La dureza propia del trabajo del campo o el uso frecuente de maquinaria, pero también la precariedad laboral y la falta de prevención. Son los factores que están detrás de la siniestralidad laboral en el campo, que en los últimos años no ha adoptado las medidas de seguridad propias para sus labores disponibles en el mercado. Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Obrera de Cataluña (UOC), que apunta además que Extremadura es una de las regiones donde estos siniestros son más graves por el elevado grado de mecanización de las tareas agrarias. 

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, uno de cada cuatro accidentes laborales en Extremadura se registra en este sector (21,6%) y las muertes llegan al 35%. Solo en el primer semestre de 2021 han fallecido cinco trabajadores, que se suman a otras ocho muertes que se produjeron en 2020. La última víctima ha sido un hombre de 50 años que perdió la vida en un accidente de tractor en una pedanía de Alburquerque a finales de septiembre; sin embargo, el siniestro más grave tuvo lugar el pasado enero: el fallecimiento de tres trabajadores que retiraban camalote en el río Guadiana a su paso por Badajoz. 

El estudio de la UOC, publicado en la revista científica Safety Science, analiza más de 150.000 accidentes de diferente índole y gravedad ocurridos entre los años 2013 y 2018 en España para tratar de identificar los motivos de la elevada siniestralidad en la agricultura. Se identifican varios, entre ellos el riesgo propio de la actividad, el uso de frecuente y continuado de maquinaria y la dureza física del trabajo, pero también el perfil del empleado o la precariedad laboral: a medida que un sector es más precario, los trabajadores «tienen menos probabilidades de organizarse, reclamar sus derechos y estudiar las causas específicas de los accidentes, una cuestión de justicia social», se recoge. 

Según los expertos de la UOC, actividades como la agricultura apenas han sido objeto de investigaciones vinculadas a los accidentes laborales a pesar de ser el tercer sector con más siniestralidad en España, después de la industria química y la construcción, y el segundo en Extremadura. «El sector primario está infraestudiado aun siendo fuente de numerosos accidentes. Por lo tanto, las ratios persisten a lo largo del tiempo, porque industria y construcción han incorporado numerosas medidas de seguridad y en el caso de la agricultura no se han incorporado las mismas exigencias», explica Natalia Cugueró, profesora e investigadora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.

Andalucía, Valencia y Murcia registran cerca del 60% de los accidentes agrícolas ocurridos en España, unos territorios caracterizados por el desarrollo de una agricultura más intensiva y que suele disponer de mano de obra inmigrante. Se producen menos siniestros, pero más graves, en regiones como Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, zonas en las que el uso de maquinaria es mayor. No obstante, el informe también apunta que en un alto porcentaje de accidentes existe una sobreestimación de las capacidades propias y una escasa percepción del peligro por parte del trabajador, lo que le lleva a asumir «más riesgos». 

Uno de cada cuatro accidentes

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo arrojan que en el primer semestre de este año se han producido en Extremadura un total de 1.294 accidentes laborales en jornada en el sector de la Agricultura. Suponen el 21% del total registrado en la región (5.096) y un aumento del 1% con respecto al mismo periodo de 2020, que ya arrastraba un alza de casi el 6% en relación a 2019.

En los seis primeros meses del año se contabilizan cinco trabajadores fallecidos en este sector, lo que supone más de un tercio del total de las muertes laborales, que son 14. En términos generales, la siniestralidad laboral ha aumentado un 18% en Extremadura, si bien hay que tener en cuenta el parón de actividad que sufrió la economía española en 2020 debido a la pandemia, y que no afectó al campo. 

Ante estos datos, el responsable de la Federación de Industria de CCOO Extremadura, Saturnino Lagar, confirma que la prevención en riesgos laborales sigue siendo la asignatura pendiente del campo. «La formación en riesgos laborales prácticamente nula y el número de accidentes aumenta año tras año», afirma.

Además, las estadísticas podrían no estar recogiendo toda la realidad, ya que muchos profesionales del campo son autónomos y no se incluyen en los datos oficiales de siniestralidad laboral. Y por otra parte, la mayoría de accidentes con tractores, que suelen ser mortales, no computan como accidentes laborales porque se dan entre personas que ya están en edad de jubilación pero que siguen haciendo labores agrícolas, y para más inri con maquinaria muy antigua que ya no cumple los estándares de seguridad requeridos. 

¿Y las inspecciones? «Se hacen, pero no las suficientes», afirma, porque el campo es complicado: «los tajos cambian diariamente y las zonas de siembra son extensas. Habría que aumentar mucho la capacidad de trabajo de la Inspección para llegar a todo el sector». El uso de maquinaria envejecida y otras causas estructurales como el hecho de que sean los propios trabajadores quienes se doten de las herramientas para el trabajo (el convenio sectorial autonómico recoge incluso un plus salarial si el jornalero lleva sus tijeras, cuchillos o motosierras) tampoco ayudan a reducir la siniestralidad. 

