Los ayuntamientos extremeños recibirán este año 5,3 millones de euros para las ayudas extraordinarias de contingencia, que incluyen una nueva regulación para armonizar los criterios de acceso entre municipios. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el programa de colaboración que las financia, a través de transferencias corrientes a los consistorios.
Los 5,3 millones de euros se distribuirán entre los municipios con competencias en materia de servicios sociales y en proporción al número de habitantes según las últimas cifras de población publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Para cada localidad se garantiza una cuantía mínima de 1.500 euros, según informa el Ejecutivo en una nota.
Estas ayudas no tienen carácter periódico o indefinido, se limitan a cubrir mediante un pago único las necesidades puntuales e inusuales originadas por contingencias extraordinarias. “Las situaciones crónicas de necesidad deberán ser derivadas a otros recursos sociales e institucionales, se recuerda”.
Entre los gastos a los que podrán dar cobertura estas ayudas se incluyen los de alojamiento para mantener el derecho de uso de la vivienda habitual; los gastos necesarios en instalaciones, equipamiento básico u otros útiles de primera necesidad de la vivienda habitual; los relativos a las necesidades primarias (alimentación básica o especializada, aseo, calzado y vestido); y los gastos necesarios de asistencia sanitaria no cubiertos por el sistema público. La cuantía de la ayuda variará para cada familia en función de la necesidad, estableciéndose un máximo de 2.500 euros por la suma de varios conceptos.
La Ley de Renta Garantizada, aprobada en 2019, establece que ya no será el Ejecutivo regional quien gestione y conceda las cuantías a los solicitantes, sino los ayuntamientos, que para ello recibirán las transferencias de la Junta. Como novedad para este año, un nuevo decreto regulador iguala la cuantía y los requisitos de acceso para todas las entidades locales.
La concesión de esta prestación se convocó por primera vez en el año 2015, pero no fue hasta 2018 cuando se aprobó una nueva convocatoria con más de un millón de euros. Se beneficiaron 288 familias, pero trajo polémica ya que tanto el ayuntamiento de Cáceres como el Badajoz recurrieron el decreto regulador, de diciembre del 2017. Finalmente, la justicia acabó dando la razón a la Junta y reconoció que para su gestión podía recurrir a la colaboración de los municipios.
