un precedente en España: la intervención del Ayuntamiento de Marbella en el año 2006, entonces en situación crítica tras las sucesivas detenciones de cargos públicos por corrupción urbanística (caso Malaya). La principal diferencia, explican fuentes municipales, es que en el caso del municipio andaluz sí había sentencias judiciales condenatorias, lo que no ocurre en Alburquerque.
La actual alcaldesa, Marisa Murillo, concurrió a las elecciones de 2019 por el PSOE, pero se niega a dimitir tras ser expulsada del partido en marzo de este año por su «mala praxis». La situación es tal que de los nueve ediles socialistas que consiguieron acta en los comicios, seis han renunciado: solo se mantienen la propia Murillo y Laura Santalla, ahora concejalas no adscritas, y Juan Carlos Prieto, que sí sigue siendo fiel al PSOE. En la oposición hay cuatro ediles, que pertenecen a IPAL (Independientes por Alburquerque).
Se estima que la deuda del municipio se sitúa en el entorno de los 15 millones de euros y al menos dos corresponden a las nóminas impagadas a 200 trabajadores municipales, que acumulan ya 10 meses sin cobrar. Su situación es insostenible y a sus protestas semanales sumarán otra este jueves a las puertas de la Asamblea durante el pleno.
La sucesora de Vadillo
Ante el impago de las nóminas, la falta de información respecto a la dimisión de la mayoría de los ediles y el «clima de desencanto y rechazo» que crecía en el pueblo, el PSOE tomó cartas en el asunto a comienzos de este año: el partido reprobó la labor de la corporación municipal, de la que responsabilizó a Murillo. Seguidamente fue despojada de sus competencias y sueldo de la Diputación de Badajoz, donde era delegada de Bienestar Social. En marzo, ante su negativa a dimitir como regidora y el empeoramiento de la situación, fue expulsada del partido.
Marisa Murillo es la sucesora de Ángel Vadillo, el exedil socialista condenado a dos años y medio de prisión por un delito de obstrucción a la justicia en concurso con uno de amenazas en 2012, e indultado parcialmente por el Ministerio de Justicia en 2019. Pese a la medida de gracia, Vadillo no pudo liderar la lista del PSOE en las últimas elecciones municipales porque la sentencia lo inhabilitó para cargo público (el indulto hacía referencia solo a la pena de prisión), de forma que Murillo fue la número uno.
Sin embargo, el pasado mayo Vadillo anunció su incorporación al gobierno local «como coordinador, asesor y portavoz» y se puso a disposición de «toda la gente del pueblo». Entonces dijo que su prioridad era «que todos los salarios pendientes estén pagados a la mayor brevedad posible». Además, criticó la «utilización política» del caso y acusó al PSOE de «bloqueo».
Murillo por su parte, ha atribuido los impagos de nóminas a «un desajuste de tesorería» causado por «la cantidad de servicios públicos y la subida del salario mínimo, que no venía recogida en las subvenciones». Tras la incorporación de Vadillo, la alcaldesa anunció «cambios radicales políticos y de gestión» para dar solución a los problemas, pero lo cierto es que poco ha mejorado desde entonces.
La quiebra del ayuntamiento ya se ha tratado en el pleno de la Asamblea a instancias de la oposición y la Junta ha defendido que dentro del margen de sus competencias, ha hecho cuanto ha estado en su mano para minimizar los efectos de esta «situación lamentable» en los empleados municipales, proveedores y en sus vecinos».
Debido al retraso en el pago de las nóminas, la Inspección de Trabajo abrió un expediente que finalizó en sanción. También se ha multado al consistorio por la situación de la residencia de mayores, que fue intervenida por el Sepad y cerrada de forma cautelar debido a las graves deficiencias de mantenimiento, aunque ya ha vuelto a abrir sus puertas. El Ejecutivo siempre ha defendido que la disolución del consistorio sería «el último paso», que ahora parece que se convierte en definitivo.