Una de las posibilidades que plantea el sindicato es que la Guardia Civil se incorpore a esta labor de control, así como la puesta en marcha de la tarjeta Tarjeta Profesional Agraria (TPA), una de las novedades que se está tratando de incluir en el convenio del campo, ahora en negociación.

Se trata de un carné que certifica que el trabajador ha recibido formación en riesgos laborales, una medida que ya se implantó hace años en la industria y la construcción pero que aún no ha llegado al campo, según CCOO por la falta de un gran convenio a nivel estatal con normas y exigencias comunes a todo el país. 

Desde UGT, el responsable de la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA), Ricardo Salaya, defiende que la siniestralidad en el campo no es mayor que en otros sectores y que se mueve en los mismos términos de la media regional. «Es cierto que han aumentado las muertes, pero tres de ellas se han producido en un mismo accidente que fue muy muy grave», señala respecto a las estadísticas de 2021. Con respecto a la prevención de riesgos, apunta que «hay muchas empresas distintas», pero también grandes explotaciones donde «la gestión es muy profesional». En cualquier caso, recuerda que siempre «una persona que muerta en el trabajo es una tragedia». 

Más formación y concienciación

Para reducir la siniestralidad, el informe de la UOC plantea la puesta en marcha de planes de formación y concienciación sobre los riesgos laborales del sector primario, e incidir en la necesidad de adoptar medidas de protección y autoprotección tanto para personas con poca experiencia como con una dilatada trayectoria. «La formación a lo largo de la vida laboral es crucial para el trabajador para seguir evaluando los riesgos y protegerse bien de ellos», se explica.

Por lo que respecta a la Administración, se han de incrementar los esfuerzos de investigación. Es más, «la falta de control podría estar ocultando la situación de precariedad de algunos trabajadores», por lo que estas cifras podrían incrementarse.

Por último, el informe apunta además que la agricultura es un sector con una importancia «capital» para la sostenibilidad ambiental y probablemente en el futuro se verá intensificada, por lo que la adopción de medidas para reducir los accidentes debe ser prioritaria. A ello se suma el incremento de la tecnología para una mayor eficiencia, lo que a su vez demanda más formación. “Si se intensifica el uso de maquinaria pero no se imparte la formación adecuada, el resultado es el incremento de la productividad, pero a un coste de mayor accidentabilidad grave”, apunta el estudio.

La visión de las Opas: Maquinaria obsoleta y mano de obra envejecida

Las organizaciones profesionales agrarias apuntan a otro factor clave relacionado con la siniestralidad laboral en la agricultura: la falta de relevo generacional, tanto de los profesionales como de la maquinaria utilizada. En el campo extremeño hay más tractores de 20 años que nuevos y solo el 20% de los agricultores es menor de 40 años.

«Tenemos una población activa bastante envejecida y es frecuente el uso de maquinaria peligrosa; tratamos de extremar las precauciones, pero el riesgo cero no existe», recuerda el secretario general de UPA-UCE en Extremadura, Ignacio Huertas.

A juicio de la organización, se trata de «un cúmulo de circunstancias», aunque por otra parte también considera «normal» que las cifras de siniestralidad del sector agrario sean superiores a las del resto teniendo en cuenta lo que este sector supone para el PIB extremeño. 

«Hay que regenerar, favorecer ayudas para que los mayores abran la puerta y los jóvenes se interesen por el sector», añade Juan Metidieri, líder de Apag Extremadura Asaja. En este sentido, recuerda lo que ocurrió el pasado junio con la última convocatoria del Gobierno central para la renovación de maquinaria agrícola: en menos de una hora las solicitudes presentadas agotaron el presupuesto disponible, de 2,5 millones de euros. 

El Ministerio de Agricultura aprobó en marzo de 2020 un real decreto que prohíbe traspasar los tractores con más de 40 años sin estructura de protección homologada (excepto en las herencias). El objetivo de la medida es reducir la siniestralidad en el campo, y también «la progresiva adaptación» del parque de maquinaria agrícola a los nuevos objetivos medioambientales y climáticos.

Las estadísticas de inscripción de maquinaria agrícola no recogen cuál es la proporción de las transmisiones de esta clase de vehículos que supera los 40 años, pero sí evidencian que la mayor parte de ellas corresponden a vehículos considerablemente antiguos. 

De todos los cambios de titularidad de tractores contabilizados el año pasado, el 81% (881 de 1.078) superaban los 20 años. La cifra sobrepasa ampliamente a la de inscripciones de tractores nuevos que se formalizaron durante ese ejercicio, que ascendieron a 623. Y lo mismo ocurre con los remolques: hubo 310 cambios de titularidad y el 54% (184) tenían más de 20 años.