Para mí es un orgullo poder hablar de esto», expresa. Hace unos meses, decidió abortar. Tiene 24 años y pareja estable. Quiere desarrollar su carrera profesional, lograr independencia económica. «No era el momento, lo supe desde el primer instante».
Esta joven extremeña ha vivido una interrupción voluntaria del embarazo. Cuenta su relato porque quiere que sirva para eliminar culpas. «Yo no me arrepiento. Lo que hice fue un acto de responsabilidad. Me sentí muy segura. Pero no está normalizado y no me apetece que me juzguen, que me vengan a cuestionar». Por eso su testimonio es anónimo. «Ojalá algún día podamos hablar sin el peso de la sociedad que te señala».
Su historia responde al perfil común de mujeres que abortan en Extremadura. Entre 20 y 29 años y por decisión propia. «Es algo que te puede pasar. Y si te pasa, para eso existe este derecho».
En los últimos cinco años registrados, de 2015 a 2020, en la comunidad extremeña se han llevado a cabo 4.649 interrupciones voluntarias del embarazo, según los datos que maneja la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta.
La estadística del Ministerio dice que la tasa en la región ronda los 6,4 casos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años. En el 90,8% de las ocasiones se hace a petición de la mujer; en el 5,7%, porque existe riesgo grave para la vida o la salud de la embarazada; en el 3,1%, porque hay riesgo de graves anomalías en el feto; y en el 0,31%, porque se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.
El desconocimiento
Un test de embarazo de la farmacia le dio la respuesta que de alguna manera sospechaba por el retraso en su menstruación. «Me derrumbé», recuerda. Muy pocas personas de su entorno lo saben. Entre ellas, su pareja. «Me ayudó mucho, me dijo que era mi cuerpo y que la decisión la tenía que tomar yo. Y que me apoyaría en cualquiera de las opciones. Fue muy importante escuchar eso».
Con la mente clara sobre qué quería, empezó a informarse. Desconocía que la Seguridad Social cubría esta intervención, pensaba que tendría que pagarla y temió no poder afrontar el gasto. «Es increíble que no lo supiera. Fue una amiga la que me lo explicó».
La realidad es que aunque la sanidad pública financie este servicio (a través de la ley que reconoce el derecho de las mujeres a abortar), en Extremadura la interrupción voluntaria del embarazo solo se practica en el ámbito privado porque todos los centros del SES se acogen a la objeción de conciencia. En la comunidad solo hay concierto con una clínica, en Badajoz, la Guadiana Los Arcos, que se dedica exclusivamente a realizar estas intervenciones. Y fuera de la región también hay acuerdo con la Clínica Multimédica de Salamanca y las clínicas Dator y Ginesur de Madrid, a donde se acude cuando es el hospital quien deriva a la paciente porque el embarazo es de más de 22 semanas, lo que implica que la gestación está muy avanzada y la intervención resulta más compleja.
Ahora, uno de los asuntos que el Ministerio de Igualdad ha puesto sobre la mesa para reformar la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (así se denomina), es que exista un registro de objetores de conciencia de profesionales sanitarios para garantizar esta prestación en los hospitales públicos.
«Un trato muy frío»
«Como si fuera a hacerme una limpieza dental», así lo resume. «Que tuviera clara mi decisión no significa que no viviera un momento complicado. Y el trato resultó muy frío. Lo lógico es que si lo cubre la Seguridad Social, se haga en el hospital».
Desde que entró en la clínica hasta que salió pasaron unas tres horas y media, «pero la intervención en sí apenas son ocho minutos». También por decisión propio, no optó por abortar con el método de las pastillas, sino que prefirió esperar a que la gestación hubiera avanzado algo más para que pudiera ser por intervención. «La pastilla va por todo el cuerpo y no sabes a qué te puede afectar. Y además yo quería que me limpiaran bien por dentro».
En este sentido, lanza un mensaje: «Estoy notando entre la gente de mi edad que cada vez se usan más anticonceptivos de mujeres que de hombres, que cada vez más chicas toman la píldora y menos chicos usan preservativo. Yo misma he estado varios años con el anillo vaginal, en mi caso fue para regularme la regla, pero quise dejarlo porque el cuerpo también deben descansar de esos tratamientos», explica.
Precisamente, la reforma de la ley del aborto que hay sobre la mesa pretende promocionar la anticoncepción masculina.
