Un cartel de tela amarilla en el que se puede leer No a la mina de Uranio da la bienvenida en Zahínos, antes del típico luminoso que felicita las fiestas en la carretera de acceso al pueblo. Es Navidad y en la Sierra Suroeste extremeña los adornos comparten protagonismo aún en algunas calles con las huellas de la lucha de los tres últimos años para impedir la reapertura de la mina de uranio de Cabra Baja en la zona, tras más de medio siglo sin actividad y dos décadas sellada. Hace ya dos meses que el Tribunal Supremo dictó una providencia en la que desestimaba el recurso de la empresa Qbis Resources y tumbaba de forma definitiva el permiso de investigación que perseguía sobre el recurso radiactivo. Hay alivio en la zona, pero también cautela cuando se cumplen tres años del anuncio del DOE por el que se otorgaba el permiso de investigación de uranio denominado Ansar, nº 06D12791-00, sobre los términos municipales de Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Villanueva del Fresno y Zahínos. Era el 2 de enero del 2019.
«La gente mantiene los carteles de protesta. Pero en la plataforma estamos ya tranquilos y entendemos que, tras lo dictado por el Supremo y con la Ley de Cambio Climático, el proyecto está enterrado», sostiene José Carlos Costillo, miembro de la mesa de delegados de la plataforma Dehesa sin Uranio, que lideró el movimiento ciudadano en contra del proyecto. Movilizaron a miles de personas en distintas acciones de protesta con las que visibilizaron el rechazo que el proyecto minero originaba en los pueblos de la Sierra Suroeste, y sentaron a alcaldes de distinto signo político para la defensa conjunta del territorio.
La Junta de Energía Nuclear explotó entre 1966 y 1967 el uranio de la mina de Cabra Baja
Antes de dar los primeros pasos, eso sí, testaron el respaldo de los vecinos. La respuesta les abrumó. «Hicimos una votación y la participación fue mayor que en unas elecciones», anota. Una muestra: votaron 1.985 personas en un pueblo (Zahínos) de 2.900 habitantes. «Y 1.980 votaron en contra del proyecto de uranio», recuerda Costillo. Con ese aval ciudadano echaron a andar. Hicieron camisetas, sí; también caceroladas, marchas... pero paralelamente contactaron con abogados y peritos de minas para armar su oposición igualmente ante la administración y en los tribunales, donde terminó por dirimirse si habría o no mina de uranio. Fue que no, y ahora confían en que con la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, esa mina quede sellada ya para siempre. «A partir de la entrada en vigor de esta ley no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas», cita expresamente el artículo 10. La empresa Qbis Resources nunca se ha manifestado públicamente sobre el proyecto ni ha respondido a las preguntas de este diario; tampoco sobre si recurriría a una instancia superior tras el varapalo del Supremo el pasado mes de octubre.
«Se han abierto varios agujeros en la zona de la antigua mina. No se sabe dónde será el siguiente»
Una ley prohíbe extraer uranio
«No hay ninguna posibilidad de que pudiera prosperar un recurso porque la Ley de Cambio Climático no permite ahora mismo esos permisos», subraya por su parte Mari Ángeles López Lax, una de las abogadas que ha defendido la postura de Sierra Suroeste junto a otros letrados municipales y de la Diputación de Badajoz. Con eso, defiende que es «muy improbable» que pudiera llegar al Constitucional y menos aún que allí pudiera prosperar «porque no se ha conculcado ningún derecho». Junto a esa cuestión considera además que el interés casacional de un recurso en ese sentido sería muy difícil de demostrar cuando hay una ley que prohíbe expresamente la apertura de minas de uranio en España como se pretende en este caso.
En la dehesa que se extiende por la finca de Cabra Alta y Cabra Baja cuesta reconocer ahora lo que en los años 60 fue una mina de uranio explotada por la antigua Junta de Energía Nuclear. Fue por un corto espacio de tiempo, entre 1966 y 1967, tanto a cielo abierto como en galería, según la información de Enresa. En los 80 se realizó el estudio de sellado de la mina y las actuaciones se llevaron a cabo entre los años 1997 y 2000. Se clausuraron entonces 17 chimeneas, además del pozo maestro en las 2,7 hectáreas por las que se extendió el proyecto.
