Son las grandes damnificadas de la pandemia, pero el covid-19 no ha logrado frenar la demanda para acceder a las residencias públicas de mayores en Extremadura. Casi 1.500 extremeños esperan para conseguir plaza en un centro público, una cifra que tras repuntar en 2020 a causa de los protocolos para el control del virus vuelve poco a poco a la normalidad. El interés de los usuarios se ha mantenido y prueba de ello es que a pesar de que la Junta habilitó el pasado año 420 nuevas camas y que tras la vacunación se redujeron de un 15% a un 5% las plazas que se tienen que reservar para garantizar el aislamiento de los usuarios en caso de brote, la demanda se mantiene aún por encima de la que se registró en 2018.
Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Extremadura cuenta con un total de 8.511 camas en residencias públicas, la mayor parte de ellas (4.728) conveniadas en centros municipales. Otras 2.815 pertenecen al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) y 968 son concertadas. A estas hay que sumar otras 6.500 plazas de titularidad privada que «no son motivo de control» por parte de la Junta.
En estos momentos existen 1.450 expedientes que se pueden considerar la lista de espera global para todos los centros con camas públicas. No obstante, hay que tener en cuenta que cada solicitante puede elegir entre cuatro centros y los sistemas de información no criban este indicador, de forma que contabilizan el número total de expedientes que hay en cada uno. Por otra parte, la cifra no incluye a las personas que están ya atendidas en centros de titularidad privada, ni las que reciben una prestación vinculada al servicio por la ley de dependencia.
Por encima de la recomendación de la OMS
Estos 1.450 usuarios suponen una reducción del 17% si se compara con los datos del año 2020, cuando las personas en lista de espera repuntaron hasta algo más de 1.700 por el parón de los ingresos y la rigidez de los protocolos anticovid. En 2018 eran 1.420 los extremeños en lista de espera para entrar en una residencia de mayores. «Extremadura siempre se ha caracterizado por tener una ratio de cobertura global de plazas por encima de la media nacional, predominando la atención pública a la privada», destaca el Sepad.
Según el último informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Extremadura es una de las pocas comunidades autónomas que, contando plazas públicas y privadas (15.047), supera la ratio recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de contar con cinco plazas residenciales por cada cien mayores de 65 años. De hecho, la tasa está en 6,7 y la región es además la cuarta con mayor financiación pública. Si se contabilizan solo las camas financiadas, la tasa es de 3,79 por cada cien mayores de 65 años.
Estas últimas son las más demandadas, ya que su precio es menor. De media, las camas de titularidad pública rondan los 17.500 euros anuales y la Junta las financia con 11.000. De este modo, cada usuario suele pagar unos 6.500 euros al año, aunque la cantidad varía: es el 75% de los ingresos (si no supera el salario mínimo el 65%), con un tope de 750 al mes.
