«Humillados» y «abandonados». Así se sienten los municipios que este verano se vieron sorprendidos por un drástico descenso del nivel de agua de sus pantanos y el consecuente deterioro del río Tajo después de que la Confederación Hidrográfica del Tajo permitiera a Iberdrola realizar «brutales» desembalses en pantanos como el Valdecañas y Alcántara para la producción eléctrica en pleno agosto. El vaciado a niveles inéditos en las presas cacereñas causó malestar en la zona, contaminación a lo largo del Tajo, problemas suministros a varios municipios y afectó también a cultivos, a la ganadería y al turismo, siendo especialmente afectado el entorno del Parque Nacional de Monfragüe.

Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), dijo que tomaría cartas en el asunto. Concretamente, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aseguró el 19 de agosto que abriría expedientes por supuesta «mala praxis» en la gestión de embalses del Tajo (y también del Duero). Añadió, incluso, que en los desembalses del pasado verano se había «superado lo que el sentido común recomienda en el uso de un recurso público tan sensible como es el agua». Sin embargo, ahora, cuatro meses después, el Miteco admite que no llegó a abrir ningún procedimiento administrativo.

Así se ha desvelado tras hacerse pública la respuesta ofrecida por la Dirección General del Agua, dependiente de la secretaría de Estado de Medio Ambiente del Miteco, a una pregunta formulada por la Agencia Efe a través del Portal de Transparencia del Gobierno sobre el resultado de esos expedientes informativos. 

En su contestación asegura que en su momento solicitó información a la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Duero sobre las circunstancias concretas de dos episodios de desembalse ocurridos en julio y agosto, «lo que no implica que se haya iniciado procedimiento alguno por parte de los organismos de cuenca». Es más, el director general del Agua, Teodoro Estrela Monreal, también argumenta en su respuesta que no ha abierto expedientes informativos como tales porque se trata de un procedimiento que no existe en el marco regulador actual sobre dominio público hidráulico. Al respecto, recuerda que esa figura a la que aludió el secretario de Estado de Medio Ambiente, la del expediente informativo, no se recoge en la actual normativa del agua.

La primeras reacciones

«Pensábamos que al ser también el ministerio de Reto Demográfico tendría más sensibilidad con las zonas rurales, pero no. Nos sentimos humillados y abandonados en el entorno rural», denuncia Marcos Pascasio, alcalde de Belvís de Monroy. «Llevábamos cuatro meses esperando que se estuviera haciendo algo, sobre todo para evitar que esto pueda volver a ocurrir; algún expediente disciplinario o sanción habría bastado. Ha sido un jarro de agua fría y viene a decir que las grandes empresas van a seguir disponiendo a su antojo». 

Su homólogo en Serradilla, Francisco Javier Sánchez, comparte su indignación. «Fuimos los primeros en empezar esta batalla porque el río a su paso por Monfragüe era una vergüenza. La secretaria de Transición Ecológica dijo que se iba a investigar y ahora sabemos que no se ha hecho nada, ni se han depurado responsabilidades ni se ha investigado el daño ambiental, ni nada, es una auténtica vergüenza». El alcalde recuerda que en el municipio resultó muy perjudicado: «además del grave daño ambiental, afectó de lleno al turismo. En agosto tenía que empezar a funcionar el barco turístico por el Tajo pero hubo que suspenderlo porque con el escaso nivel de agua emergió el puente viejo que cortaba la circulación. Y todavía sigue cortada». 

Por su parte, Francisco Castañares, el presidente de la Asociación Amigos de Monfragüe, surgida precisamente tras la «agresión» sufrida en el entorno este verano, recuerda que la apertura de esos expedientes se anunció «a bombo y platillo» tanto por el secretario de Estado de Medio Ambiente como por la ministra y también la consejera de Transición Ecológica. «Es absolutamente indignante que nos tomen el pelo. No se puede reconocer ahora que no se han abierto expedientes sin que ese reconocimiento vaya acompañado de ceses y dimisiones», asegura. Por ello, exige al ministerio que cese al presidente de la CHT o dimita el secretario de Estado de Medio Ambiente «por mentirnos a sabiendas de que mentía», añade.

