Con la pandemia ya bajo control, el sistema educativo se enfrenta este curso al inicio del desarrollo de la nueva ley de educación, la Lomloe, aprobada en diciembre. El Gobierno central ya planea una nueva estructura académica que supondrá la reorganización de las materias educativas, especialmente en la ESO y Bachillerato. Pero el cambio más inminente se centra en la evaluación, titulación y promoción del alumnado, que podría aplicarse ya este mismo curso. Para ello es necesario un nuevo real decreto, que todavía es un proyecto, y que viene a cambiar las reglas actuales de forma transitoria, al menos, hasta que se implante definitivamente el currículo de la Lomloe. El nuevo documento quiere suprimir los exámenes de recuperación que se hacen en septiembre en la secundaria obligatoria (en Bachillerato se mantienen), dar más valor a evaluación continua y pasar de curso ya no dependerá en la ESO del número de suspensos, sino de lo que el equipo docente crea más beneficioso para el futuro del alumno. Así, la nueva norma no diferencia entre evaluación ordinaria y extraordinaria como ahora, sino que propone una evaluación continua y global que acabará eliminando los exámenes de recuperación que en Extremadura se realizan en septiembre en la ESO y a los que acuden al menos el 40% de los estudiantes. Eso sí, el borrador también establece que deben ponerse refuerzos a los estudiantes que vayan mal «tan pronto como se detecten las dificultades».
¿Será positivo este cambio? ¿Servirá para atajar el fracaso? Hay división de opiniones. De entrada, las divergencias están entre las propias comunidades según su color político, alguna incluso ha amenazado con llegar a los tribunales si se pone en marcha ya este curso, pero las diferencias también se encuentran entre los docentes según la escuela. En Extremadura, la Consejería de Educación aplaude el proyecto de decreto sobre la mesa (está previsto que se apruebe y se publique en el BOE a principios de noviembre) y aún no ha decidido si se pondrá en marcha este mismo curso. «Extremadura es partidaria de la evaluación global, continua e integradora por la que se apuesta en este proyecto de real decreto», señalan desde la administración. «Es importante recordar que la evaluación extraordinaria en septiembre hace que pierda valor algo fundamental en nuestro sistema educativo, se pierde la evaluación continua. En septiembre hay una evaluación sumativa que lo supedita todo a un resultado académico basado en una prueba de contenidos mínimos, mientras que lo que se pretende es una evaluación continua, individualizada e integradora», insiste la consejería.
Entre los docentes hay más reticencias. Los tres sindicatos más representativos entre el colectivo docente extremeño, de entrada, discrepan con la consejería. CSIF considera que los exámenes de recuperación son una herramienta más para que algunos alumnos mejoren sus resultados y se deben mantener. El sindicato lamenta la falta de negociación y advierte de la disparidad en su aplicación: «Es precipitado para este curso y dejarlo abierto a lo que las comunidades quieran va a generar agravios, debe haber homonogeneidad», defiende.
PIDE también lo considera un «error». «Potenciar la evaluación continua para recuperar lo no aprendido, según propone el ministerio, no soluciona el problema que genera quitar la opción de la recuperación. Y actuar de forma preventiva ‘incrementando los refuerzos para los alumnos con dificultades’ está bien si se cumple porque hasta ahora siempre han solo una intención y pretender que los suspensos no sean criterio de promoción es no conocer la realidad educativa». El sindicato advierte del mensaje «demoledor» que se lanza con esta medida.
Para ANPE la nueva norma tampoco es beneficiosa ya que «se pretende unilateralmente establecer unas condiciones de evaluación y promoción que rebajan la exigencia académica delegando, y de manera casi subjetiva, al profesorado toda responsabilidad, cuando realmente quien suspende o repite es el alumno, no el docente». El sindicato considera que deben fijarse unos criterios de evaluación objetivos, cualificables y cuantificables, «pues de manera contraria se crea inseguridad jurídica frente a las decisiones colegiadas del equipo docente».
