La palabra minusvalía no significa menos válido. La Real Academia Española (RAE) la define como «discapacidad física o mental de alguien por lesión congénita o adquirida». Pero la realidad es que tanto este término como otros empleados hasta ahora a menudo para hablar de la discapacidad siempre han tenido connotaciones sociales negativas. Por eso la tendencia en los últimos años ha sido eliminar de la sociedad la terminología despectiva. El último en dar ese salto ha sido el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), que está en plena tramitación para cambiar una de sus normas esenciales: la que establece el procedimiento de actuación de los centros base para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, que data del 2001. A partir de ahora será el grado de discapacidad. «Con el paso de los años hemos vivido cambios sociales en el uso del lenguaje y de aceptación de la diferencia que han ido acompañados de una evolución hacia la inclusión social. A este respecto, el lenguaje sobre discapacidad utilizado por parte de las administraciones públicas facilita que los términos incorrectos utilizados perjudiquen a las personas con discapacidad», explica el informe que motiva el cambio de terminología en esta normativa.

Y por esa razón, a nivel nacional ya se comenzó con el cambio de términos con la conocida como Ley de Dependencia del año 2006, pero en el Sepad quedaba aún pendiente ajustar esa normativa regional que ahora se modifica.

Más de 77.400 extremeños tienen reconocida una discapacidad igual o superior al 33%

Y se aprovecha este cambio no solo para desterrar la palabra minusvalía y adaptar el lenguaje a la realidad actual, sino también para lograr otras mejoras en este procedimiento de calificación del grado de discapacidad, que tienen reconocidas más de 77.450 personas en Extremadura con un grado igual o superior al 33%. «El tiempo transcurrido desde la aprobación de la norma (2001), unido a las importantes novedades surgidas en materia de simplificación y agilización administrativa, de implementación de procedimientos electrónicos o por la incorporación de figuras como la declaración responsable, entre otras, ponen de manifiesto la inaplazable necesidad de actualizar la normativa autonómica». 

Así, una vez sean aprobados los cambios (ahora se encuentran en fase de información pública), la tramitación del grado de discapacidad será más sencilla y más simple. Se permitirá a la administración verificar de oficio los datos necesarios para la tramitación del procedimiento y esto supondrá también una reducción significativa del tiempo de resolución, que ahora suele ser largo y se realiza en los dos Centros de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Cadex), uno en cada provincia. De hecho, la capital autonómica ha solicitado la creación de un tercer Cadex en la comunidad, que por ahora no contempla la administración «en los presupuestos para 2022», responden. 

También se harán modificaciones en la norma para facilitar una mayor compresión de las personas solicitantes, «que al mismo tiempo facilitará su gestión desde el inicio», explican desde la administración sanitaria.