La Consejería de Educación revisará la ratio de auxiliares educativos (ATE) por alumnos con discapacidad, actualmente fijada en un técnico por cada seis alumnos con necesidades especiales. De acuerdo a una propuesta aprobada este jueves en el pleno de la Asamblea, este número se revisará en función de criterios como el grado de autonomía de los niños, la discapacidad o las singularidades de los espacios del centro.
La propuesta parte de Ciudadanos y aunque este tipo de iniciativas no son de obligado cumplimiento para la Junta, que haya sido aprobada por el PSOE tras aceptar la formación naranja una modificación del texto inicial da cuenta de la disposición del Ejecutivo a abordar la cuestión mediante una modificación de la instrucción 14/2016 sobre la organización y funcionamiento de los ATE.
Según ha explicado la diputada de Cs Encarnación Martín, aumentar la ratio es una demanda de las familias con hijos con discapacidad, de los propios auxiliares y también los docentes. A su juicio, la normativa actual está “descontextualizada” y es insuficiente en tanto que las necesidades de estos alumnos varía en función de su grado de dependencia, lo que hace que en ocasiones sea necesario contar con más profesionales.
Por su parte, la diputada socialista Piedad Álvarez ha recordado que son los equipos competentes los que determinan la necesidad de dotar a los centros con la figura del ATE, al tiempo que ha señalado que de forma excepcional, "cuando es necesario", no se cumple con la ratio aumentando la plantilla. “Todo es mejorable”, ha reconocido
Desde el PP, Pilar Pérez ha defendido que incrementar la plantilla de ATE "permitirá a estos alumnos estar en condiciones de igualdad y equidad" con el resto de compañeros. Pérez ha expresado su apoyo a las familias con estas características que "sienten que el día a día de sus vidas y la de sus hijos es una lucha continua".
Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, ha expresado su apoyo a la propuesta y se ha referido a las "muchas quejas" que llegan de familias por las dificultades para que sus hijos con discapacidad reciban una educación en igualdad de condiciones.
