La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad reforzará su plantilla con plazas provisionales para cumplir «en tiempo y forma» con la gestión de los fondos Next Generation de la UE. Este área será uno de los objetivos clave del programa y ante las dudas de la oposición sobre la capacidad para gestionar tal volumen de recursos, la consejera, Olga García, ha transmitido en el pleno de este jueves su compromiso «de máxima dedicación». El objetivo, según ha dicho en una comparecencia a petición del PP, lograr una región «climáticamente neutra» y sobre todo, más competitiva.
García ha explicado que Extremadura tiene asignados cerca de 180 millones de euros de fondos Next Generation para su departamento, que se destinarán entre otros al fomento del coche eléctrico, el autoconsumo, la rehabilitación de edificios o las obras hidráulicas. Los presupuestos autonómicos para 2022 ya contemplan 31,5 millones transferidos y para lograr una ejecución ágil, la consejera ha señalado que se recurrirá a varias fórmulas.
La primera, un refuerzo del personal con contrataciones eventuales. También se contemplan los convenios con consejos profesionales, acuerdos con entidades colaboradoras, encargos o encomiendas de gestión y la posible colaboración con las diputaciones provinciales.
García, que ha destacado la transparencia en la planificación, lamenta que la oposición se dedique a «sembrar dudas, cuestionar capacidades y utilizar argumentos reiterativos y caducos», informa Efe.
El diputado del PP Bibiano Serrano ha mostrado su preocupación por la «incompetencia» de una consejería con «una gran responsabilidad», al tener asignados más de un tercio de los fondos que van a venir en los próximos años.
Y es que según Serrano, en el programa operativo 2014-2020 de 175 millones presupuestados para eficiencia energética o conservación del medio ambiente, entre otros, la Junta solo ha gastado 78,3 millones, el 44%. «Ustedes son verdes de pacotilla», le dijo a García.
Desde Ciudadanos, Fernando Baselga se ha referido a «una falta clara de difusión» de las convocatorias de ayudas y ha criticado que «tanta burocracia» impida la ejecución total de los fondos.
La portavoz del grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, reclama que el nuevo modelo productivo se base en una transición ecológica «justa y social», que sirva para «atajar la pobreza energética.
