Las administraciones públicas han abusado de los contratos temporales y eso ya le ha valido más de un tirón de oreja de las instituciones europeas y también de los propios interinos, que llevan años, lustros e incluso algunos décadas encadenando contratos temporales y reclamando que cese el abuso. En 2017 se acordó rebajar la tasa de temporalidad al 8% en 2020. Se aprobaron ofertas de empleo público extraordinarias, pero según la última Encuesta de Población Activa esa tasa sigue superando el 30% en general en las administraciones públicas.
El pasado julio hubo otro intento de solucionar este problema, con un decreto ley consensuado por el ministro Miguel Iceta y los principales sindicatos para estabilizar el empleo público mediante oposiciones en las que se puntuara al máximo legal (un 40%) la experiencia profesional. Pero ahora ese acuerdo se desecha y se pretende desatascar la ley para frenar el abuso de interinos con un acuerdo político alcanzado este jueves por PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV, según el cual se hará fijo a los interinos que lleven más de cinco años ininterrumpidos (desde el 1 de enero del 2016) ocupando un mismo puesto de trabajo. No tendrán que hacer oposiciones pero sí optar a un concurso de méritos. Pero esta, a juzgar por las primeras reacciones, tampoco será la solución definitiva a un problema que comienza a enquistarse en España.
«Desde luego no estamos de acuerdo, es una chapuza y somos escépticos. Están pensando en plazas, no en personas. ¿Quién en sanidad o en educación no ha cambiado de puesto en cinco años? ¿Y ahí no hay abuso?», ironiza Marisa González, la portavoz de la asociación extremeña Piltex, perteneciente a la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal. La primera razón por la que se muestra en contra del acuerdo es que este no cumple con la normativa europea, que establece que no se pueden encadenar contratos temporales durante más de tres años. «Lo de los cinco años es ilegal, se lo han sacado de la manga». Y aunque las administraciones son reacias a poner cifras al problema, González sostiene que son más de 33.000 los trabajadores extremeños que superan el límite legal de tres años como interinos y que, por tanto, estarían en fraude de ley en el conjunto de las administraciones públicas extremeñas.
Tendrá poco efecto en sanidad y educación
De esta forma, según sus estimaciones, el nuevo acuerdo beneficiaría a un porcentaje muy bajo de esas 33.000 personas. «Los trabajadores de la educación y la sanidad principalmente no mantienen un solo puesto temporal continuado durante más de cinco años y un médico que lleva 10 años como interino cambiando cada x meses también está en abuso; en la administración general, no obstante, sí puede haber más personas que cumplan los requisitos, unas 4.000», cuenta González. Por eso, el colectivo seguirá con su hoja de ruta de movilizaciones y continuará acudiendo a los tribunales. «Esto no tiene visos de solucionarse a corto plazo y la solución la esperamos por parte de la justicia».
Muy diferente es la valoración que hace la Junta de Extremadura, que no ofrece datos sobre el número de empleados públicos afectados «hasta conocer el texto definitivo que se está tramitando en sede parlamentaria». El propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, consideró ayer «una buena noticia» este acuerdo, a la espera de ver la «letra chica», informa Efe. A preguntas de los periodistas, reconoció que es una «anomalía» que un trabajador público pueda llevar en el mismo puesto 12 o 14 años. Desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública consideran que este acuerdo ayudará a rebajar la temporalidad al 8%, el objetivo de las administraciones, y «aportará seguridad a los extremeños para desarrollar su proyecto de vida».
Piden prudencia y seriedad
No lo ven tan claro los principales sindicatos de la región. Desde CSIF Extremadura, su presidente, Benito Román, pide «prudencia» y «seriedad» porque está en juego el futuro miles de personas, tanto de los trabajadores temporales como de aquellos que quieren acceder a la función pública. Lo que sí tiene claro Román es que «las administraciones públicas y los distintos grupos políticos han originado la tasa de temporalidad más alta y sonrojante de la historia». Y exige, sobre todo, certidumbre y garantías jurídicas y constitucionales para evitar que los tribunales tumben cualquier decisión que se adopte ahora y engorde el conflicto.
Por su parte, Esther Ávila, la secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, cree que este acuerdo «complica» más la situación y considera que se debería respetar el decreto consensuado con los sindicatos este verano, que sí mantenía la oposición, lo que a su juicio conjuga mejor las oportunidades tanto para los interinos como para los nuevos aspirantes. Ávila reconoce que este nuevo acuerdo le genera aún muchas dudas, opina que de entrada marcar un límite temporal (de cinco años en este caso) es «discriminatorio» y urge «seguridad» para evitar judicializar más el asunto.
Por último, Mª Ángeles Rodríguez, secretaria de la Federación de Servicios Públicos de UGT, apunta que es demasiado pronto para hacer valoraciones. «Tenemos que esperar a ver el acuerdo definitivo porque puede variar mucho hasta que pase por el Congreso. Hay muchos asuntos abiertos todavía». El conflicto, mientras tanto, continúa.
