Apenas algo más de la mitad de los 106,4 millones de euros que la región tenía asignados de los fondos covid estatales para subvenciones directas a empresas y autónomos ha ido a parar a ellos. Según las cifras que ha facilitado la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, hasta la fecha este departamento ha concedido un importe de 53,5 millones de euros correspondientes a 4.601 solicitudes de las 6.634 presentadas. Además, 1.409 han sido denegadas y 306 son duplicadas, por lo que únicamente 318 expedientes estarían aún en trámites de resolución cuando restan casi otros 53 millones de euros pendientes de adjudicar. El plazo para presentar solicitudes de la segunda convocatoria de estas subvenciones se cerró el 14 de octubre tras una ampliación de quince días al periodo inicial. Estos datos van en la línea de las estimaciones realizadas ayer por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que avisó de que Extremadura puede perder aproximadamente la mitad del dinero que se le había adjudicado por parte del Estado.

La Junta de Extremadura acordó a mediados de septiembre solicitar al Ejecutivo central la aplicación de los remanentes de la dotación asignada a la región con el fin de destinarlos, de manera finalista, a la financiación de ayudas de relanzamiento de la actividad económica. En este sentido, hace unas semanas, el consejero de Economía extremeño, Rafael España, señaló que se sigue a la espera de la respuesta del Gobierno “para poder usar esos excedentes de la convocatoria en medidas relativas a un plan de reactivación” de los sectores más castigados todavía por la pandemia e incidió en que habría que “focalizar sobre ellos las próximas ayudas”.

La primera convocatoria de las subvenciones directas financiadas por el Gobierno de España acabó en la región en julio. A finales de agosto, el Ejecutivo regional había pagado 28,5 millones de euros correspondientes a 1.946 solicitudes de ayudas, con 893 que se encontraban entonces en proceso de subsanación o que fueron denegados en primera instancia por incumplimiento de requisitos. Poco después la Junta aprobó la apertura de una segunda convocatoria con el objetivo de  "no perder" los 70 millones que quedaban disponibles. “Somos conscientes de que hay cuestiones poco flexibles e intentaremos con todas nuestras herramientas hacer lo posible para salvar ese dinero”, arguyó entonces la portavoz del Ejecutivo extremeño, Isabel Gil Rosiña. La principal novedad fue la ampliación de las actividades subvencionables abarcando a la práctica totalidad del tejido productivo, se subrayó.

Según las estimaciones de UPTA, solo dos comunidades autónomas, Canarias y Baleares, han logrado agotar el montante que podían utilizar, por lo que todas las demás regiones tendrán que devolver parte de estos fondos (en algunos territorios, calcula que hasta tres cuartas partes del total). En el conjunto del país apunta que las administraciones autonómicas deberán reintegrar más de 2.500 millones de euros de los 7.000 con los que contaban. Desde las organizaciones empresariales y de autónomos han atribuido este bajo nivel de adjudicación a los exigentes requisitos que imponía la norma estatal que las regulaba, el Real Decreto Ley 5/2021.