Sindicatos y patronal se reunieron ayer con el principal objetivo de buscar un acuerdo en uno de los aspectos fundamentales del convenio del campo, el del cómputo anual de la jornada de trabajo, y el encuentro volvió a cerrarse sin acuerdo. Mientras que la cifra puesta encima de la mesa por las organizaciones agrarias fue la de 1.800 horas, los sindicatos plantearon 1.768. Esta última es la que había estado recogida en los anteriores convenios sectoriales firmados, si bien actualmente la que está en vigor es la contemplada por el Estatuto de los trabajadores (1.826 de máximo), una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) declaró nulo el convenio del campo que se había pactado en 2020. El fallo se produjo después de que la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex) lo impugnase arguyendo que las partes que negociaron no tenían la suficiente representatividad.

«Las 1.800 horas son una cifra intermedia entre lo que ellos pretenden y lo que hay ahora, pero lo que no vamos a hacer es volver a un convenio, el anterior, que precisamente denunciamos nosotros», apuntó ayer el director gerente de Afruex, Miguel Ángel Gómez-Cardoso. «Lo único que pretendemos es equiparar el convenio del campo en Extremadura con el que hay en otras regiones, donde los sindicatos sí han firmado las 1.800 horas o algo cercano a ellas. No entiendo por qué aquí no están dispuestos a asumirlo. Igual lo que quieren es que desaparezca el sector en la región», remachó.

Ambas partes se reunirán de nuevo en diciembre, a la espera de los cambios que el Gobierno pueda introducir en la normativa laboral

Desde el lado sindical, se arguye que este planteamiento implica no asumir la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los empleados agrarios. «Lo que plantean es un incremento de la jornada respecto a las condiciones que contemplaban los anteriores convenios. Entendemos que es un desatino, porque la subida del SMI es para beneficiar a los trabajadores, no para que ellos asuman una parte a costa de su salario», argumentó Ricardo Salaya, secretario general de UGT FICA Extremadura. Este responsable sindical reconoció los «serios problemas de competitividad» que tiene el sector agrario, derivados de un mercado internacional «muy abierto» en el que se compite con países con unos costes salariales muy reducidos, pero incidió en que no es viable rivalizar en esta materia con países como los del norte de África. En su lugar, agregó, «nuestras empresas deberían estar planteando estrategias basadas en la mejora de sus mecanismos de comercialización o producción».

En esta misma línea, Jesús Martín, secretario de Acción Sindical de CCOO-Industria Extremadura, subrayó que «el 90% de los puntos casi que los tenemos cerrados, pero en aumentar la jornada a los trabajadores no hay acuerdo posible. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. No ha ocurrido en ningún convenio en España, lo que se intenta siempre es que vaya a menos o, en todo caso, congelarla», esgrimió. «El único escollo que hay es que ellos quieren aumentar la jornada y así rebajar el precio de la hora», insistió.

Falta de mano de obra

Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura Asaja, vaticinó por su parte que va a ser «muy complicado» llegar a un acuerdo para este convenio, que es el que afecta a mayor número de trabajadores de la región. «Si ves que una de las partes no se mueve de su posición de partida, mientras que solo la otra está dispuesta a hacerlo, es muy difícil», aseveró, al tiempo que recordó el grave déficit de trabajadores que acusa el sector. «Tenemos muchísima falta de mano de obra y este es un problema que tendríamos que abordar todos de manera conjunta», apostilló. 

«En una negociación tienen que ceder ambas partes», coincidió el presidente de COAG Extremadura, Juan Moreno. «Entendemos que sí se deben incrementar esos minutos más diarios de jornada, sobre todo viendo la escasez de mano de obra que hay tanto en recolecciones como en labores que requieren una cierta cualificación, como las de poda, que muchos agricultores están dejando de hacer porque no encuentran quienes las realicen», adujo. 

Ambas partes volverán a sentarse a negociar en diciembre, un plazo que se dan a la espera de ver qué cambios normativos puede introducir el Gobierno antes de final de año en la legislación laboral. «Hasta que no los conozcamos es difícil firmar un convenio, porque es posible que luego tuviésemos que rehacer muchas cosas», aclaró Miguel Ángel Gómez-Cardoso.