La propuesta es aún muy incipiente, pero en la región con mayor déficit de infraestructuras de España no ha sentado nada bien. Si finalmente el Gobierno central materializa su idea de cobrar peajes por el uso de las autovías nacionales a partir de 2024, los extremeños tendrán que pagar 4 euros por viajar de Badajoz a Madrid; 3,5 euros por desplazarse de Plasencia a Sevilla o 1,20 euros para ir de la capital pacense a Mérida. En este último caso, se trata de un trayecto que «cada día realizan cientos de personas para trabajar y que a lo largo del año supondría un desembolso de 300 euros».
Son cálculos realizados por la Unión de Consumidores de Extremadura (Ucex), que ayer mostró su frontal rechazo a la idea después de que el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, reconociera el pasado martes que las intenciones del Ejecutivo no han cambiado y que continúa trabajando en la implantación de los nuevos peajes para su entrada en vigor a partir de 2024.
El Ministerio de Transportes no habla de peajes, sino de «tarificación» por uso de la red viaria de carreteras españolas, a razón de un céntimo de euro por kilómetro. En Extremadura son 535, entre la A-5 (Badajoz-Madrid) y la A-66 (a Salamanca y Sevilla). El objetivo es doble: la conservación de las vías a cargo de los usuarios y la apuesta por el transporte sostenible.
«Todos y cada uno de los conductores pagamos impuestos que, entre otras cosas, se usan para conservar estas autovías; por tanto, ya estamos pagando por ellas», asegura la Unión de Consumidores. Según el colectivo, el perjuicio para los extremeños sería triple: en primer lugar porque todos los conductores, usemos o no esas autovías, estamos pagando el impuesto de hidrocarburos, que supone alrededor del 50% del precio de cada litro de combustible; en segundo lugar, por el propio peaje que se nos cobraría; y, por último, por el encarecimiento generalizado en todo tipo de productos al subir el coste del transporte por estas vías.
Sin alternativas
A ello hay que añadir además que las distancias en Extremadura son mucho más largas que en otras regiones al tener las dos provincias más grandes de España, y algo mucho más importante: que la alternativa del transporte público que propone el Gobierno para evitar pagar esos peajes no es válida en una región que no cuenta con trenes ni autobuses que puedan sustituir al coche particular.
De momento, la Junta de Extremadura no se pronuncia, pero sí lo han hecho ya los grupos de la oposición. El líder del PP, José Antonio Monago, también ha advertido que Extremadura será una de las regiones más perjudicadas por los peajes, que «van a doler, y mucho», al bolsillo de los extremeños. «No tenemos un tren del siglo XXI y apenas conectividad a través del avión», señala para después recordar que la mayoría de las mercancías salen por carretera.
No en vano, desde la Asociación Provincial de Empresarios de Transportes de Extremadura critican que este sobrecoste va a llegar al consumidor final. «Recorremos unos 8.000 kilómetros por vehículo, por lo que tendríamos que elevar unos 80 euros por mes el precio de nuestros productos», estimó ayer Miguel Ángel Sánchez en declaraciones a Canal Extremadura.
La Asamblea ya debatió en mayo una propuesta del PP para exigir al Gobierno central que no se aplicaran los peajes, pero no salió adelante por el voto en contra del PSOE. Los socialistas alegaron que las reformas fiscales propuestas a Europa «no van a llegar hasta que no se produzca la recuperación económica». Entonces será el momento de ver qué plantea el Gobierno para abrir «un debate real y constructivo» con la posibilidad de introducir por ejemplo criterios de renta, con posibles deducciones para quien no tiene otro medio para ir a su trabajo», defendió el diputado Juan Ramón Ferreira.
Ciudadanos, que también en mayo preguntó por este asunto a la consejera de Movilidad, Leire Iglesias, pidió a la Junta que «alce la voz» para defender los intereses de los extremeños. Iglesias insistió en que una medida así no se aplicará sin consenso, pero también recordó que el mantenimiento de las carreteras «se paga todos los años». Desde Unidas por Extremadura también se han mostrado en contra, al igual que ha hecho el partido nacional, en un desacuerdo que amenaza con abrir incluso una grieta en el gobierno de coalición.
