El sector público en Extremadura gana unos 5.000 empleos desde la crisis del covid

Un mes antes de que irrumpiera el coronavirus, en febrero del 2020, la región extremeña contabilizaba 78.487 afiliados medios que trabajaban en la Administración. Un año después, en febrero del 2021 (en plena tercera ola de covid), sumaba ya 83.257 trabajadores públicos. Unos meses más tarde, en agosto la cifra alcanzó casi las 85.000 personas que trabajaban en la administración y el pasado septiembre (último dato mensual disponible) la cifra bajó ligeramente hasta los 82.429 empleos, un dato también por encima de los 78.487 trabajadores que había en el mismo mes del 2019. 

Las administraciones tuvieron que redoblar esfuerzos para afrontar la pandemia y multiplicaron sus recursos humanos para mantener los servicios públicos en funcionamiento, especialmente los sanitarios y educativos, pero también los servicios administrativos que tuvieron que gestionar prestaciones, ertes, bajas o las propias ayudas que se han puesto en marcha para mitigar el golpe de la crisis. Y todo esto mientras el sector privado reducía su pulso y perdía trabajadores. Pero el tirón del sector público no se ha dejado notar solo en Extremadura, sino que es común en el conjunto del país, donde una cuarta parte de los nuevos afiliados durante el último año pertenecen a las administraciones estatal, regionales o locales.

El 37% tiene contrato temporal en Extremadura

Pero no todo el empleo creado en el sector público es de calidad. La precariedad, de hecho, es la otra cara de la moneda de la que avisan los sindicatos de la comunidad. Porque han aumentado las contrataciones pero también la temporalidad. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), referida el tercer trimestre de este año, el 37,6% de los trabajadores extremeños del sector público tienen un contrato temporal, frente al 35,1% del primer trimestre del 2020. Los datos de la región son superiores a la media nacional, que pasa de una temporalidad del 27,5% antes de la irrupción del covid a un 31,6 en la actualidad. Porque los nuevos empleos creados desde que arrancara la pandemia tienen, en su mayoría, una duración limitada.

«El aumento de empleo público no corresponde a plazas estructurales y son consecuencia de la crisis, que desgraciadamente ha puesto de manifiesto la precariedad de las plantillas, ya que se han tenido que reforzar porque han venido adelgazando en los últimos años con las ofertas de empleo público», apunta Benito Román, presidente de CSIF Extremadura, que asegura que han contemplado en los últimos meses un aumento de los contratos a media jornada «e incluso por horas». La manera, insiste Román, en que las administraciones han visto la posibilidad de ahorrar a costa de la calidad de los servicios públicos. 

El líder de CSIF aprecia también que esas contrataciones de refuerzo extras que ha requerido la pandemia se están reduciendo progresivamente y recortando el presupuesto para la contratación de personal. A su juicio, los servicios públicos básicos, como lo son la sanidad o la educación, «no entienden de crisis y debería ser lo primero que se protegiera y no se ha hecho». Un ejemplo claro de ello, indica, son las tasas de reposición que se han impuestos en las ofertas públicas de empleo año tras año. «Es necesario acabar con esta limitación para poder crear las plazas que son realmente necesarias en el sector público y para evitar que alguna se sobrepase, hay que mantener controles e inspecciones, pero no pueden pagarlo ni los trabajadores ni los ciudadanos que necesitan de unos servicios públicos de calidad». Román urge también una planificación de las necesidades reales en todos los servicios, «porque en la crisis hemos visto que se necesitaba personal y porque precisamente se carecía de ello de entrada.

Déficit acumulado

En la misma línea se expresa Mari Ángeles Rodríguez, responsable de Acción Sindical de UGT Extremadura. «Es cierto que desde que comenzó la pandemia ha habido un aumento de los empleos públicos pero no son plazas estructurales, sino contratos temporales motivados por la crisis que en los últimos meses, además, están descendiendo y esto no debería ser así». Rodríguez tiene claro que el sector público, y sus empleados, son el que han tirado de la crisis que ha provocado el coronavirus, dentro y fuera de Extremadura. «Es el que ha estado al pie del cañón y ha sacado adelantes esta situación. Son esenciales y necesarios», insiste.

La responsable de UGT apunta también a la precariedad de los servicios públicos que se ha destapado precisamente a raíz de esta crisis. «Se ha puesto claramente en evidencia la necesidad de personal; si se han tenido que reforzar tanto los servicios esenciales es porque ya existía un déficit muy grande», señala. Y entre las razones de ese déficit, de nuevo, la tasa de reposición impuesta en las ofertas públicas de empleo desde hace una década y que ha supuesto la desaparición de plazas estructurales «y ha inflado mucho la temporalidad. Ahí está el problema».