Asimismo, desde este colectivo no descartan emprender actuaciones judiciales. Tiene previsto presentar un contencioso para pedir al gobierno que rescate las concesiones hidroeléctricas de aprovechamiento en las presas de Torrejón y Alcántara, pero además plantean la posibilidad de presentar una querella criminal contra Iberdrola y el ministerio por el vaciamiento del río Tajo este verano que «ha tenido como consecuencia una gravísima contaminación, digan lo que digan». Estudian también la responsabilidad de la Junta, competente en la conservación de Monfragüe. Y aunque Castañares apunta que el Tajo tiene ya un poco más de agua y se ha recuperado «algo», la contaminación sigue: «más que desaparecer lo que ha hecho es moverse».

Por su parte, ante las críticas vertidas, desde el ministerio precisaron ayer que si no se ha hecho nada es por un retraso administrativo y que están a la espera de completar los informes de CHT para hacer requerimientos pertinentes a Iberdrola, según Canal Extremadura. 

Oposición recuerda que denunció inacción de administraciones ante desembalses

Los grupos de la Asamblea en la oposición indicaron ayer que no les sorprende la no apertura de expedientes por los drásticos desembalses del pasado verano ante los que, a su juicio, la Junta y las confederaciones hidrográficas "miraron para otro lado", pero desde el PSOE han recalcado que el Ejecutivo extremeño "no tiene competencias en la materia".

Según el diputado socialista Carlos Labrador, hay "información contradictoria" que deben "aclarar" quienes tienen las competencias, así como actuar al respecto, tal y como denunció la Junta, que "no tiene competencias en la materia". En materia ambiental, precisó, sí se han abierto expedientes informativos en la región para determinar si ha habido afectación a la flora y la fauna pero en cuestiones disciplinarias les compete a los gestores de la cuenca. Labrador valoró la "sensibilidad" del gobierno ya que una vez que ocurrieron los hechos, "inmediatamente se ha procedido a hacer una modificación de la Ley de Aguas" por la que "estos desembalses en el futuro no se van a volver a producir".

El diputado del Grupo Popular Luis Alfonso Hernández Carrón aseguró que no le sorprende que se diga ahora que no se abrieron expedientes por los desembalses pues el PP ya denunció que la Junta y las confederaciones hidrográficas "han mirado para otro lado y han permitido que se vaciaran nuestros embalses, con la sequía que hay, con un otoño seco y problemas de restricciones de agua en algunos pueblos". Señaló que su formación pidió una comisión de estudio en la Asamblea, que "el PSOE votó en contra", porque "no le interesa que se hable de este tema": de que se permitió "una decisión desacertada para un parque nacional como Monfragüe".

Al portavoz de Ciudadanos, David Salazar, no le gusta la noticia pero tampoco le "sorprende", e indicó que desde la formación naranja intentarán hacer lo posible, ya sea a través del grupo en el Congreso o en el ámbito regional, para saber al final qué ocurre con estos desembalses y que no se produzcan de nuevo. Y, agregó, sobre todo "para preservar el derecho de los extremeños al agua", que "lógicamente tiene aprovechamientos energéticos que son positivos", pero esto "debe ser hecho con absoluta transparencia, rigor y siempre pensando en el bien último que son ciudadanos".

El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías recordó que la coalición ya venía denunciando que había varias administraciones que "no estaban actuando", que "han mirado para otro lado", algo que es "inaceptable" y que confirma que "parece que las grandes empresas eléctricas tienen bula para hacer lo que quieran". Así, criticó los desembalses en pleno verano "dejando atrás a la población, regadíos, ganaderos..." para "maximizar sus beneficios" y "aquí no pasa nada, ni por parte de la Junta, ni del ministerio ni las confederación hidrográficas", y espera que haya "un cambio legislativo" que impida que esta situación vuelva a repetirse. EFE