Una de las miles de llamadas que el 112 Extremadura recibió el pasado mes de octubre fue para alertar de que había una persona inconsciente y que necesitaba asistencia médica. El aviso llevó a movilizar recursos tanto de un Punto de Atención Continuada (PAC) como de la Guardia Civil, y a desplazar una unidad medicalizada. Sin embargo, la información era falsa, y ha hecho que por primera vez la Junta de Extremadura inicie un expediente sancionador por una conducta de este tipo.
Desde 2019, la legislación autonómica, a través de la Ley de protección civil y de gestión de emergencias, considera como uno de los motivos de infracción muy graves «Comunicar o provocar falsos avisos de emergencia, a través de llamadas a teléfonos o aplicaciones móviles» cuando «originen la movilización de recursos de las Administraciones en materia de emergencias y protección civil». Este tipo de comportamientos son punibles con multas de entre 30.001 y 600.000 euros. «Antes no teníamos esa potestad de sanción administrativa, y aunque sí habíamos tenido más situaciones de ese tipo, la Junta no podía adoptar ninguna medida, por eso esta ley las contempla», precisa Juan Carlos González Rojo, director del Centro 112 Extremadura.
De momento no se dan más detalles de la llamada que ha motivado el inicio de este expediente, porque, explica González Rojo, el proceso está comenzando a instruirse. Sí aclara que se tiene identificado el número de teléfono desde el que llamó esta persona y que lo que falta es confirmar si fue o no el titular de la línea quien se puso en contacto con el servicio de emergencias.
«Si estamos enviando una unidad medicalizada a una llamada falsa, la intervención en un accidente real puede que se demore, y eso afecta a la vida de las personas»
En lo que va de año, con datos recabados hasta el pasado jueves, el 112 extremeño ha recibido 615.166 llamadas, de las que una de cada cinco (135.894, un 22,1%) han sido de las denominadas ‘huecas’. No obstante, detrás de todas ellas no había una intención maliciosa o de hacer movilizar recursos con falsas alarmas. En muchos casos se trata de llamadas ‘nulas’, que son desde errores a la hora de marcar a avisos que no revisten el carácter de urgencia que le atribuye el comunicante pero que no implican un uso malintencionado del recurso. «Siempre preferimos que nos llamen y luego no sea una emergencia real, a que haya una emergencia real y no nos llamen», enfatiza en este sentido el director del 112. El principal problema radica en las 13.459 llamadas (un 2,2%) calificadas como ‘improcedentes’, que son comunicaciones de falsas emergencias hechas a sabiendas o llamadas abusivas, insultantes, amenazadoras o jocosas. Las primeras pueden constituir, según la norma autonómica, infracciones muy graves, y el resto, graves, que se penalizan con entre 1.501 y 30.000 euros.
Tendencia a la baja
En 2012 las llamadas ‘huecas’ representaron dos tercios del total de las recibidas por el servicio autonómico de emergencias (648.877 de 983.004), mientras que el año pasado se consiguió bajar la proporción hasta el 20,3% (155.858 de 766.391). En el caso concreto de las ‘improcedentes’, si en 2019 fueron 22.072, un 4,2% del total de las tramitadas, en 2020 si situaron en 17.908 (un 2,8)%.
Unas reducciones que, especialmente en el caso de las llamadas ‘improcedentes’, desde el 112 se atribuye a dos factores. Por un lado, a las labores de difusión y concienciación dirigidas a la población que han contribuido a que los ciudadanos conozcan mejor el teléfono único 112 y hagan un buen uso de este servicio. Por otro, a los sistemas de identificación y localización de llamadas de que dispone el centro, y que funcionan como un elemento disuasorio de estos comportamientos.
En lo que va de año, se han registrado 13.459 llamadas improcedentes (falsas alarmas, amenazas, jocosas o insultantes)
Estas peticiones de auxilio no procedentes ocasionan un coste en términos de tiempo, de atención del personal y de uso del recurso. «Lo primero es que se ocupa una línea de emergencias indebidamente y que esto puede impedir que otra persona que sí tiene una emergencia acceda al 112. Con nuestro sistema de gestión y el número de operadores que hay, ahora no suele producirse este impacto, pero con el volumen más alto de llamadas de este tipo que había en 2012 o en 2013 sí que afectaba», puntualiza el responsable del 112 extremeño.
Y el mayor riesgo, apostilla, es que se acaben movilizando recursos que resulten necesarios en una urgencia auténtica. «Si estamos enviando una unidad medicalizada a una llamada falsa, la intervención en un accidente real puede que se demore, y eso afecta a la vida de las personas», defiende. Hasta el momento, señala, «hemos tenido la suerte» de que estas falsas alarmas no han coincidido con otras emergencias verdaderas. De ser así, «aparte de la sanción administrativa, podrían conllevar una penal», remacha.
