La Junta de Extremadura ha multiplicado por cuatro el presupuesto de las ayudas para que los jóvenes puedan comprar casas en los pueblos después de que la última convocatoria, lanzada en 2019, agotara el crédito disponible para todo un año en siete meses. El nuevo plazo de solicitud se abrirá de forma inminente, pues solo está pendiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Las ayudas están incluidas en el Plan de Vivienda 2018/2021 y van destinadas a menores de 35 años, que reciben una subvención de 10.800 euros por adquirir su primera vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes.
La última convocatoria se lanzó en enero de 2019 con un presupuesto de un millón de euros que se agotaron en solo siete meses, lo que obligó a la Consejería de Vivienda a cerrar la tramitación de forma anticipada y aumentar el crédito hasta los 4,8 millones de euros para hacer frente a las 550 solicitudes que se resolvieron de forma favorable. El Consejo de Gobierno aprobó la pasada semana la nueva convocatoria, que ya de partida cuenta con un presupuesto de 4,1 millones para atender a un número similar de solicitudes.
El objetivo de Junta es reducir el esfuerzo financiero de los jóvenes para adquirir una vivienda así como ayudar a fijar población al territorio, especialmente en municipios de pequeño tamaño integrados en el medio rural. Así, las subvenciones van destinadas a los menores de 35 años que adquieran su primera vivienda en propiedad en pueblos de menos de 5.000 habitantes. El precio de la casa no puede superar los 100.000 euros ni el solicitante tener unos ingresos superiores a tres veces el Iprem (unos 1.600 euros mensuales), si bien esta cuantía puede llegar hasta cinco veces el Iprem en caso de familias numerosas o personas con discapacidad.
La vivienda se debe destinar a residencia habitual y permanente y si se trata de un inmueble en obras, estas deberán haberse iniciado a la fecha de la solicitud. La cuantía de la ayuda será de hasta 10.800 euros, con el límite del 20% del precio de adquisición, excluidos los gastos y tributos inherentes al inmueble. Si la titularidad es compartida, el importe de la ayuda se determinará aplicando el porcentaje de cuota adquirida por cada parte.
Beneficios fiscales a partir de 2022
Para favorecer la compra de vivienda en los pequeños municipios, al margen de las ayudas directas y subvenciones la Junta de Extremadura también prevé aplicar a partir del próximo año una batería de ventajas y deducciones fiscales. Se recogen en la nueva ley de reto demográfico que está ahora en tramitación en la Asamblea de Extremadura y aspira a ser un referente en España en este ámbito.
Las medidas no incluyen rango de edad, pero en este caso serán de aplicación en municipios de menos de 3.000 habitantes, a los que se aplicará una «discriminación fiscal positiva». Estos pueblos son el 85% de los que conforman la geografía regional (330 de 388) y de ellos 123 en la provincia de Badajoz y 207 en la de Cáceres.
Así, se establece una deducción del 10% en la cuota autonómica del IRPF por la compra de vivienda (a partir de la entrada en vigor de la ley, y con un máximo de 904 euros al año si se cumplen todos los requisitos), una medida similar a la antigua deducción estatal por compra de vivienda que fue suprimida en 2013.
Para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (grava la compra de una propiedad de segunda mano) se propone un tipo reducido del 4% del valor del inmueble, hasta un máximo de 180.000 euros. También se aplicará ese 4% para adquisiciones destinadas a continuar con una actividad empresarial. Por lo que respecta al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (grava la formalización de hipotecas), también se gravará al 0,5%, frente al tipo general del 1,5%.
La ley de reto demográfico inició su tramitación como propuesta de ley consensuada por todos los grupos parlamentarios y tras superar sin dificultad el debate de totalidad, en estos momentos está en el trámite de comparecencias en la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. La previsión es que se apruebe y entre vigor en 2022, de forma que el impacto de las medidas fiscales ya se ha tenido en cuenta en los presupuestos de la Junta para el próximo ejercicio.
