El plan de choque del Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas para reflotar el sistema de la dependencia no alcanzará, al menos en 2021, los objetivos previstos. Gracias a los 19,9 millones de euros de financiación adicional que han llegado este año, Extremadura ha logrado aumentar un 5% el número de beneficiarios y avanza en la tramitación de las solicitudes, pero esos nuevos usuarios (1.715) se quedan muy por debajo de los 3.600 a los que se pretendía llegar y aún hay más de 8.000 expedientes en trámite. Solo en lo que va de año, 1.256 extremeños han fallecido esperando una ayuda que ya tenían reconocida y aprobada.
«Se han recuperado los recortes de 2012 y se han incrementado los presupuestos, ahora hay que evitar el sufrimiento y la desatención de las personas en situación de dependencia», destaca en su balance el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. En lo que va de año Extremadura ha incorporado 1.715 beneficiarios y se han resuelto 1.672 solicitudes, pero aún quedan pendientes de valorar 3.290. Otras 5.463 personas están en lista de espera: tienen el derecho reconocido pero aún no reciben la prestación o servicio asignado. Una cifra que pese a la financiación adicional de este año, solo baja un 3,9% respecto a diciembre de 2020.
Según datos de la asociación que preside José Manuel Ramírez, es el segundo porcentaje más bajo del país (Cantabria ha conseguido reducir su lista de espera un 67% y Aragón un 36%) y se sitúa muy lejos de la media nacional (11%), si bien hay que tener en cuenta que otras cinco autonomías (Castilla y León, Canarias, La Rioja, Murcia y Cataluña) la han aumentado. Según el colectivo, la burocracia en los procedimientos y la situación de estas cinco regiones no va a permitir llegar al objetivo marcado de reducir la lista de espera en 60.000 personas en España.
«Lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. El Gobierno y las autonomías deben acometer reformas que agilicen los trámites», insiste Ramírez. Solo en 2021, según datos de la asociación, en Extremadura han fallecido 1.256 personas a la espera de sus prestaciones, de ellas 457 pendientes de valorar y 799 con la prestación ya reconocida pero sin haber llegado a recibirla, lo que el colectivo llama «en el limbo de la dependencia».
Entre otras medidas, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales plantea ampliar la suspensión y flexibilidad de las prestaciones sin necesidad de abrir un nuevo procedimiento, avanzar en la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la puesta en marcha y ejecución de las prestaciones y también aumentar la transparencia en la información.
Financiación adicional hasta 2023
En el marco de este plan para reflotar la dependencia, uno de los primeros objetivos que se marcó la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales fue desatascar la tramitación de los más de 5.000 expedientes a la espera de valoración que había a inicio de 2021. La intención es reducir la demora en este trámite de un año y medio (691 días) a los seis meses que recoge la ley y para ello se recurrió a la empresa pública Gpex, a quien se hizo en mayo una encomienda por importe de 972.000 euros.
Según la Junta, esta elevada demora se debe a los recortes introducidos en el real decreto-ley de 2012, así como en el retraso del reconocimiento de los dependientes de grado I (los más leves) hasta el 1 de julio de 2015, que provocó «la entrada masiva de personas con derecho en el sistema» a partir de esa fecha.
Pero al margen de aligerar la tramitación con el plan de choque también se pretende actuar sobre las condiciones laborales de los trabajadores e introducir mejoras en los servicios y prestaciones. En este último punto, se plantea extender el servicio de teleasistencia a todos los usuarios de la ley como un derecho subjetivo y crear una nueva prestación económica vinculada al asistente personal, una figura que hasta la fecha no ha existido en Extremadura.
Definir los cuidados en el ámbito familiar, un programa para la cualificación de los cuidados de larga duración, la revisión de los copagos, la posibilidad de modificar los PIA «sin complejos trámites burocráticos» o implicar a los ayuntamientos en la gestión de la ley son otras de las medidas que recoge el plan de choque con horizonte al 2023. Pero de momento, todo está pendiente de una evaluación del sistema cuyas conclusiones se conocerán a principios del próximo año.
Al hilo con el incremento de financiación estatal, los presupuestos de la Junta para 2022 recogen un incremento del 14% (51,3 millones de euros) para la dependencia, que contará en total con 412 millones de euros. De ellos, 92 millones se destinarán a las prestaciones económicas de la ley (+8,1 millones), cuatro a la ayuda a domicilio y 23,7 millones (+5,4 millones) a la atención residencial y los centros de día y noche.
