María Luisa Aranda es veterinaria y vive en Jerez de los Caballeros. Aprobó dos veces unas oposiciones, en ambas se quedó a las puertas de conseguir plaza y lleva más de 20 años trabajando en la Junta de Extremadura con distintos contratos. Ahora tiene 52 años y dice que desde el 1997 nunca se han vuelto a convocar las pruebas que se preparó en su día. Catalina Suárez, por su parte, es de Fuente del Maestre, tiene 34 años y está opositando para lograr una plaza fija en la administración de Justicia. Aprobó las últimas oposiciones y desde julio trabaja como tramitadora procesal en el Tribunal Supremo con una interinidad.
Las dos son profesionales de la administración pública y esperan alcanzar la estabilidad laboral, pero están en circunstancias muy diferentes. Se han convertido, sin pretenderlo, en antagonistas de un conflicto que llevan 20 años alimentando las administraciones públicas y al que nunca han puesto remedio. Pero ahora han pasado a la acción. Hace una semana se alcanzó un acuerdo por el que los interinos que lleven más de 5 años en el mismo puesto de trabajo pasarán a ser personal fijo tras participar en un concurso de méritos. Con esto se pretende desencallar la ley de estabilización en la función pública y solventar una de las paradojas del mercado laboral español: que el Estado y las comunidades sean los responsables de buena parte de la temporalidad que existe en el empleo.
Pero, ¿es posible conjugar el derecho de los interinos que encadenan años de contratos temporales con las aspiraciones de los que quieren acceder a la función pública? No parece sencillo. La ministra de Hacienda defendió el pasado jueves la legalidad del último acuerdo -«se ha hecho un trabajo muy serio de estudio de la jurisprudencia para evitar la judicialización», dijo-, pero sindicatos y comunidades advierten del posible difícil encaje legal de este sistema.
Desde la asociación extremeña de interinos y temporales Piltex, llevan años denunciando el abuso de la temporalidad y aprecian un intento de enfrentarles con los opositores que buscan acceder a la administración pública. «Quieren desviar la atención diciendo que les vamos a quitar oportunidades, pero nosotros también hemos sido opositores toda la vida. Y no somos enemigos, somos víctimas de la administración», dice Marisa González, que también rechaza que la fijeza sea un regalo: «es un derecho por el abuso que han cometido las administraciones». El colectivo sigue luchando en Bruselas para exigir que se cumpla la legislación comunitaria, que establece el abuso de la temporalidad a partir de los tres años de contratos temporales, no a partir de los cinco años como quiere establecer ahora el Gobierno español.
Por contra, desde la asociación Adoaj se suman a las movilizaciones convocadas por el colectivo Defensa Turno Libre en Madrid el próximo 27 de noviembre para impedir que salga adelante esta medida, ya que consideran que «no es justo, ni cumple los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad por mucho que insistan en que sí lo hace». Pero al margen de la legislación, detrás de cada plaza (ocupada o por ofertar) hay una historia personal. Hablamos con cuatro interinas y opositoras para conocer su experiencia.
MARÍA LUISA ARANDA
«Llevo 20 años encadenando contratos en la Junta»
La historia de María Luisa Aranda con la administración pública comenzó tras aprobar dos oposiciones, una en 1994 de lo que entonces se llamaban veterinarios sanitarios locales y otra en 1997 al cuerpo de titulares superiores. Lo hizo con mucho esfuerzo porque además coincidieron ambas con los nacimientos de sus hijas. «En los dos procesos, en los terceros exámenes me quedé a las puertas de conseguir la plaza por décimas». Pero su buena posición en las listas hizo que pronto la llamaran para trabajar cuando apenas tenía 25 años. Con lo que no contaba es con que le cambiaran de categoría. «A los pocos que nos quedamos sin plaza nos recolocaron donde quisieron». Del cuerpo de funcionarios le pasaron en 2001 a laboral. "Y jamás ha habido oposiciones de laboral"
Trabajó durante un tiempo en un laboratorio de Salud Pública en Badajoz, luego hizo varias sustituciones en Montijo, Fregenal y Villafranca de los Barros. Y en 2001 la llamaron de la Consejería de Agricultura para trabajar en el Centro de Selección y Reproducción Animal de Badajoz, donde continúa 20 años después. Primero la contrataron por obras y servicios determinados durante dos años y los contratos se fueron encadenando hasta que en 2015 le comunicaron que pasaba a ser personal laboral indefinida no fija. En 2017, además, pusieron número oficial a su plaza y en 2019 y sin comunicación previa, la Junta sacó su plaza a concurso de traslado. «No me lo podía creer». Ahí inició una batalla judicial, que ahora mismo está en el Supremo. La persona que ocupó su plaza solicitó comisión de servicio y ella sigue ocupando ese mismo puesto como «laboral indefinida no fija adscrita a una plaza de funcionario». Pero ella ahora tiene 52 años, sigue sin plaza fija y denuncia que «nunca me han dado la oportunidad de luchar por lo mío». Reitera que jamás ha habido oposiciones de veterinarios laborales.
