Una de cada diez estaciones de servicio de Extremadura opera ya en régimen automático las 24 horas del día, después de que la implantación de este tipo de gasolineras haya crecido un 29% desde que arrancó la pandemia y julio de este año, conforme a los datos facilitados por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae). En poco más de un año, el número de estas instalaciones ha aumentado en al menos nueve en la comunidad autónoma, hasta totalizar 40, número que, se avanza desde esta patronal, se verá previsiblemente incrementado en los próximos meses con la apertura de varias gasolineras más a cargo de uno de los principales operadores del sector.
De acuerdo a las cifras de Aesae, elaboradas a partir de la información del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y que no contabilizan los surtidores de los hipermercados ni de las cooperativas agrarias, la provincia de Badajoz presenta un grado de penetración algo superior de este modelo, del 11%, mientras que en Cáceres es del 8%. A pesar de este crecimiento durante el último año, ambas provincias se encuentran por debajo de la media nacional (12,5%).
Un cambio normativo introducido por el Gobierno en el 2013 dio un paso más en la liberalización del mercado de la venta al por menor de hidrocarburos, tradicionalmente controlado en España por las grandes petroleras, y posibilitó, entre otras cuestiones, la entrada en el mercado español de un nuevo modelo de negocio: el de las denominadas gasolineras automáticas o desatendidas. Su progresión en los primeros años fue lenta, entre otras cuestiones por la limitación normativa que impusieron varios gobiernos autonómicos, recelosos de que estos negocios no contaran con personal. Sin embargo, desde la llegada del coronavirus el ritmo de aperturas se ha acelerado, creciendo un 22%, con 1.277 puntos de distribución de este tipo a finales del primer semestre de este año.
Aunque el desplome de la movilidad durante 2020 les afectó como al resto del sector, los menores costes fijos de este modelo de negocio y el hecho de permitir repostar sin tener que interactuar con otras personas le permitieron capear mejor la crisis. La progresiva supresión de barreras administrativas en algunas comunidades y unos precios de los carburantes de automoción disparados este año son elementos que están también jugando a su favor.
Ninguna instalación ha sido sancionada desde la aprobación de la norma que obliga a tener personal en estas gasolineras
Las gasolineras ‘low cost’ son aquellas que ofrecen un precio menor que las estaciones tradicionales pero no en todos los casos se trata de establecimientos desatendidos, que son los que no cuentan con la presencia de trabajadores en sus instalaciones, de manera que el usuario debe repostar por sí mismo previo pago del importe en un cajero automático. Desde Aesae se precisa que las estaciones a las que agrupa «están preparadas para funcionar sin personal las 24 horas, aunque hay socios que en horario comercial refuerzan el servicio con al menos un empleado». Una de las firmas que se decanta por esta segunda opción es Ballenoil, que este verano comenzó a operar en Extremadura con la inauguración de cuatro gasolineras en Badajoz (dos puntos), Mérida y Cáceres.
Extremadura es una de las regiones que ha promulgado normativas para obligar a tener personal en estas gasolineras. Hubo una primera regulación en 2017 que tuvo que modificarse por discrepancias con el Gobierno central en materia de competencia. El cambio llegó en 2019, con una modificación el Estatuto de los Consumidores que obliga a todas las estaciones de servicio a, o bien ser accesibles a personas con discapacidad, o bien tener un operario entre las 7.00 y las 22.00 horas. Según se informa desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, en la Inspección de Consumo en todos estos años no se ha tramitado «ninguna reclamación ni, por tanto, se ha impuesto sanción alguna» en relación a un incumplimiento de esta norma.
Limitaciones
«A lo largo del devenir de este modelo de negocio en Extremadura siempre se ha ido en la dirección de ponerle limitaciones, aunque luego no se hayan exigido», reconoce Manuel Jiménez Perona, presidente de Aesae, que sin embargo añade que la normativa sí ha tenido efecto de «barrera a las inversiones externas». «Lo que genera la normativa como esta, que no se aplica pero que existe, es inseguridad jurídica. A igualdad de volumen de circulación, si el inversor atisba que va a tener problemas legales en una región, se decide por otro sitio más seguro», argumenta, a la vez que señala que ya hay comunidades donde el nivel de penetración ronda el 20%, el doble que en Extremadura. «El esfuerzo económico que tiene que hacer un extremeño para llenar un depósito es mucho mayor que el de otros españoles que están en comunidades autónomas donde la presencia del modelo está mucho más implantada. En relación al poder adquisitivo, a lo mejor hace dos veces el esfuerzo que un valenciano», sostiene. En su opinión, «hay intereses para que la competencia no crezca más. La propia CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) dice que las estaciones automáticas desatendidas no solo mejoran el precio al que se compra en ellas, sino en toda su zona, por el efecto derrama, en un radio de acción que es de en torno a los 30 kilómetros».
En contraposición a este punto de vista, Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), resalta que en los carburantes no todo deber ser cuestión de precios. «Es necesario tener en cuenta que la gasolina anormalmente barata puede tener trampa», aduce, y recuerda que las «tramas de fraude de hidrocarburos» desarticuladas por la Guardia Civil en ocasiones suponen, además, «la venta de combustible adulterado que puede dañar seriamente los motores de los vehículos». Igualmente, esgrime, estas instalaciones no están obligadas a tener máquinas de inflar ruedas o de agua para el coche ni tampoco aseos.
