El Sindicato del Profesorado (PIDE) ha solicitado a la Consejería de Educación de Extremadura que los fondos extraordinarios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se destinen a las necesidades «reales y urgentes» de la educación pública extremeña, como son el incremento de plantilla necesaria en los centros para aplicar una bajada de las ratios, la vuelta a las 18 horas lectivas reales para todos los cuerpos docentes y a la creación de plazas en plantilla en todas las enseñanzas y urgentemente de apoyo en el aula de infantil, primaria, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y orientadores «que nos permitan atender adecuadamente a la diversidad de nuestro alumnado».

El sindicato recuerda que la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura recibirá 129,2 millones de euros del 2022 al 2024 con cargo de estos fondos y se destinarán 21 millones de euros en 2022 para adquirir 8.200 dispositivos tecnológicos (TIC), crear aulas digitales y capacitar al profesorado en estas nuevas herramientas, entre otras cuestiones. Pero para PIDE, «en los centros de educación pública en Extremadura existen otras necesidades más urgentes para la reparación de daños provocados por la crisis del covid-19 y solo construyendo una base sólida basada en el buen aprovechamiento de los recursos públicos, se puede mejorar el sistema educativo con plenas garantías». 

Por ello, cree necesario que los fondos extraordinarios de recuperación y resiliencia de la Unión Europea repercutan en su totalidad en la mejora de las oportunidades y atención al alumnado que permita su máximo desarrollo integral, «que esto solo se conseguirá con una mayor motivación de los docentes al disponer de tiempo suficiente para organizar, programar e impartir clases de una manera adecuada y eficaz». Insiste en que lo necesario es la disminución de las ratios, el ajuste de los horarios docentes y la creación de plazas en plantillas en todas las enseñanzas y urgentemente de apoyo para favorecer la educación personalizada, la atención a la diversidad y la reparación del daño actual y futuro causado por la crisis del covid-19.