A priori cumple los requisitos fijados en el último acuerdo, por eso espera que se reconozca por fin el abuso y pueda estabilizar su empleo al que se dedica en cuerpo y alma desde hace más de dos décadas. Sin horarios en muchas ocasiones, con horas extras que nunca han sido compensadas y siempre con el temor de que cualquier día pudiera ser el último. «Sería una gran tranquilidad después de tantos años de sacrificio». Pero advierte: «esto no es un regalo, tenemos demostrado de sobra igualdad, mérito y capacidad», por eso recuerda a los opositores que no son enemigos. Otra cuestión, aclara, son los trabajadores que acceden a la administración a través de empresas públicas, donde hay una mayor opacidad en el acceso. "Contra eso es lo que debería luchar los opositores".
CATALINA SUÁREZ
«Los opositores estamos totalmente desprotegidos»
Natural de Fuente del Maestre, Catalina Suárez tiene 34 años y está opositando para los cuerpos generales de la administración de Justicia. Desde julio de este año trabaja como administradora procesal en el Tribunal Supremo, de forma interina, porque decidió pedir el traslado de la bolsa desde Extremadura a los órganos centrales, en Madrid, para poder ganar puntos de experiencia tras conocer los resultados de su últimas oposiciones. Aprobó en dos de los tres cuerpos a los que se presentó, pero no obtuvo plaza a pesar de que en una de las oposiciones tuvo más de 90 puntos (100 es el máximo). «Emocionalmente ha sido muy duro. La gente piensa que los opositores somos personas jóvenes que se dedican solo a estudiar y nada más lejos de la realidad. Yo llevo estudiando tres años, compatibilizando un trabajo en la empresa privada, con sueldos y jornadas precarias, con familia y estudios y es una situación insostenible en el tiempo».
Dejó su casa en Extremadura, donde sigue pagando su hipoteca, y abrió un nuevo hogar de alquiler en Madrid sin saber por cuánto tiempo, pero sin experiencia previa ya ha visto que no hay manera de poder lograr plaza.
Dice que los interinos que llevan años trabajando ya son privilegiados en las convocatorias de empleo. «Los opositores de Justicia hemos tenido que afrontar procesos selectivos sabiendo que ni sacando la máxima puntuación podríamos obtener plaza, ya que las últimas ofertas han sido diseñadas para que interinos de larga duración puedan tener su plaza con unas calificaciones que no pasaban del aprobado». Por eso, el último acuerdo le indigna aún más: «no contentos con lo anterior, ahora el gobierno decide que ni siquiera será necesario pasar por ese proceso selectivo hecho a medida. Si antes ya era un regalo, ahora se lo están dando a domicilio», lamenta. Por eso, Catalina saldrá a la calle a manifestarse el 27.
No obstante, esta extremeña señala que esto no es una lucha entre funcionarios e interinos de corta duración y opositores libres en contra de los interinos de larga duración. «Empatizamos con su situación y sabemos que los culpables son el gobierno, los partidos políticos y los sindicatos. Lo que no entendemos es por qué, para dar solución al problema de unos pocos, se perjudica sobremanera a una mayoría que creyó en la cultura del esfuerzo y el trabajo». ¿La solución? «No es rápida ni sencilla, pero se debería empezar por tomar medidas que fueran mitigando la temporalidad sin vetar el acceso a la administración». De otra manera, insiste, «los opositores nos encontramos en una situación de vulnerabilidad y total desprotección, actualmente completamente desolados y silenciados».