«Con la Ley de Cambio Climático en la mano, damos ya por sellada la mina de uranio»
Salvador Morales era un niño cuando la mina estuvo en activo. Ahora tiene 66 años y guarda algunos recuerdos de las bombas que sacaban el agua en la zona de la extracción y de los tres camiones que llevaban cada día el mineral, cubierto de tierra para reducir las radiaciones, hasta la estación de ferrocarril de Jerez de los Caballeros. Su padre trabajaba en finca de Cabra Baja en la que estaba la mina y cuya titularidad está ahora en manos de la sociedad que integran los más de 1.500 herederos de los comuneros que años atrás lograron la expropiación de los terrenos a la Casa de Alba. Son pocos los vecinos de Zahínos que no tienen alguna porción de las 2.558 hectáreas que tiene la finca que ya albergó una mina y que ahora estaba en el corazón de la cuadrícula por la que peleaba Qbis Resources. Por eso el pueblo lideró la protesta ciudadana a la que se sumaron el resto de localidades vecinas. Salvador Morales se enfundó las camisetas con el No a la Mina de Uranio y secundó las protestas. «No quería una mina que no nos aporta nada y que iba a sacar material que nos podía hacer enfermar. Pero son empresas que mueven mucho dinero y temíamos que se salieran con la suya», dice.
«Esto era casi una guerra para nosotros y el pueblo entero se movilizó. También hubo mucha unión con el resto de pueblos», recuerda Facundo Borrallo, uno de los integrantes de la actual directiva de la Comunidad Cabra Alta y Baja. En la puerta de acceso a la finca, situada a unos cinco kilómetros de Zahínos, continúa también colgada la pancarta en contra del proyecto de uranio y un monigote con chaleco reflectante con el emblema de la plataforma Dehesa sin Uranio. Desde ese punto, aún queda un paseo en coche hasta el viejo yacimiento. Ha llovido y el arroyo desbordado corta el paso.
«Recuerdo las bombas de agua en la antigua mina. No podía volver a abrirse para sacar algo que nos podía enfermar»
El espacio que ocupó la mina es hoy una ladera en la que se ha abierto paso de nuevo la dehesa, aunque sigue atravesada por el canal que se creó para encauzar el agua de la lluvia y que no arrastrara el material de relleno. No hay ni rastro de los lavaderos o los vestuarios que recuerdan que había a sus pies. En su lugar, hay un gran corazón de malla metálica de casi dos metros de altura que se colocó en la marcha a pie que los pueblos hicieron a la zona como protesta cuando se activó el permiso. Sí son visibles algunos bloques que taponan las chimeneas; las vallas que señalizan hundimientos del terreno que se volvieron a rellenar o los nuevos agujeros que se han abierto al ceder el terreno.
«Este era un agujero que se abrió, y que taparon hace tiempo porque se caían dentro los animales», dice señalando uno de esos vallados Francisco García, secretario de la Comunidad Cabra Alta y Baja. Ese en concreto está en lo alto de lo que fue el pozo más grande. «No sabemos en qué momento se puede volver a abrir otro, ni dónde», cuenta mientras recorre el terreno que ocupó la antigua mina.
Restauración a medias
El último hundimiento se ha producido, sin embargo, hace unas semanas en lo alto de la ladera que hay en frente de la boca principal de la mina. Está al otro lado del arroyo y tiene más de dos metros de diámetro y al menos metro y medio de profundidad.
«El problema no es solo que esas chimeneas que se han hundido supongan un peligro, porque pueda caerse alguien, sino porque se supone que por ahí se sigue emitiendo radiación», anota Ramón Díaz Farias, alcalde de Villanueva del Fresno. Si Zahínos lideró la movilización ciudadana, su ayuntamiento encabezó la respuesta municipal en contra del proyecto. Fue el primero en alertar a los alcaldes vecinos de que debían tener sobre la mesa una notificación en la que se les informaba de que había un permiso de investigación minera en tramitación en la zona para minerales de la sección D. Lo que no ponía aún, según recuerda, es que era uranio.
Por eso en su caso la carta también quedó sobre la mesa un tiempo. «Pregunté, y al ver que entre esos minerales estaba el uranio me puse en contacto con los demás ayuntamientos de la zona para frenar el proyecto», apunta y añade: «Siempre he entendido que era un tema de burocracia administrativa y que había que frenarlo ahí. Sabía que al final tenían que darnos la razón porque había muchas sombras en el proceso», apunta el alcalde. Pero reconoce que la movilización ciudadana «era inevitable cuando los más viejos de Zahínos conocieron que podía venir una industria minera a expropiarles toda la finca para extraer uranio», asume.
El espacio que ocupó la mina se restauró a finales de los 90 pero se han abierto agujeros
Tras el carpetazo del Supremo al permiso de investigación da por finalizada la lucha frente a ese proyecto. «Y con la Ley de Cambio Climático en la mano damos por sellada la mina de uranio», zanja Díaz Farias, que advierte que no comparte la postura extendida de «no a todas las minas». «La minería bien gestionada no tiene por qué ser mala. Pero no con oscurantismo, como aquí, y no de uranio en pleno proceso de desnuclearización en España», defiende.
¿Y si alguien encontrara el resquicio para reactivar el proyecto? «Tenemos la estructura muy definida, la experiencia previa y el nombre de la plataforma en la oficina de patentes por 10 años. Todos los pueblos volverían a levantarse en contra», asevera José Carlos Costillo.