El juicio
Cuanto a esta joven extremeña se le pregunta que por qué existe ese juicio de la sociedad, responde: «Porque parece que nosotras estamos hechas para vivir solo para y por los hijos. A mí me encantan los niños, yo quiero ser madre joven, pero no ahora, ahora tengo otros proyectos. Creo que ese juicio de la sociedad también se aplica con el divorcio, que tampoco se sigue viendo bien porque parece que la mujer tiene que vivir por y para el hombre y no le conviene separarse de él ni abandonarlo».
Y cuando se le plantea si la religión tiene algo que ver, manifiesta: «Yo creo en Dios. Pero también creo que la religión debe evolucionar».
Su testimonio evidencia que el aborto, aunque reconocido como un derecho más, sigue siendo tema tabú.
AZUCENA LLOPIS | Del centro de Planificación Familiar de Mérida
"La objeción de conciencia debe ser un derecho individual"
-¿Se debe crear un registro de objeción de conciencia para garantizar los abortos en los hospitales públicos?
-Hay que dejar claro que está garantizada la atención a todas las mujeres que lo solicitan, aunque la mayor parte de las intervenciones se hagan en las clínicas privadas (en Extremadura en el 100% de los casos). Y lo que ocurre es un choque de derechos. Por un lado está el de las mujeres a recibir esta prestación, entendiendo que se debería cubrir, al menos mayoritariamente, por el sistema público; y por otro el de los profesionales a ser objetores, que también está reconocido en la misma ley. Pero la objeción de conciencia tiene que ser individual, eso también lo dice la normativa, lo que pasa es que no se ha materializado. De manera que estoy totalmente de acuerdo con que se haga un registro o una fórmula similar. Otra cuestión es el trato que se recibe en estas clínicas, y el sistema público se debe preocupar de que esa asistencia se realice en términos de garantía tanto de salud como de trato humanizado.
-¿Es oportuno volver a eliminar el permiso de los progenitores para abortar para las menores de 16 y 17 años?
-La ley estaba bien tal y como se publicó en 2010 (antes de la modificación de 2015 que obligó a ese consentimiento). Todo el mundo entiende que cuando alguien tiene un problema quien más le va a ayudar es su familia, y normalmente es así, pero también hay casos de desarraigo y desamparo. Además, la mayoría de edad médica son los 16 años.
-¿Existe un menor uso de anticonceptivos masculinos y mayor de femeninos?
-Los últimos datos dicen que el preservativo es el método más utilizado en nuestro país. Así se refleja en las encuestas anteriores y en la actual también. Y en mi experiencia debo decir que no hay un abandono del uso del preservativo. De hecho, la última encuesta habla de una subida del doble método: un anticonceptivo hormonal y un método de barrera, el preservativo. También es cierto que cuando muchas mujeres dicen que usan preservativo lo hacen solo a veces, casi nunca desde el principio, o de manera inapropiada. Y con esto quiero decir que la herramienta más eficaz para no tener que recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo, que es una cuestión nada agradable para cualquier mujer, es la educación sexual, la cual no existe. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo tiene dos partes y una no se ha desarrollado en absoluto, que es la dedicada a la prevención y la educación sexual.
ALGUNAS CLAVES
- Hasta las primeras 14 semanas: La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (más conocida como ley del aborto) dice que cualquier mujer mayor de 18 años puede interrumpir por su propia voluntad un embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Esta normativa está en vigor desde el año 2010 (aunque hubo modificaciones en 2015).
- Hasta la semana 21, aborto terapéutico: Hasta la semana 21 de embarazo se puede practicar lo que se conoce como aborto terapéutico, una interrupción voluntaria del embarazo por causas médicas. Se permitirá «siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que la practique o dirija», recoge la ley.
- Tras las 22 semanas, en casos graves: Asimismo, tras las primeras 22 semanas de gestación, la ley dice que se podrá practicar la interrupción voluntaria del embarazo cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o se le detecte una enfermedad «extremadamente grave o incurable», hecho que también tendrá que constatar un dictamen médico.
- En sustitución de la ley de 1985: Esta normativa, conocida como la ley de plazos, sustituyó a la anterior, que era de 1985 y que solamente permitía abortar a las mujeres en tres supuestos: cuando existiese riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada, en casos de violación o cuando se detectaran malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto.
- Los puntos de la futura reforma: Ahora el Ministerio de Igualdad quiere reformar la ley. Quiere eliminar el permiso de los progenitores para las menores de 16 y 17 años (que se incluyó en 2015), crear un registro de sanitarios objetores de conciencia y eliminar los tres días de reflexión obligatoria antes de acudir a realizar la interrupción. Se espera que la nueva normativa esté lista en diciembre.
