Los grandes propietarios, considerando como tales a los que poseen más de diez viviendas, serán los más afectados por la nueva ley de vivienda acordada por el PSOE y Unidas Podemos y que busca regular el precio de los alquileres en España, ya sea estableciendo topes en algunos casos o incentivando su abaratamiento en otros.
Según precisó el martes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta limitación se aplicará en las denominadas zonas tensionadas, una calificación que se adoptará a petición de las comunidades autónomas. Se tratará de aquellas áreas o poblaciones en las que se produzca una combinación de subida de precios excesiva y de elevado esfuerzo financiero para las familias, por lo que lo previsible es que la norma tenga su impacto fundamentalmente en determinados barrios o distritos de las grandes poblaciones.
De acuerdo a los últimos datos del portal inmobiliario Idealista, el precio de los alquileres en Extremadura es el más bajo del país, con 5,6 euros por metro cuadrado, a bastante distancia de la media nacional, 10,5 euros. En esta línea, la Junta de Extremadura incidió ayer en que en la región actualmente no se dan zonas «tensionadas» de alquiler, entre otras cuestiones, arguyó, por las políticas públicas desarrolladas en los diferentes planes de vivienda.
La Junta cree que en este momento no hay zonas tensionadas de alquiler en la región, pero considera que la futura ley contiene «instrumentos útiles»
En todo caso, en el supuesto de que se diera una circunstancia de esas características, fuentes del Ejecutivo extremeño consultadas por Europa Press consideraron que dentro de la futura ley de vivienda estatal se encierran «instrumentos útiles» para afrontar la situación. En concreto, se destacaron los dirigidos a facilitar que el esfuerzo inversor para el acceso a la vivienda sea «razonable» y las familias no tengan que destinar «más de un 30% de sus ingresos» al pago de la misma.
A falta de conocer con detalle la normativa, la idea es que la limitación de precios para los grandes tenedores de inmuebles solo se aplique para aquellos propietarios constituidos como personas jurídicas. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, estimó que serán unos 150.000 los pisos que podrían ver regulado el precio del alquiler con la nueva ley.
La información más aproximada sobre dónde podrían estar ubicados estos inmuebles es la que ofrece la Dirección General del Catastro y que está desagregada por comunidades autónomas (a excepción de Navarra y País Vasco, que tienen sus propios organismos catastrales). Conforme a ella, los titulares de diez o más inmuebles urbanos en España superan los 290.000, cifra que comprende tanto a personas físicas como jurídicas, ya sean estas últimas públicas o privadas, y que suma viviendas pero también plazas de garaje, locales u otro tipo de inmuebles. Andalucía (47.495 titulares), Cataluña (45.287), Comunidad Valenciana (36.632), Castilla y León (29.708), Galicia (26.647) y Madrid (26.573) son los territorios que concentran mayor número de estos propietarios, de los que en Extremadura hay registrados 4.784. La mayor parte de ellos (4.109) aparecen con entre 11 y 25 bienes, mientras que los que poseen entre 26 y 50 son 415 y el número de los que pasan del medio centenar de propiedades urbanas se sitúa en 260.
Ley futura ley de vivienda también incluirá un impuesto a las que estén vacías mediante un recargo del IBI de hasta el 150%. En este caso serán los ayuntamientos los que, si lo desean, podrán incrementar el gravamen. A Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, lo que se ha conocido de la normativa hasta el momento le parece «una barbaridad que va a causar el efecto contrario al que se pretende, va a constreñir aún más la oferta y generará inseguridad e incertidumbre», esgrimió ayer.
«Esta ley es una barbaridad que va a causar el efecto contrario al que se pretende, va a constreñir aún más la oferta»
Sobre el recargo del IBI, se mostró contrario a la aplicación de medidas «coercitivas» como esta, ya que «no han funcionado nunca en ningún sitio», a la vez que argumentó que «aquellos grandes tenedores» que mantengan sus viviendas sin salir al mercado «lo van a seguir haciendo» aunque se les aplique este incremento en el impuesto, «ya que seguramente no se trate de un castigo que no vayan a poder asumir».
En cambio, aventuró que la normativa encarecerá la compra de vivienda, ya que «a los promotores les resultará más caro» abordar los proyectos a causa de la obligación de reservar el 30% de las promociones para vivienda protegida. «Es una ley que va a provocar una escasez de oferta en el mercado de venta y por supuesto en el del alquiler», resumió Gragera, quien defendió «la vía de los incentivos fiscales» para aumentar el parque dedicado al arrendamiento «sin la necesidad de tener que amenazar ni gravar a los propietarios».
La concejala de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, María Ángeles Costa, recordó que en la normativa municipal cacereña «ya estaba incluido» un recargo del 50% para las viviendas vacías «pero nunca se ha podido aplicar porque no había una regulación clara y concreta al respecto». A su juicio, esta normativa constituye ahora «una medida positiva independientemente del incremento que al final se pacte por parte del Gobierno. Lo importante para nosotros es que haya esa regulación específica». Para Costa, iniciativas como esta incentivan el alquiler y no deberían detenerse solo en los usos residenciales. «Cáceres tiene un gran problema con los locales comerciales y estas medidas también se tendrían que extrapolar a ellos», apostilló.
«Cáceres tiene un gran problema con los locales comerciales y estas medidas se tendrían que extrapolar también a ellos»
Por su parte, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, lo tiene claro: «Nunca vamos a subir el IBI en un 150% a los propietarios de viviendas». Pizarro calificó de «sorprendente que un acuerdo que puede ser importante se lleve a efecto para cuadrar las cuentas. Suena más a electoral que a ayudar al prójimo», informa Raquel Rodríguez. De hecho, en su opinión, no será una ley «que ayude a quien tiene que pagar el alquiler y atenta contra la propiedad privada».
Respecto a la situación de Plasencia, Pizarro afirmó que no tiene las mismas dificultades que otras grandes ciudades porque «no hay problema de precios, aunque el problema está en el parque de viviendas en alquiler».
«Nunca vamos a subir el IBI en un 150% a los propietarios de viviendas. La ley atenta contra la propiedad privada»
Desde el Ayuntamiento de Mérida se prefirió no hacer valoraciones sobre una normativa que, se arguyó, no está aún aprobada.
