El sector de los apartamentos turísticos sigue en auge en Extremadura a pesar de las consecuencias que ha tenido la pandemia de covid-19. Tras el impacto inicial que tuvo el coronavirus en el turismo, hubo propietarios que se deshicieron del negocio, otros decidieron alquilar sus pisos a inquilinos de larga estancia en lugar de a turistas, o continúan en cese temporal de la actividad (pueden permanecer así hasta 9 meses), pero superado el primer año en pandemia el sector ha vuelto a renacer en el conjunto de la comunidad. 

En las dos provincias extremeñas se pusieron en marcha nuevas iniciativas de apartamentos turísticos a lo largo de 2021, lo que supone que el año haya cerrado con más alojamientos de este tipo de los que había antes de que llegase la pandemia de covid-19. Así, según los datos facilitados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes a este diario, en febrero del 2020, antes del coronavirus, constaban en el Registro General de Empresas y Actividad Turísticas de la Junta de Extremadura un total de 411 apartamentos turísticos (324 en la provincia de Cáceres y otros 87 en la de Badajoz). Casi dos años después, en diciembre del 2021 se registraban en la comunidad 77 alojamientos de este tipo más: un total de 488 (377 en la provincia de Cáceres y 111 en la provincia pacense). 

Del total, es la ciudad de Cáceres la que concentra una mayor oferta de este sector en concreto, ya que cuenta con el 36,4% de los 488 apartamentos turísticos que hay en Extremadura. Y es, además, la ciudad en la que más ha aumentado su número durante este tiempo de pandemia, pasando de los 158 alojamientos de este tipo que tenía en febrero de 2020 a los 178 que registraba en diciembre de 2021, 20 más.

Entre las principales ciudades extremeñas, tras Cáceres destaca Mérida, que ha pasado de tener 47 apartamentos turísticos antes de la pandemia a 57. En Plasencia existen en la actualidad 34 alojamientos de este tipo, seis más de los que había en febrero del 2020, y en Badajoz hay cinco registrados en estos momentos, cuatro más que veinte meses antes. En total, en la provincia de Cáceres se ha pasado de los 324 pisos turísticos que había antes del covid-19 a los 377 actuales, mientras en la provincia pacense, de 87 a 111 hasta el pasado diciembre. 

Turismo detecta 155 irregularidades y abre 51 procesos sancionadores en los dos últimos años

La Dirección General de Turismo ha detectado en los dos últimos años un total de 155 actuaciones irregulares en apartamentos turísticos de la región. Son casos de presunto intrusismo o ilegalidad. Según los datos facilitados por la administración regional, de esas 155 actuaciones irregulares totales, 43 fueron durante el 2020 y otras 112 durante el pasado 2021. Y entre estas constan 51 procesos sancionadores abiertos por la Junta de Extremadura: 19 en el año 2020 y 32 en el 2021. 

La Ley de Turismo, tras la modificación efectuada en 2018, contempla el ejercicio de la actividad turística sin presentar la declaración responsable como una infracción grave. «Cuando el propietario no ha sido requerido o advertido de la infracción que está cometiendo y de la obligación de presentar declaración responsable, las sanciones oscilan entre los 601 y los 6.000 euros, siendo la media impuesta de 2.400 euros», explican desde la Consejería de Turismo. Pero si el propietario del piso ilegal sí ha sido advertido por la Inspección y continúa con el ejercicio irregular de su actividad, la infracción es muy grave y la multa oscila entre 6.001 y 60.000 euros. Además, publicitar la actividad sin haber presentado la declaración responsable (que es la infracción más habitual en la región) o no hacer constar el número de inscripción en el Registro de Empresas Turísticas también están tipificadas como infracciones graves, cuya multa oscila entre 601 y 6.001 euros, aunque de media se suelen imponer 2.400 euros. 

Aún así, en la región también se han impuesto sanciones más gravosas en caso de infracción reiterada, intencionalidad, perjuicio causado a usuarios y otros comportamientos, indican desde la administración, que explica que «el control de alojamientos turísticos ilegales es una labor constante, realizada de oficio por las inspecciones provinciales o a instancia de parte».