REGINA DOMÍNGUEZ
«En Turismo no se convocan oposiciones desde 2006»
Regina Domínguez es otra extremeña que, aún algo incrédula, espera convertirse en fija. Y a ella, dice, tampoco le va a regalar nadie nada. Lleva ocho años trabajando como interina en la Dirección General de Turismo, en el Servicio de Promoción, Ordenación y Productos Turísticos. Aprobó una bolsa de empleo que convocó la Junta en 2010 y en 2013 la llamaron para ocupar una plaza que no está vacante, sino en comisión de servicio. Desde entonces permanece en el mismo puesto de trabajo en Mérida. Y en todo este tiempo, cuenta, no se han convocada plazas de lo suyo en ningún momento, «sino me hubiera presentado, por supuesto, pero no he tenido la oportunidad».
Su caso es de abuso de temporalidad y podría beneficiarse del acuerdo que está en tramitación. «Hay que ver cómo se materializa, pero yo espero que nos den ya una solución definitiva. La administración ha creado situaciones excepcionales que necesitan soluciones excepcionales. Solo queremos que se aplique la legislación en Europa».
Para ella, desde luego, supondría poner fin al temor y a la incertidumbre con la que convive desde hace ocho años. En este tiempo Regina, que ahora tiene 44 años, ha ido haciendo su vida. «Es que no somos números, somos personas con proyectos, con hijos y con dedicación por nuestro trabajo. Yo no he parado nunca de formarme para hacer mi trabajo lo mejor posible. Y ahora mismo, después de tanto tiempo, ya no estoy en igualdad de condiciones con la gente que acaba de terminar la carrera y puede dedicar más tiempo solo a estudiar una oposición».
Esta emeritense no considera que se perjudique a los aspirantes que quieren acceder a la administración. «Oposiciones va a seguir habiendo, la gente se va jubilando todos los años y hay plazas para acceder, pero nos tienen que dar una solución a quienes estamos en abuso de temporalidad. Es un problema que lleva abierto 20 años y en algún momento hay que ponerle una solución», insiste. «Pero que quede claro que a nosotros no nos hacen un regalo, han sido muchas horas de estudio y sacrificio y llevamos muchos años trabajando en la administración donde hemos demostrado nuestra valía».
ANA INDIAS
«Hay docentes que llevan muchos años opositando»
Maestra de Primaria, Ana Indias lleva más de cinco años trabajando en el sistema educativo extremeño. Unos años con contrato para todo el curso y otros haciendo sustituciones -como este curso, que ya lleva dos contratos y espera pronto el tercero-. Compagina el trabajo con los estudios para volver a presentarse a las oposiciones de Primaria en 2022 y seguir luchando por una plaza fija, pero considera que este acuerdo para dar estabilidad al empleo puede ser positivo. «Yo estoy en buena posición en las listas y quizá podría beneficiarme, pero evidentemente entiendo que alguien que esté al final de la lista y no tenga mucha opción de trabajar vea este acuerdo con otros ojos».
Ella tiene 35 años, es de Retamar aunque vive en Badajoz, y está expectante a conocer cómo se regula esta situación. «De momento dicen que en educación y sanidad van a extender el plazo». Y eso le da margen para seguir acumulando años de experiencia. Aunque insiste en que todavía hay mucha incertidumbre. Queda por ver, entre otras cosas, si es requisito necesario que el contrato no se interrumpa en ningún momento o si se considera que permanecer en el mismo puesto conlleve también el mismo lugar. «El acuerdo es ambiguo, pero entiendo que el puesto siempre es de maestra», insiste.
Cada persona que aspira a convertirse en docente sabe de antemano, antes de presentarse a cualquier oposición, que obtener una plaza de primeras no es fácil y se necesitan años de experiencia para sumar puntos en la fase de méritos. «Hay una gran cantidad de interinos que llevan años enfrentándose a oposiciones, realizando conciliaciones familiares casi imposibles. Con las maletas de un lado, dejando atrás la propia familia, a largas distancias del hogar, con el único objetivo de completar esos puntos que faltan para obtener la plaza fija». Y Ana considera que esos sacrificios «merecen un puesto fijo», aunque prevé que no serán muchos los interinos que lleguen a fijos por este acuerdo. «En educación contamos con que nuestro contrato, si tenemos suerte y cogemos una vacante, se traduce en una año completo de trabajo. Pero en la mayoría de las ocasiones estos contratos son temporales, porque nos dedicamos a cubrir sustituciones de meses o incluso de semanas, por lo que es prácticamente imposible que hasta la fecha propuesta para la resolución del acuerdo (final de 2024) consigamos esos 5 años». En cualquier caso, ella apoya la medida aunque «aún hay que leer mucha letra pequeña», dice.
